Agr¨® denuncia a la Fiscal¨ªa que los 'paranys' vulneran el decreto de caza

Acci¨® Ecologista Agr¨® denunci¨® ayer ante la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que numerosos paranys en funcionamiento incumplen el decreto de caza de 2000 de la Consejer¨ªa de Medio Ambiente, actualmente en vigor pero recurrido en los tribunales por los ecologistas y declarado no ajustado a derecho por el propio TSJ. Pese a todo, la temporada comenz¨® el pasado d¨ªa 12 al imponer el TSJ una fianza de 30.000 euros (cinco millones de pesetas) a los ecologistas como condici¨®n para hacer efectiva la sentencia que declara ilegal este m¨¦todo de caza.

Los ecologistas visitaron a lo largo de fin de semana numerosos paranys (los puestos, normalmente un enorme ¨¢rbol, en los que se colocan ramas impregnadas con un pegamento para que caigan las aves) del Camp de Lliria, en la provincia de Valencia, y, ya en Castell¨®n, en Alcora, Onda, Vila-real, La Jana, Traiguera, Canet lo Roig, San Rafael y San Jorge. Y seg¨²n la denuncia al fiscal aseguran que numerosos paranys carecen de placa identificativa de la normativa y que en un 90% de ellos se estaba utilizando un magnet¨®fono con cintas de cantos de tordos.

Asimismo, aseguran que en los casos en los que pudieron acercarse hasta los paranys comprobaron que en algunos de ellos 'la distancia entre varetas' era inferior a los 20 cent¨ªmetros que indica el decreto de caza. Por ¨²ltimo, y quiza los m¨¢s grave, comprobaron que en las trampas hab¨ªan ca¨ªdo ejemplares de aves insect¨ªvoras protegidas. Por estos motivos, Agr¨® solicita que se ordene al Servicio de Protecci¨®n a la Naturaleza (Seprona) que inspeccione los paranys para garantizar el cumplimiento del pol¨¦mico decreto.

'Masivo y no selectivo'

'Denunciamos que sistem¨¢ticamente se incumpl¨ªa el decreto 135/2000, actualmente derogado pero sin ejecuci¨®n efectiva para esta temporada', claman en la denuncia desde Agr¨®. Los ecologistas, que han visto c¨®mo el TSJ ha reconocido que el parany no se ajusta a derecho por ser un m¨¦todo de caza no permitido por la Uni¨®n Europea (los cr¨ªticos lo consideran 'masivo y no selectivo'), se han quedado contrariados al ver que, hasta que se resuelva el recurso de los cazadores a la sentencia, la prohibici¨®n no ser¨ªa efectiva para esta temporada a no ser que depositaran los 30.000 euros de fianza. Una cantidad que, afirman, es inasumible para una organizaci¨®n social sin ¨¢nimo de lucro.

La decisi¨®n del TSJ de imponer una fianza (con la opini¨®n contraria de uno de los magistrados) ha supuesto para los ecologistas un paso atr¨¢s en la defensa del medio ambiente, ya que en los ¨²ltimos a?os los tribunales hab¨ªan eximido a las organizaciones c¨ªvicas de afrontar fianzas cuantiosas, ya que defend¨ªan el inter¨¦s p¨²blico y no el particular. Para esta campa?a, a Agr¨® s¨®lo le queda el derecho a exigir el cumplimiento del decreto.