La Generalitat levantará la intervención de L'Alian?a sin capitalizar la mutua
La entidad no deberá pagar su deuda con Sanidad hasta 2006
'Casi la cuadratura del círculo'. UGT y CC OO calificaron así el plan de viabilidad para L'Alian?a que les expusieron ayer los actuales gestores de la mutua que, sin embargo, apoyarán porque implica que no habrá recortes de empleo. La Generalitat, que tomó el control de L'Alian?a en marzo pasado, levantará la intervención en tres meses. El plan prevé aumentar las cuotas que pagan los socios y aplazar tres a?os el pago de las deudas.
El 14 de marzo se hizo efectiva la intervención de la principal mutua de previsión social de Catalu?a, que comportó la salida de la anterior dirección, encabezada por Ramón Carranza. La Generalitat adujo su delicada situación financiera, que descubrió tras una inspección abierta ante los indicios de que la entidad facturaba a la Seguridad Social los servicios a pacientes atendidos por ser mutualistas. La doble facturación había sido práctica corriente en la década de 1990 -cuando la Generalitat tuvo la entidad bajo lupa o intervenida de forma intermitente-, según testimonios que aparecen en los informes recabados por los inspectores.
Cuando anunció la intervención, el consejero de Economía, Francesc Homs, aseguró que la Generalitat inyectaría fondos en L'Alian?a tras la intervención. Pero, según el plan que ayer desvelaron a los sindicatos los administradores de la entidad, Enric Mangas y Miquel Argenté, la Generalitat no tiene intención de capitalizar la mutua. Economía declinó hablar sobre la cuestión hasta que Homs explique en el Parlament el plan de viabilidad.
La aportación de la Generalitat es el aplazamiento hasta el a?o 2006 del pago de la deuda de L'Alian?a con el Servicio Catalán de la Salud, que asciende a unos 30 millones de euros.
Mientras, se mantiene el concierto de prestaciones sanitarias con el Servicio Catalán de la Salud hasta un techo máximo de 39 millones de euros anuales. Pero Sanidad no abonará esta cantidad si la actividad de atención a enfermos de L'Alian?a no alcanza este valor. Fuentes de CC OO expresaron algunas dudas al respecto ya que, de los 39 millones de euros, 29,5 millones corresponden al principal hospital de la mutua, el Sagrat Cor.
Durante los tres a?os de aplazamiento de la deuda la Generalitat confía en que mejorará la situación de tesorería de la entidad gracias a medidas como una subida de las pólizas que pagan los mutualistas, que será del 2,5% por encima del IPC.
La auditoría de Pricewaterhouse Coopers dice que L'Alian?a presenta un desajuste patrimonial que supone un agujero de 27 millones de euros. El margen de solvencia es negativo en 16 millones y el fondo de maniobra, en 15, 9 millones.
Un juez declara procedente el despido de los antiguos directivos
El Juzgado de lo Social número 2 de Barcelona ha dictado dos sentencias que declaran procedentes los despidos de los antiguos directivos de L'Alian?a, Ramón Carranza, director general; Susanna Martín, presidenta; así como de Francesc Xavier Caufapé, Francesc ?vila y Miquel Díez.
Según estas sentencias, los ex altos cargos 'firmaron contratos ficticios con sociedades filiales, cuyos únicos efectos eran la fijación de indemnizaciones'. El fallo indica que 'la transgresión de la buena fe es clara', pues los ex altos cargos de la mutua 'anteponen sus intereses a los de su empleadora [L'Alian?a] mediante acuerdos ficticios' que carecen de 'validez jurídica'.
El juez se?ala también que las indemnizaciones fijadas para Carranza y Martín son nulas porque no pasaron por el Consejo de Administración de la entidad.
Este fallo anula las indemnizaciones establecidas en los contratos de los ex altos cargos. La prevista en el contrato de Carranza era de 90.151 euros. Este directivo renunció a cantidades superiores cuando accedió al cargo de 1996 y a cambio lo compensó con una significativa subida de sueldo, que pasó de los 222.374 euros, percibidos en 1997, a 306.516 euros a partir de 1998 (51 millones de pesetas). En el caso de la ex presidenta Susanna Martín, su contrato permitía una indemnización de 45 días por a?o trabajado o tres a?os de sueldo. La cantidad podría ascender a entre 500.000 y 800.000 euros.
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