El Gobierno vasco acusa a Garz¨®n de forzarle a incumplir la ley

El Gobierno vasco considera en la querella por un presunto delito de prevaricaci¨®n, dictar una resoluci¨®n injusta a sabiendas, que ha presentado en el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garz¨®n, que el magistrado oblig¨® a su consejer¨ªa de Interior a actuar en contra de la ley por ordenarle que impidiese la manifestaci¨®n convocada el 14 de septiembre en Bilbao contra la suspensi¨®n de Batasuna.

El Ejecutivo de Vitoria centra su querella, un texto de 45 folios presentado el jueves y que su vicepresidencia difundi¨® ayer, en el auto del magistrado del 12 de septiembre que consideraba il¨ªcita la manifestaci¨®n convocada para dos d¨ªas despu¨¦s bajo el lema 'Gora Euskal Herria'. La actuaci¨®n de la Ertzaintza en dicha marcha, que detuvo por orden del magistrado, levant¨® fuertes discrepancias en el seno de las formaciones nacionalistas.

La querella sostiene que ese auto vulner¨® el derecho constitucional de reuni¨®n al 'extender arbitrariamente' las medidas planteadas por el propio magistrado en su anterior auto del 26 de agosto por el que suspendi¨® las actividades de Batasuna. Dicha extensi¨®n es ileg¨ªtima, sigue el texto, porque impide ejercer ese derecho vali¨¦ndose de la 'incertidumbre generada por las sucesivas e irregulares aclaraciones y rectificaciones' hechas por el propio juez sobre su inicial resoluci¨®n.

Con su decisi¨®n a cuenta de la marcha de Bilbao, seg¨²n los querellantes, Garz¨®n vulner¨® presuntamente no s¨®lo dos art¨ªculos de la Constituci¨®n (el 21 y el 53), sino tambi¨¦n las leyes org¨¢nicas del Derecho de Reuni¨®n y del Poder Judicial. Y para esa vulneraci¨®n del derecho de reuni¨®n us¨® como 'instrumento necesario' a la Administraci¨®n aut¨®noma.

El Ejecutivo culpa en este punto a Garz¨®n de conducirle a ser 'la herramienta eficiente para llevar a cabo una actuaci¨®n materialmente injusta', apoy¨¢ndose para ello en su posici¨®n institucional y en la obligatoriedad de las resoluciones judiciales. Los querellantes sostienen que su intenci¨®n no es s¨®lo defender sus competencias, sino evitar que 'la ocasional lesi¨®n al derecho al que pueda conducir el anormal funcionamiento de las instituciones pueda quedar sin remedio y, lo que es peor a¨²n, se asiente y tenga continuidad'.

La querella va replicando a los argumentos usados por Garz¨®n para considerar il¨ªcita la convocatoria y estimar que tras la misma se hallaba la organizaci¨®n terrorista ETA-EKIN. Si Garz¨®n cre¨ªa 'verdaderamente que ETA-EKIN estaba en la convocatoria de la manifestaci¨®n a trav¨¦s de varios responsables', se?ala el texto, lo que ten¨ªa que haber ordenado es su detenci¨®n 'y as¨ª facilitar el ejercicio del derecho de reuni¨®n'.

El Ejecutivo vasco, que repasa las caracter¨ªsticas que tipifican y definen el delito de prevaricaci¨®n, cita en su favor la 'capital' sentencia del propio Supremo que conden¨® en octubre de 1999 al entonces juez de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez de Lia?o a 15 a?os de inhabilitaci¨®n por prevaricar durante la instrucci¨®n del caso Sogecable. La querella se?ala, bas¨¢ndose en este fallo, que 'en un Estado de Derecho, las resoluciones judiciales no se legitiman por su conformidad con la convicci¨®n del juez que las dicta, sino que es necesario que (...) encuentren un fundamento racional en la ley'.

Los querellantes piden, entre otras diligencias, que se tome declaraci¨®n al propio magistrado y a los convocantes de la protesta.