Expertos y juristas recelan de la idea de crear un fiscal jefe auton¨®mico

Las comunidades con competencias en Justicia se reunieron el 18 de octubre en Barcelona y acordaron impulsar la 'adaptaci¨®n' del Poder Judicial al Estado de las autonom¨ªas. En lo que supone poco m¨¢s que una declaraci¨®n de intenciones, se sugiri¨® crear el fiscal jefe auton¨®mico y que los parlamentos regionales nombren a los presidentes de los Tribunales Superiores. Sin embargo, este embri¨®n de iniciativa pol¨ªtica tiene el rechazo de los profesionales y en especial del fiscal jefe del TSJA, Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n.

Garc¨ªa Calder¨®n considera inaceptable que los parlamentos auton¨®micos tengan potestad para nombrar a sus fiscales jefes, tal como han reclamado al Gobierno seis comunidades, entre ellas la andaluza. A su juicio, la designaci¨®n debe recaer sobre el fiscal general de Estado una vez o¨ªda la opini¨®n del Consejo Fiscal. Garc¨ªa Calder¨®n opina que los fiscales jefes tienen ya suficientes competencias como para reformar su estatuto.

El fiscal jefe del TSJA cree que, salvo ciertas lagunas, los fiscales jefes tienen un campo competencial amplio y suficiente. No obstante, admite que algunas de estas capacidades del fiscal no se ejercen de ordinario. 'Habr¨ªa quiz¨¢ que profundizar en las competencias del fiscal, pero dentro del marco que ya existe, Nosotros, en Andaluc¨ªa, tenemos un comit¨¦ mixto con la Junta que, aunque tenga como funci¨®n tratar asuntos relativos a los medios y materiales, aborda otros aspectos'. En dicho comit¨¦ hay un representante de la Inspecci¨®n Fiscal y, por tanto, del fiscal general del Estado.

Con todo, Garc¨ªa Calder¨®n detecta algunos vac¨ªos. Por ejemplo, no existe una norma para controlar las causas penales ordinarias. 'Habr¨ªa que crear una junta de fiscales a nivel auton¨®mico que deber¨ªa presidir el fiscal jefe. Para ello no hay una regulaci¨®n concreta aunque, con car¨¢cter extraordinario, s¨ª se podr¨ªa hacer'.

Algunos juristas y acad¨¦micos consultados muestran tambi¨¦n su recelo hacia esta iniciativa, a pesar de que se trate de una simple declaraci¨®n de intenciones e incluso 'de m¨ªnimos', tal y como asegura la propia consejera de Cultura, Carmen Hermos¨ªn. El principal argumento de estos expertos y profesionales es el riesgo de romper la unicidad de la administraci¨®n de Justicia en el Estado. Sus argumentos se remiten al art¨ªculo 124 de la Constituci¨®n en el que se dice: 'El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de ¨®rganos propios conforme a los principios de unidad de actuaci¨®n y dependencia jer¨¢rquica'.

Adem¨¢s, estos juristas sostienen que el Poder Judicial no puede someterse a un proceso de descentralizaci¨®n.

Hermos¨ªn le quita hierro al asunto e insiste en que no se trata m¨¢s que de una iniciativa. La Comunidad de Madrid no suscribi¨® este punto, aunque s¨ª lo hicieron Andaluc¨ªa, Catalu?a, Canarias, Galicia, Pa¨ªs Vasco y Comunidad Valenciana. 'Por supuesto que las aspiraciones de vascos y catalanes van mucho m¨¢s all¨¢ de lo firmado, pero Andaluc¨ªa decidi¨® suscribir el texto porque supone una nueva l¨ªnea de trabajo, aunque de ning¨²n modo una prioridad'. La consejera insiste en que la principal reclamaci¨®n en el marco del Pacto de Estado es la financiaci¨®n.

Desde la Consejer¨ªa se resalta la indefinici¨®n del papel del fiscal jefe del TSJA, que ejerce ese papel en Granada y en los autos del alto tribunal andaluz. Los fiscales jefes de las audiencias provinciales dependen org¨¢nicamente del fiscal jefe del Estado y no del del TSJA. Con esta propuesta se intentar¨ªa encontrar una v¨ªa intermedia en la que los fiscales de las audiencias dependieran del auton¨®mico y ¨¦ste a su vez del estatal.

Por su parte, el presidente del TSJA, Augusto M¨¦ndez de Lugo, se mostr¨® partidario de que los parlamentos regionales fueran consultados en los nombramientos de los presidentes de los tribunales superiores, aunque no crey¨® conveniente darles potestad absoluta.

Otra cuesti¨®n planteada en Barcelona es la necesidad de redefinir estos tribunales, aunque sea a largo plazo. Se argumenta que deber¨ªan de absorber la doble instancia en materia Penal. El Tribunal de Estrasburgo ha denunciado deficiencias al respecto en Espa?a. En la actualidad, los recursos a la Audiencia van directos al Tribunal Supremo, hist¨®ricamente atascado.