Guatemala: nuevo triunfo de la impunidad

Una vez m¨¢s, la cicl¨®pea impunidad que siempre ha caracterizado -y sigue caracterizando- a los grandes criminales y represores guatemaltecos vuelve por donde sol¨ªa. Es decir, por el ignominioso camino que s¨®lo moment¨¢neamente pareci¨® abandonar.

Recordemos que el 24 de abril de 1998 el obispo Juan Gerardi presentaba oficialmente el informe Remhi (Recuperaci¨®n de la Memoria Hist¨®rica), pavoroso pero incontestable documento de 1.500 p¨¢ginas en cuatro tomos, fruto de la rigurosa investigaci¨®n desarrollada bajo su direcci¨®n por la ODHAG (Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala) sobre los cr¨ªmenes registrados en el conflicto civil que desde los a?os sesenta afligi¨® a aquel pa¨ªs. La magnitud y gravedad del genocidio cometido contra la poblaci¨®n maya, especialmente entre 1978 y 1983, las formas atroces de matar y mutilar, produciendo un m¨¢ximo de sufrimiento en las v¨ªctimas, en busca de un efecto ejemplificador igualmente m¨¢ximo, encaminado a lograr la paralizaci¨®n por el terror de aquellas comunidades para disuadirlas de toda hipot¨¦tica colaboraci¨®n con la guerrilla, quedaban cruda e inequ¨ªvocamente demostradas en el informe citado.

S¨®lo dos d¨ªas m¨¢s tarde, el obispo era asesinado dentro de la casa parroquial que habitaba en el centro de la ciudad de Guatemala. Muy pronto las evidencias se?alaron a miembros del EMP (el denominado Estado Mayor Presidencial) como autores del crimen. Bajo dicho nombre se oculta un servicio del Ej¨¦rcito, siniestramente conocido y temido, cuya misi¨®n te¨®rica consisti¨® inicialmente en dar protecci¨®n al presidente de la Rep¨²blica y su familia. Sin embargo, bajo dicha cobertura se oculta desde hace m¨¢s de tres d¨¦cadas un potente servicio secreto militar, capaz de desarrollar acciones encubiertas de informaci¨®n, seguimiento de opositores pol¨ªticos, designaci¨®n de v¨ªctimas y ejecuci¨®n directa de ¨¦stas, encubriendo tales ejecuciones, en los casos especialmente comprometidos, bajo la apariencia de casos de supuesta delincuencia com¨²n.

La potente maquinaria del encubrimiento institucional, destinada a garantizar la impunidad de los asesinos, se puso en marcha de forma inmediata, recurriendo a todas las artima?as y cortinas de humo imaginables. Primero se imput¨® el crimen a dos indigentes que pernoctaban cerca de la casa parroquial. Despu¨¦s se atribuy¨® a diferencias y venganzas personales. M¨¢s tarde se hizo circular ampliamente la infame versi¨®n del 'crimen pasional', consistente en que el asesinato fue cometido por el sacerdote Mario Orantes, colaborador del obispo, atribuyendo calumniosamente una supuesta homosexualidad a ambos protagonistas. M¨¢s tarde, y en apoyo de esta tesis, se sostuvo que el obispo hab¨ªa sido ferozmente atacado por el perro Bal¨², perteneciente a dicho sacerdote, como parte de la agresi¨®n que le caus¨® la muerte. Finalmente, los estudios periciales determinaron que dicho animal era incapaz de cualquier agresi¨®n, dada su avanzada edad y la grave enfermedad vertebral que padec¨ªa.

Derribadas, una tras otra, las sucesivas pantallas de ocultaci¨®n -robo, venganza personal, crimen pasional, ataque canino-, la presi¨®n de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos determinaron finalmente que un nuevo fiscal estudiara por primera vez la m¨¢s l¨®gica de las hip¨®tesis: la motivaci¨®n sociopol¨ªtica. Las contundentes revelaciones del informe Remhi afectaban de lleno al Ej¨¦rcito como estamento social, y la historia de las ¨²ltimas d¨¦cadas en Guatemala aportaba datos concluyentes para saber lo que ocurre cuando aquel Ej¨¦rcito se considera seriamente perjudicado por alguna importante personalidad, supuestamente merecedora de la calificaci¨®n de 'enemigo interior'. Los casos de la antrop¨®loga Myrna Mack, el candidato presidencial Jorge Carpio, el ex alcalde de Guatemala Colom Argueta, el religioso marista Mois¨¦s Cisneros, el catedr¨¢tico Apolo Carranza y el pastor evang¨¦lico Manuel Saquic, entre otros, fueron zanjados siempre mediante el asesinato de la v¨ªctima, intentando encubrir en todos ellos el m¨®vil pol¨ªtico del crimen, seg¨²n constat¨® Minugua (Misi¨®n de la ONU en Guatemala) en su informe del 17 de enero de 2000. El mismo informe constataba 'la participaci¨®n de grupos de ¨¦lite del Ej¨¦rcito en asesinatos de relevancia nacional'. En consecuencia, con estos rotundos antecedentes, la autor¨ªa militar, para el caso Gerardi, aparec¨ªa como la hip¨®tesis de m¨¢s obligada investigaci¨®n.

A partir del momento en que se asumi¨® esta correcta l¨ªnea, las pruebas sobre la participaci¨®n en el crimen de militares, miembros del EMP, emergieron con imparable evidencia. Pero, al mismo tiempo, las presiones y amenazas proliferaron contra fiscales, jueces, abogados y testigos. La renuncia fulminante y la salida precipitada del pa¨ªs se convirti¨® en una de las incidencias m¨¢s habituales del proceso. Los principales testigos tuvieron que ponerse a salvo en el extranjero. Dos ex militares, que tambi¨¦n hubieron de salir al exilio, testificaron y se?alaron al EMP -su antiguo destino- como el organismo que plane¨® y ejecut¨® el crimen.

Pese a las numerosas incidencias y entorpecimientos de todo g¨¦nero, incluidos los exilios y sucesivos relevos de jueces y fiscales, gracias a la entereza y profesionalidad de un fiscal como Leopoldo Zeissig y de unas jueces como Flor de Mar¨ªa Garc¨ªa Villatoro y Yasm¨ªn Barrios, que soportaron incesantes amenazas y hostigamientos (entre otros episodios, la v¨ªspera de la apertura del juicio oral unos desconocidos arrojaron dos granadas de mano contra la casa de la juez Barrios), pudieron ser finalmente juzgados y condenados a 30 a?os de prisi¨®n un coronel, un capit¨¢n y un sargento especialista, en calidad de autores materiales de la preparaci¨®n y ejecuci¨®n del crimen. Sin embargo, tanto el fiscal Zeissig como la juez Barrios, directamente amenazados, tambi¨¦n tuvieron que terminar saliendo del pa¨ªs. Pero aquella sentencia del tribunal de primera instancia, dictada en junio de 2001, constituy¨® la m¨¢s magn¨ªfica, incre¨ªble y esperanzadora excepci¨®n, sin precedente alguno en la justicia guatemalteca en cuanto a ruptura de la pr¨¢cticamente impenetrable impunidad militar.

Pues bien, aquel meritorio y casi heroico logro de la justicia guatemalteca, que signific¨® una inyecci¨®n de esperanza, acaba de verse pat¨¦ticamente desactivado. El correspondiente tribunal de apelaci¨®n ha anulado la sentencia del tribunal de primera instancia, ordenando la repetici¨®n del juicio bajo un pretexto formal tan subjetivo como la 'deficiente valoraci¨®n de la prueba'. Nuestro pesimismo, nunca totalmente contrarrestado por aquella esperanza, se ha visto confirmado: el hero¨ªsmo no puede prodigarse, no puede repetirse como v¨ªa ¨²nica para la impartici¨®n de justicia. En t¨¦rminos realistas, nadie puede esperar que el mismo tribunal y todos los que han de intervenir ante ¨¦l soporten las mismas presiones y amenazas, para ellos y para los suyos, que con gran esfuerzo y dificultad soportaron estos ¨²ltimos a?os. Dif¨ªcilmente se puede esperar que los mismos u otros jueces y fiscales demuestren igual fortaleza moral, y que los mismos testigos que declararon y salieron al exilio regresen de ¨¦ste para comparecer nuevamente, someti¨¦ndose al mismo trance que dif¨ªcilmente pudieron soportar una vez.

Llegamos, al fin, al punto fundamental. Si, como vemos, a¨²n hoy resulta pr¨¢cticamente imposible juzgar los cr¨ªmenes m¨¢s recientes, como el ya tan citado caso Gerardi, ?qu¨¦ posibilidad existe de juzgar all¨ª las monstruosas y masivas atrocidades que consti-tuyeron el genocidio contra la poblaci¨®n maya, concentrado principalmente en el terrible y ya lejano quinquenio de 1978 a 1983? Estamos hablando de cr¨ªmenes incomparablemente m¨¢s graves en cantidad y calidad que los perpetrados por las dictaduras de Chile y Argentina en aquellos mismos a?os. Estamos hablando de horrores como no se han conocido en ning¨²n otro lugar del continente americano, seg¨²n han registrado para la posteridad tanto el ya citado informe de 1998 de la Iglesia cat¨®lica guatemalteca, que cost¨® la vida a monse?or Gerardi, como el informe de la Comisi¨®n de Esclarecimiento Hist¨®rico de la ONU (3.800 p¨¢ginas en 12 tomos, entregados al secretario general Kofi Annan en febrero de 1999), en el que tuvimos el honor de participar.

He aqu¨ª, pues, el punto central: aquellas atrocidades indescriptibles permanecen en la impunidad m¨¢s absoluta, sin que quepa la m¨¢s m¨ªnima posibilidad de que lleguen a ser juzgadas en Guatemala. Entre otras razones, porque uno de los dos presidentes y m¨¢ximos responsables de aquellos a?os de horrores no es otro que el general Efra¨ªn R¨ªos Montt, actual presidente del Parlamento de Guatemala y dirigente del partido actualmente gobernante. Por otra parte, la naciente Corte Penal Internacional tampoco podr¨¢ jam¨¢s juzgar aquellos cr¨ªmenes, dada la irretroactividad establecida por su Estatuto de Roma (1998), que le impide ocuparse de todo caso anterior al 1 de julio de 2002.

Conclusi¨®n: s¨®lo la causa abierta ante la Audiencia Nacional espa?ola, cuya competencia jurisdiccional sobre los casos de Guatemala permanece pendiente de resoluci¨®n por el Tribunal Supremo, permitir¨ªa un leg¨ªtimo y justificado intento de hacer frente a aquella intolerable impunidad, al amparo del principio de Justicia Universal asumido por nuestra Ley Org¨¢nica del Poder Judicial y por los Convenios Internacionales contra la Tortura (1984) y contra el Genocidio (1948), ratificados ambos por Espa?a y por Guatemala. Si ya la justicia espa?ola se proclam¨® en 1998 competente para juzgar los cr¨ªmenes de las dictaduras argentina y chilena, con harta mayor evidencia y motivaci¨®n deber¨ªa hacerlo en el caso de Guatemala. As¨ª lo esperamos. Una resoluci¨®n denegatoria supondr¨ªa asumir la impunidad definitiva para uno de los genocidios m¨¢s abominables que la humanidad del siglo XX tuvo que padecer, y cuyos autores permanecen todav¨ªa en la m¨¢s ignominiosa y amenazadora libertad.

Prudencio Garc¨ªa es investigador y consultor internacional del INACS. Ex miembro del equipo de expertos internacionales de la CEH (Comisi¨®n de Esclarecimiento Hist¨®rico de la ONU sobre Guatemala).