"El PP y Castillejo defienden intereses comunes con un pacto il¨ªcito"
Esta semana estaba marcada en rojo en el calendario de Magdalena ?lvarez (San Fernando, C¨¢diz, 1952). Pero su defensa de los Presupuestos en el Parlamento como consejera de Econom¨ªa ha compartido protagonismo con la noticia sobre los 2,9 millones de euros que pag¨® Cajasur para contratar un seguro que garantiza de por vida a su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, una renta de unos 210.000 euros al a?o cuando deje la caja.
Pregunta. La p¨®liza a favor de Castillejo, ha vuelto a rodear de pol¨¦mica a Cajasur. El Gobierno impugn¨® ante el Constitucional en 2000 la Ley andaluza de Cajas, en defensa de la singular composici¨®n de los ?rganos de gobierno de esta entidad, dominados por la Iglesia. Ahora, el PP en la Ley Financiera ofrece a Cajasur salir de la tutela de la Junta y pasar a depender del Ministerio de Econom¨ªa.
"La ¨²ltima bala para tapar todo lo relativo a Cajasur es quitarle la competencia a la Junta""La Ley Financiera es un caballo de Troya para la privatizaci¨®n de las cajas de ahorros"
"Si est¨¢ pasando algo anormal en Cajasur es bueno que los ciudadanos lo sepan"
"Las retribuciones a los consejeros de las cajas tienen que ser claras y transparentes"
Respuesta. Las peculiaridades de la Iglesia en Cajasur s¨®lo son las que se establecen en la LORCA [Ley sobre ?rganos Rectores de las Cajas de Ahorros], de 1985. Ah¨ª se dice que se mantendr¨¢ lo establecido para los representantes que tuviera la Iglesia en los ¨®rganos de gobierno en cuanto a su designaci¨®n y la duraci¨®n de su mandato. Seg¨²n los estatutos de Cajasur vigentes entonces, la Iglesia ten¨ªa seis representantes en la Asamblea y el m¨¢ximo de mandatos de cuatro a?os al que pod¨ªa optar el se?or Castillejo [presiden-te desde 1977] eran dos, prorrogables a un tercero. Ese tratamiento espec¨ªfico es el que respetamos en la Ley andaluza de Cajas. Independientemente de la configuraci¨®n de los ¨®rganos de gobierno que, por acuerdo interno, se haya aprobado en los nuevos estatutos de Cajasur, el derecho espec¨ªfico de la Iglesia es el que se establec¨ªa en los estatutos de la caja vigentes cuando se aprob¨® la LORCA.
P. Pero en la actual Asamblea de Cajasur, la Iglesia nombra a 56 consejeros. Y Castillejo lleva 25 a?os en la presidencia.
R. A ver si me explico. Mire, tras la fusi¨®n entre la caja fundada por la Diputaci¨®n de C¨®rdoba y Cajasur [1995] e incluso antes, pudo haber acuerdos internos de reparto, de modo que en los ¨®rganos de gobierno la Iglesia tenga mayor representaci¨®n. Pero lo que nunca puede pasar es que por ley tenga derecho a esa representaci¨®n, ya que el derecho espec¨ªfico de la Iglesia ya est¨¢ incluido en la LORCA.
P. La Ley Financiera, promovida por el Gobierno, mantiene que los estatutos que reflejan la singularidad de la Iglesia son los actuales.
R. La Ley Financiera lo que hace es dar rango legal a una situaci¨®n de hecho que no de derecho, ratifica la situaci¨®n actual de Cajasur que no refleja los derechos que le reconoci¨® la LORCA.
P. ?Y no es v¨¢lido dar cobertura legal a esa situaci¨®n de hecho?
R. En la opini¨®n de la Junta, la Ley Financiera invade y anula. Invade una competencia que se transfiri¨® a las comunidades aut¨®nomas hace muchos a?os. Y anula y modifica la LORCA, porque los estatutos que reconoc¨ªan el derecho a la Iglesia, son los estatutos de antes de la entrada en vigor de la LORCA, no los de despu¨¦s.
P. Usted cree que lo dispuesto en la Ley Financiera se debe a un pacto entre el PP y Castillejo.
R. Estoy convencida.
P. ?En qu¨¦ se basa?
R. Est¨¢n defendi¨¦ndose mutuamente por intereses comunes, con un pacto il¨ªcito. Es una estrategia de ambas partes, del se?or Castillejo y del PP.
P. La Junta anuncia ahora un recurso contra la Ley Financiera en el Constitucional, cuando el Tribunal a¨²n no se ha pronunciado sobre la impugnaci¨®n del Gobierno a la Ley andaluza de Cajas.
R. Es una falta de respeto al Tribunal Constitucional que regulen por ley una cuesti¨®n que est¨¢ siendo analizada en el seno del Constitucional, pero es un punto m¨¢s de la estrategia del PP de entorpecer la aplicaci¨®n de la Ley auton¨®mica. Primero intentaron una ley distinta, despu¨¦s llamaron a las cajas al incumplimiento, a la insumisi¨®n. Dec¨ªan que las cajas no pod¨ªan adoptar sus estatutos a la ley auton¨®mica porque la Consejer¨ªa no hab¨ªa desarrollado el reglamento de la ley. Eso era mentira: la Ley Financiera obliga a una nueva adaptaci¨®n de estatutos y esa adaptaci¨®n va a hacerse sin reglamento. Ahora, para tapar todo lo relativo a Cajasur utilizan la ¨²ltima bala, el Gobierno hace la barbaridad m¨¢s grande, que es quitarle la competencia a la autonom¨ªa.
P. En cualquier caso, la Ley Financiera obliga a un nuevo proceso electoral en las cajas, apenas dos a?os despu¨¦s de su adaptaci¨®n a la ley auton¨®mica.
R. Lo primero que tenemos que hacer es adaptar la Ley de Cajas auton¨®mica a la Ley financiera. Luego, las cajas tendr¨¢n que adaptar sus estatutos, despu¨¦s tendr¨¢n que volver a abrir todos los procesos electorales y tendremos tambi¨¦n que aprobar un nuevo reglamento. Es una vuelta a empezar, un desprop¨®sito. Lo que buscan es desestabilizar a las cajas. ?Por qu¨¦?, porque buscan un camino, que es privatizarlas. La estrategia del PP en muchos casos es de tierra quemada.
P. ?Por qu¨¦ cree que la Ley Financiera abre ese camino a la privatizaci¨®n de las cajas?
R. Primero, estoy totalmente en desacuerdo con la reducci¨®n de la representaci¨®n p¨²blica hasta el 50% en los ¨®rganos de gobierno, porque en unas cajas que son p¨²blicas y de los ciudadanos, la mejor representaci¨®n es la democr¨¢tica y por lo tanto la de aquellos que los ciudadanos han elegido a trav¨¦s del voto. Los impositores son clientes de las cajas, no son los due?os de las cajas, pueden tener una representaci¨®n como clientes, pero no pueden tener una representaci¨®n como propietario de las cajas. ?se es un camino abierto para que poco a poco las cajas vayan privatiz¨¢ndose, que es la ¨²nica finalidad que tiene el PP. Y eso pone en peligro a todas las cajas, porque en todos los pa¨ªses europeos en los que se han privatizado las cajas han desaparecido. No tiene sentido que se modifique su forma de funcionamiento, tienen una eficiencia en su gesti¨®n mayor que los bancos. Reducir la representaci¨®n p¨²blica al 50% y lo de las cuotas participativas en un caballo de Troya para la privatizaci¨®n.
P. ?No cree suficientes los l¨ªmites establecidos a esas cuotas participativas?
R. Es un caballo de Troya. La Ley Financiera permite que el 50% del patrimonio de la caja est¨¦ formado por participaciones a trav¨¦s de cuotas participativas. Permite que un solo cuota-part¨ªcipe tenga el 5%, luego con diez cuota-part¨ªcipes se puede tener el 50% de la caja y l¨®gicamente ser¨¢n las personas de mayor nivel de renta, habitualmente vinculadas a la derecha. Y tambi¨¦n permite que el sindicato de cuota-part¨ªcipes tenga voz en el Consejo, de tal manera que el peso del 50% se come la caja.
P. Pero no tienen derecho de voto, no influyen en las decisiones.
R. Ese ser¨¢ el siguiente paso. Primero metes los cuota-part¨ªcipes. Despu¨¦s, cuando seas el due?o porque has pagado el 50% de una caja, ?no vas a tener derechos pol¨ªticos? Eso no se lo cree nadie.
Pregunta. Cajasur defiende que la p¨®liza a favor de su presidente, Miguel Castillejo, por la que pag¨® 2,9 millones de euros, es un complemento de pensi¨®n que compensa sus a?os de dedicaci¨®n a la caja.
Respuesta. Los servicios jur¨ªdicos han considerado que es aplicable lo dispuesto en nuestra Ley de Caja y que, por lo tanto esa p¨®liza no debi¨® haber sido suscrita por la caja a favor del presidente para que obtenga una indemnizaci¨®n cuando cese en su cargo. Ahora habr¨¢ que esperar al desarrollo del procedimiento administrativo correspondiente
P. Varios consejeros aseguran que no conocieron que se iba a realizar ese pago.
R. Eso pod¨ªa ser un incumplimiento, aunque nosotros ese aspecto a¨²n no lo hemos investigado.
P. La caja admite que la cuant¨ªa y condiciones de la p¨®liza no pasaron por los ¨®rganos de gobierno pero alega que en un Consejo se aprob¨® reconocer los "derechos pasivos" de Castillejo y que eso es suficiente. ?Cu¨¢l es su opini¨®n?
R. Lo que es suficiente es la aplicaci¨®n del procedimiento legal establecido. Exactamente eso. Si los miembros del consejo no han tenido conocimiento por la forma de proceder de la caja, est¨¢ claro que no se ha aplicado el procedimiento. El Consejo debe pronunciarse con conocimiento de causa de los hechos sobre los que decide.
P. ?Cu¨¢ndo supo la Consejer¨ªa de la existencia de la p¨®liza?
R. La Consejer¨ªa tuvo conocimiento de la p¨®liza por los medios de comunicaci¨®n. Cuando se publica que hay tal p¨®liza es cuando nosotros la solicitamos. En estas semanas hab¨ªa una inspecci¨®n en la caja, que hab¨ªa tenido conocimiento de ese contrato, pero no la Consejer¨ªa, porque la inspecci¨®n est¨¢ actuando y la Consejer¨ªa s¨®lo debe conocer sus resultados cuando acabe.
P. ?Cu¨¢l fue el motivo por el que tardaron m¨¢s de una semana en conseguir esa p¨®liza?
R. Nosotros conocemos de la p¨®liza por los medios de comunicaci¨®n y pedimos que nos confirmen esta noticia en Cajasur. La caja contesta a trav¨¦s de un medio de comunicaci¨®n que ya nos la ha remitido por correo certificado, lo que no es cierto, y a otro le comenta que como ya se la hab¨ªan dado a la inspecci¨®n, no ten¨ªan que darnosla. Eso tampoco es cierto: la inspecci¨®n trabaj¨® sobre esa p¨®liza, tom¨® datos, pero el documento no le fue entregado. Entonces, le requerimos a la caja que entregue la p¨®liza a la inspecci¨®n y se la dan el viernes pasado, a las siete de la tarde. Sobre ese documento es sobre el que est¨¢ hecho el informe de los servicios jur¨ªdicos, en el que se establece que dicha prestaci¨®n patrimonial puede entenderse vedada por el ordenamiento vigente.
P. ?Usted cree que las cajas pueden pagar p¨®lizas para completar las pensiones de sus presidentes?
R. En las empresas privadas pueden tomar las decisiones aut¨®nomas que consideren conveniente en cuanto a la retribuci¨®n de las personas que est¨¢n trabajando en ella. En las empresas que tienen un car¨¢cter social y p¨²blico y que tienen una regulaci¨®n espec¨ªfica y especial, lo primero que nos tenemos que atener es a la Ley. Luego, yo creo francamente que las retribuciones tienen que ser claras y transparentes. En cuanto a las adicionalidades que pueda hacer la caja, desde el punto de vista ¨¦tico me parece al menos reprobable que se gasten 500 millones de pesetas para garantizar una retribuci¨®n a una persona despu¨¦s de lo que haya podido ganar durante 25 a?os. Es que no veo que el trabajo de presidente de una caja sea un trabajo de entrega, es un trabajo retribuido como cualquier otro.
P. ?Qu¨¦ similitudes hay entre la p¨®liza de Castillejo y el acuerdo al que se lleg¨® en el Consejo de Administraci¨®n de Unicaja?
R. Tendr¨ªamos que comparar el acuerdo de Unicaja con el acuerdo de Cajasur y la gran diferencia es que el acuerdo de Cajasur no ha existido, o al menos es opaco porque los propios consejeros que tomaron el acuerdo no tienen conocimiento de haberlo tomado, algo que no ocurre en Unicaja. El siguiente paso ser¨ªa comparar las p¨®lizas: Unicaja no ha suscrito ninguna y Cajasur s¨ª. La de Cajasur es ilegal y Unicaja, antes de suscribirla se ha comprometido a ponerla en nuestro conocimiento y por lo tanto tendremos en ese momento opini¨®n.
P. Ahora se proponen modificar la Ley andaluza de Cajas para aclarar el r¨¦gimen de retribuciones de los consejeros.
R. Yo creo que todo lo que sea aclarar, desarrollar y establecer cautelas para que no ocurran situaciones que incluso levanten esc¨¢ndalo p¨²blico, esa desproporci¨®n en cuanto a la retribuci¨®n y sobre todo la opacidad con la que se ha hecho en Cajasur, creo que justifica que se intente hacer un esfuerzo por darle a las cajas mayor transparencia. La Ley de Cajas naci¨® fruto de mucha pol¨¦mica y de muchas tensiones y por lo tanto yo creo que es manifiestamente mejorable en muchos aspectos.
P. Esa regulaci¨®n ?incluir¨¢ criterios para fijar los sueldos de los presidentes ejecutivos?
R. Yo creo que a ese nivel no es necesario. Hay que establecer condiciones de transparencia y la regulaci¨®n se establece cuando la opini¨®n publica conoce lo que pasa.
P. ?Le preocupa que el sistema financiero andaluz, por una raz¨®n u otra, haya generado tanta pol¨¦mica en los ¨²ltimos cuatro a?os?
R. S¨ª. Si se traslada esa idea es err¨®nea, a m¨ª me gustar¨ªa que no estuviera en los medios de comunicaci¨®n. Ahora no me importa que si pasa algo en las cajas de ahorro lo sepan los ciudadanos, que es una diferencia. Insisto, me gustar¨ªa que no pasara nada, pero creo que eso es lo bueno que tiene la democracia y la libertad de expresi¨®n, al final el ciudadano tiene que saber qu¨¦ est¨¢ pasando con su dinero. Lo que quisiera que no pasara nada que fuera anormal en el sistema financiero, pero tanto lo que pasaba con Caja San Fernando y El Monte en la etapa anterior, en la que no llevaban a cabo los procesos electorales, como ahora en Cajasur, estamos hablando de ilegalidades. Ojal¨¢ no pasara nada en Cajasur pero si pasa creo que es bueno que los ciudadanos sepan lo que est¨¢ pasando.
P. Cuando el PP la se?ala como instigadora de una "cacer¨ªa pol¨ªtica" contra Cajasur, ?qu¨¦ piensa?
R. Bueno, yo creo que eso tambi¨¦n es un planteamiento de los medios de comunicaci¨®n afines al PP y del PP para descalificar una labor de gobierno. Tanto en Cajasur como en cualquier otra caja y desde el principio la Consejer¨ªa, y yo misma por supuesto, lo ¨²nico que estamos tratando es que aplique la legislaci¨®n vigente. Hay una ley y hay un reglamento y hay unos estatutos y esos tienen que ser respetado, y si el PP pierde por los votos en el Parlamento no puede intentar aplicar una norma distinta simplemente por la presi¨®n que haga a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n. Para m¨ª todas las cajas son iguales, y si una incumple cualquier norma, mi responsabilidad es que rectifiquen esa conducta y mientras yo sea consejera desde luego voy a seguir teniendo la misma actitud. En el Estado de Derecho todos nos relacionamos a trav¨¦s de normas y deben aplicarse exactamente igual sea a quien sea, sea lo poderoso que sea o tenga el dinero que tenga.
La consejera de las cajas de ahorros
Magdalena ?lvarez tiene un peso decisivo en el reparto de los fondos del Presupuesto auton¨®mico, pero hacia afuera, su peso pol¨ªtico se ha fraguado en paralelo a las convulsiones del sistema financiero andaluz. La elaboraci¨®n de la Ley andaluza de Cajas fue la primera piedra de toque. En aquel texto, irreconocible tras su paso por el Parlamento a finales de 1999, ?lvarez quiso normalizar la situaci¨®n de Cajasur, tras descubrir que los estatutos de la entidad cordobesa hab¨ªan sufrido una transmutaci¨®n que convert¨ªa la singularidad de la Iglesia en la caja en una fortaleza al servicio de su presidente, Miguel Castillejo. El Gobierno central se ofreci¨® al quite y consigui¨® ante el Constitucional la suspensi¨®n de esa disposici¨®n. La consejera de Econom¨ªa tambi¨¦n defendi¨® con ardor la apuesta de la Junta por impulsar una gran caja andaluza, un proyecto que pod¨ªa dejar sin sill¨®n a m¨¢s de uno. Isidoro Beneroso y Juan Manuel L¨®pez Benjumea, entonces presidentes de El Monte y Caja San Fernando, utilizaron la idea de la gran caja andaluza en su favor, fomentando el sentimiento localista sevillano ante un hipot¨¦tico favoritismo de ?lvarez (malague?a de adopci¨®n) porque Unicaja liderara el proceso de concentraci¨®n. Beneroso y L¨®pez Benjumea, ambos socialistas, lideraron una fusi¨®n de las dos cajas sevillanas en la que pretend¨ªan escudarse para evitar las elecciones a las que les obligaba la nueva ley. Tras meses de enfrentamiento con las cajas sevillanas, en los que ?lvarez tuvo que hacer ver a parte del PSOE la ilegalidad de la maniobra, Beneroso y L¨®pez Benjumea perdieron la presidencia de las entidades. Ahora, la Ley Financiera y la p¨®liza millonaria a favor de Castillejo abren nuevos cap¨ªtulos en esta intensa historia.
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