La corrupci¨®n, otra vez

La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona condenatoria de un importante empresario inmobiliario barcelon¨¦s y de un alto funcionario de la Inspecci¨®n de Hacienda del Estado, entre otros, por un delito de cohecho (soborno) ha puesto otra vez de actualidad el asunto de la corrupci¨®n.

Otras decisiones judiciales, como la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Mario Conde y dem¨¢s financieros implicados, ponen de manifiesto la existencia una decidida voluntad por parte de los tribunales de luchar contra esta lacra de la corrupci¨®n as¨ª como la suficiencia del C¨®digo Penal para el logro de este objetivo.

Su eliminaci¨®n, sin embargo, no es tarea f¨¢cil. Es necesario aumentar la transparencia de la gesti¨®n p¨²blica; incrementar la autonom¨ªa funcional de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n as¨ª como sus medios (s¨®lo dispone de 11 fiscales), lo cual explica, entre otras razones, que su intervenci¨®n sea muy limitada. As¨ª, en el periodo 1996-2000 s¨®lo se ha ocupado de 143 casos, mientras que la justicia penal espa?ola tramit¨® en 1998 110.000 causas con sentencia condenatoria.

Espa?a no ha suscrito los convenios europeos contra la corrupci¨®n que han firmado Albania, Andorra y Moldavia

En los hechos del proceso de la Audiencia de Barcelona se recoge una circunstancia interesante para entender el funcionamiento de la corrupci¨®n: la intervenci¨®n de personas que habiendo pertenecido al sector p¨²blico se pasan a la empresa privada con mantenimiento de sus conexiones con otras que siguen en el primero. La confusi¨®n de lo p¨²blico con lo privado constituye, hoy en d¨ªa, un aut¨¦ntico c¨¢ncer social. ?ltimamente, los medios de comunicaci¨®n social se hac¨ªan eco de que en unas administraciones auton¨®micas y locales regentadas por miembros de uno de los principales partidos pol¨ªticos se hab¨ªan concedido adjudicaciones de diversa naturaleza a toda una plaga de hijos, novias, cu?adas... de personas con alta responsabilidad en aqu¨¦llas.

Explica Calamandrei, ilustre jurista italiano, que en la ¨¦poca fascista, cuando un jerarca era designado ministro de Justicia, los despachos profesionales de sus allegados, antes modestos, crec¨ªan de forma espectacular. Nada dec¨ªa de lo que pasaba cuando se produc¨ªa un cambio de guardia, seg¨²n la terminolog¨ªa de esa etapa, y el jerarca era destituido. Ser¨ªa ingenuo y tranquilizador suponer que tales hechos s¨®lo se producen en las dictaduras. No es as¨ª, desgraciadamente.

La corrupci¨®n viene de lejos y va para largo. La primac¨ªa de la econom¨ªa sobre el derecho y la moral constituye su ra¨ªz. Y es que, aunque sea doloroso reconocerlo, es rentable econ¨®mica y socialmente. El empresario barcelon¨¦s que entreg¨®, seg¨²n la citada sentencia, 60 millones de pesetas al inspector de Hacienda, lo hizo con la idea de ahorrarse el pago de unas cuotas tributarias por una cantidad m¨¢s elevada; y el inspector, para percibir una suma muy superior a sus retribuciones de varios a?os.

Por otra parte, la corrupci¨®n preocupa a un n¨²mero ¨ªnfimo de espa?oles: al 0,8%. Dicho de otro modo, existe en nuestra sociedad un alto ¨ªndice de indiferencia, desconocimiento y tolerancia sobre este problema. Aqu¨ª radica otra de las causas de la corrupci¨®n. Y no ser¨¢ porque Espa?a sea un pa¨ªs libre de corrupci¨®n: ocupa el lugar 22 en una lista de 90, detr¨¢s de Singapur y de Hong Kong, y el 10? entre los 15 Estados miembros de la Uni¨®n Europea.

No es de extra?ar si se tiene en cuenta que Espa?a es el segundo pa¨ªs de la Uni¨®n Europea, s¨®lo precedido por Italia, en importancia de la econom¨ªa sumergida: equivale al 25% del producto interior bruto y al 7,9% del empleo que, naturalmente, escapan al control de Hacienda y de la Seguridad Social.

?Qu¨¦ hacer contra la corrupci¨®n?

En primer lugar, potenciar las actuales l¨ªneas de acci¨®n.

Luego, suscribir los convenios del Consejo de Europa sobre esta materia que Espa?a, lamentablemente, todav¨ªa no ha firmado con la sola compa?¨ªa de Azerbaiy¨¢n, Armenia, Liechtenstein y San Marino... Incluso lo han hecho Moldavia, Albania y Andorra.

Despu¨¦s dignificar la funci¨®n p¨²blica y convertir su pr¨¢ctica en no rentable, por falta de racionalidad econ¨®mica.

Para terminar, establecer un sistema de ventajas fiscales para todos aquellos que cumplan con sus obligaciones tributarias y colaboren con la Hacienda P¨²blica.

interior bruto y al 7,9% del empleo que, naturalmente, escapan al control de Hacienda y de la Seguridad Social.

?Qu¨¦ hacer contra la corrupci¨®n?

En primer lugar, potenciar las actuales l¨ªneas de acci¨®n.

Luego, suscribir los convenios del Consejo de Europa sobre esta materia que Espa?a, lamentablemente, todav¨ªa no ha firmado con la sola compa?¨ªa de Azerbaiy¨¢n, Armenia, Liechtenstein y San Marino... Incluso lo han hecho Moldavia, Albania y Andorra.

Despu¨¦s dignificar la funci¨®n p¨²blica y convertir su pr¨¢ctica en no rentable, por falta de racionalidad econ¨®mica.

Para terminar, establecer un sistema de ventajas fiscales para todos aquellos que cumplan con sus obligaciones tributarias y colaboren con la Hacienda P¨²blica.

?ngel Garc¨ªa Fontanet es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.