Argentina enfrenta a EE UU y Europa
Grupos europeos supeditan un pacto con el FMI a unas mayores tarifas en los servicios p¨²blicos
Si Argentina no ha alcanzado a¨²n un acuerdo de asistencia financiera con el FMI se debe en parte a la insistencia de las empresas de servicios p¨²blicos privatizados, muchas en manos espa?olas, en la necesidad de que el gobierno apruebe un aumento de tarifas y a las peleas internas en el gobernante Partido Justicialista, entre el presidente Duhalde y el ex presidente Carlos Menem, que siembran dudas sobre la celebraci¨®n de elecciones generales el 30 de marzo.
El FMI tambi¨¦n critica la fuga de dep¨®sitos del corralito mediante recursos de amparo judiciales, los controles del tipo de cambio y la meta del super¨¢vit fiscal primario para 2003.
Washington propugna postergar a finales de 2003 el pago de la deuda contraida por Argentina con los organismos multilaterales
El subsecretario para Asuntos de Latinoam¨¦rica de EE UU,Otto Reich, dice que el pacto entre Argentina y el FMI est¨¢ cerca, pero advierte que las desavenencias entre pol¨ªticos argentinos lo dificulta. Funcionarios de EE UU han pedido a los t¨¦cnicos del FMI mayor flexibilidad en sus exigencias. Washington pretende lograr un convenio que postergue a diciembre de 2003 todos los vencimientos de deuda de Argentina con el FMI, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un total de 18.000 millones de d¨®lares. Los pa¨ªses industrializados, mayores contribuyentes de estos organismos, deber¨ªan asumir un elevado coste si Argentina, en suspensi¨®n de pagos con los acreedores privados, tambi¨¦n deja de honrar las obligaciones con ellos. La fecha clave es el s¨¢bado, d¨ªa en que vence la pr¨®rroga para que Buenos Aires abone 800 millones al BM.
Los gobiernos europeos se muestran reticentes. Est¨¢n presionados por sus empresas con intereses en los servicios p¨²blicos argentinos. Compa?¨ªas de electricidad, gas, telefon¨ªa y agua, la mayor¨ªa en manos de capitales europeos, presionan para suban las tarifas que el Gobierno desdolariz¨® y congel¨® en enero. Entre ellas est¨¢n Edesur (Endesa), Gas Natural BAN, Metrogas (participada por Repsol), Telef¨®nica y Aguas Argentinas (participada por Aguas de Barcelona). Argumentan que precisan un aumento urgente para evitar nuevas suspensiones de pagos de deudas en d¨®lares con acreedores del exterior, donde lograban mejor financiaci¨®n que en Argentina para su inversi¨®n en infraestructura. Las el¨¦ctricas, incluso, amenazan con un apag¨®n en 2003 si no consiguen fondos para modernizar las redes.
El FMI, en l¨ªnea con las empresas, pide que las tarifas suban entre el 20% y el 30%. En Gas Natural BAN matizan que ellos no han concretado la subida que pretenden, pero demandan un ajuste inmediato, previo a la negociaci¨®n de los contratos de operaci¨®n, en las que se discutir¨¢n precios, inversiones, calidad del servicio y plazos de concesi¨®n. El Gobierno s¨®lo admite una subida del 10% por ahora. Teme que un alza mayor agrave la situaci¨®n social del pa¨ªs.
Los consumidores y la defensora del pueblo de Buenos Aires, Alicia Oliveira, lograron que un juez frenara en septiembre las audiencias p¨²blicas necesarias para aprobar la correcci¨®n de las tarifas. Alegaron que s¨®lo podr¨¢n elevarse los precios cuando se terminen de negociar los contratos. Los entes reguladores de la electricidad y el gas, los dos sectores m¨¢s urgidos, han convocado nuevas audiencias p¨²blicas para este mes. El ministro de Econom¨ªa, Roberto Lavagna, sabe que s¨®lo despu¨¦s podr¨¢ ajustar las tarifas, por lo que se ha comprometido con el FMI a cumplir con sus exigencias a plazo.
Lavagna tambi¨¦n debe resolver otros frentes. Tiene que frenar la salida de dep¨®sitos del corralito -el Gobierno ha presentado un nuevo recurso ante la Corte Suprema de Justicia- y elevar la meta de super¨¢vit fiscal para 2003 del 2% del PIB al 2,5%, como pretende el FMI. Pero el ministro se niega a subir los impuestos a las empresas y pretende bajar el IVA para alentar el consumo. Por ¨²ltimo, el FMI exige que Argentina elimine cuanto antes los controles del tipo de cambio, pero el Gobierno prefiere liberarlos poco a poco para evitar nuevas depreciaciones del peso.
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