Un grave problema ciudadano

El intenso encarecimiento de la vivienda en Espa?a est¨¢ agravando las desigualdades sociales. La evoluci¨®n del mercado inmobiliario discrimina a los ciudadanos de menores ingresos y a quienes necesitan cambiar de vivienda o acceder por primera vez a una propia.

El precio medio de la vivienda ha aumentado desde 1998 en un 63% en t¨¦rminos reales. Mientras, los ingresos de las familias se incrementaban en media s¨®lo un 9,1%.

La tendencia alcista se ha acentuado durante los ¨²ltimos a?os a pesar de las elevadas cifras de viviendas construidas en este periodo, muy superiores a la demanda. ?ste es el resultado de la "pol¨ªtica de suelo" del Partido Popular.

Las medidas del Gobierno, "liberalizadoras", han contribuido, es cierto, al aumento de la oferta de suelo urbanizable: hay ya suficiente para construir cinco millones de viviendas. Pero no han abaratado, sino todo lo contrario, el coste del suelo y la vivienda. Las expectativas creadas de revalorizaci¨®n de las posibilidades de la actuaci¨®n p¨²blica de la Viviendas de Protecci¨®n Oficial (VPO) han generado que haya mucho suelo urbanizable, s¨ª..., pero que sea, en cambio, escaso el ya urbanizado y a coste asequible.

Se han reforzado desde el Gobierno las facultades de los propietarios de suelo hasta sus m¨¢ximos extremos, debilitando en consecuencia la potestad de la Administraci¨®n para impedir la especulaci¨®n tal como manda, expresamente, la Constituci¨®n.

Con las normas aprobadas por el Partido Popular se ha impedido a las administraciones obtener suelo para patrimonio p¨²blico con destino a promociones de viviendas protegidas y suelo urbano para dotaciones p¨²blicas, ya que se ha incrementado notablemente su coste con respecto a los valores que determinaban las leyes estatales anteriores.

La escasez de viviendas accesibles afecta, sobre todo, a los j¨®venes, retrasando su emancipaci¨®n. Y dificulta en la pr¨¢ctica el acceso a las familias de menores ingresos. Hay que tener en cuenta que el porcentaje de sus ingresos que debe destinar una familia para una vivienda ha pasado del 32,2% en 1998 al 48% en 2002.

Desde la Comisi¨®n de Urbanismo y Patrimonio Hist¨®rico-Cultural vamos a plantear una serie de medidas al Gobierno para que revise en profundidad su pol¨ªtica de vivienda y suelo, y reconsidere su actitud, ya que ni tan siquiera reconoce la gravedad del problema. Una gravedad que va a m¨¢s, a pesar de la desaceleraci¨®n econ¨®mica, y que cada d¨ªa afecta a m¨¢s ciudadanos. Porque la falta de viviendas asequibles, especialmente para los j¨®venes, y el endeudamiento atroz que supone para muchas familias espa?olas comprar una vivienda, no es ya una cuesti¨®n de sectores sociales marginales. La escasez de suelo a coste compatible con el precio legal de la VPO, entre otras circunstancias, y la reducci¨®n del gasto p¨²blico en viviendas protegidas, exigen alternativas y reformas, consensuadas e innovadoras, que no pueden tardar.

Alfredo S¨¢nchez Montesir¨ªn es alcalde de Sevilla y presidente de la Comisi¨®n de Urbanismo y Patrimonio Hist¨®rico-Cultural de la FEMP