Ocultaci¨®n deliberada

El Tribunal Constitucional ha dado la raz¨®n, cinco a?os despu¨¦s, a los socialistas en relaci¨®n a su petici¨®n de comparecencia parlamentaria del entonces presidente de Telef¨®nica, Juan Villalonga, para informar de las inversiones en medios de comunicaci¨®n de esa compa?¨ªa, completamente privatizada poco antes, y en particular, sobre la eventual relaci¨®n del Gobierno con la decisi¨®n de realizar tales inversiones. El Tribunal tambi¨¦n estima el recurso del PSOE en relaci¨®n a la no comparecencia del presidente de Endesa en 1998, Rodolfo Mart¨ªn Villa, para informar de sus inversiones en la compa?¨ªa chilena Enarsis.

Todos los gobiernos tienden a utilizar de manera interesada las empresas p¨²blicas mientras est¨¢n en el poder; s¨®lo mientras gobiernan. La novedad que aport¨® el Gobierno de Aznar fue privatizarlas tras haber colocado al frente de las mismas a personas de su confianza, a fin de asegurarse la continuidad indefinida de su influencia. Para que el invento funcionase era preciso garantizarse un alto grado de opacidad. Por ejemplo, que el Parlamento no pudiera indagar en las decisiones de esas empresas, con el argumento de que eran compa?¨ªas privadas, que no ten¨ªan por qu¨¦ dar explicaciones de sus decisiones.

El Tribunal rechaza de entrada que pueda alegarse el car¨¢cter no p¨²blico de Endesa, ya que la actuaci¨®n sobre la que se ped¨ªa la comparecencia se hab¨ªa producido cuando la empresa el¨¦ctrica no hab¨ªa sido a¨²n privatizada, aunque s¨ª lo estuviera en el momento de la solicitud. Y respecto a Telef¨®nica, considera que no hab¨ªa raz¨®n para admitir las comparecencias del ministro de Fomento y del presidente de la Comisi¨®n del Mercado de Valores, y no la del presidente de la compa?¨ªa, dada la ¨ªntima vinculaci¨®n de las tres comparecencias solicitadas con el fin com¨²n de esclarecer las eventuales relaciones entre Telef¨®nica y el Gobierno con vistas a determinadas inversiones.

Detr¨¢s de este asunto hay una deliberada confusi¨®n entre la esfera privada y la p¨²blica, especialmente cuando el Gobierno influye a trav¨¦s de la posibilidad de fijar tarifas, ejercer el privilegio de la acci¨®n de oro o el poder de veto sobre ciertas decisiones. Esta confusi¨®n planea tambi¨¦n sobre el caso ahora planteado en torno a Pedro Arriola, el asesor privado de alguien tan p¨²blico como el presidente del Gobierno, a la vez que de empreses privadas de obediencia gubernamental. La sentencia del Constitucional refuerza la exigencia de que el Gobierno aclare la relaci¨®n entre las dos funciones de Arriola, incluyendo de qu¨¦ manera se le pagan los servicios que presta.