Presupuestos: proleg¨®meno final
Estamos en los proleg¨®menos de la discusi¨®n de los Presupuestos de la Generalitat de Catalu?a para el a?o 2003. Se tratar¨ªa de la discusi¨®n y actividad parlamentaria de mayor calado de todo el a?o. Por desgracia, este asunto pasa bastante inadvertido ante la opini¨®n p¨²blica en general. En nuestra cultura democr¨¢tica priva m¨¢s la ecuaci¨®n de pol¨ªtica igual a palabrasmercadotecnia a la caza de votos, que la exigencia de compromisos en torno de la recaudaci¨®n de impuestos y la oferta real de prestaciones sociales a cambio. De hecho, el origen de los parlamentos est¨¢ en el intercambio de exacciones por privilegios o libertades sectoriales o territoriales, mientras que en las democracias m¨¢s maduras el proceso de debate presupuestario es el de mayor extensi¨®n y profundidad.
Aqu¨ª y ahora el Gobierno de la Generalitat presenta ante el Parlament un proyecto de presupuestos que supera los 18.000 millones de euros (o sea, algo m¨¢s de tres billones de pesetas). Para estudiar, y proponer, y argumentar sobre todo ello los grupos parlamentarios han dispuesto de 10 d¨ªas antes de iniciarse el debate de su totalidad. La brevedad extrema de este periodo se debe al flagrante incumplimiento, por parte del Gobierno, de la legislaci¨®n catalana, que establece la presentaci¨®n de los presupuestos antes de mediados del mes de octubre. No nos extra?emos de que cada d¨ªa vayan apareciendo novedades o descubrimientos de los observadores pol¨ªticos y econ¨®micos sobre el contenido de esos presupuestos. Ya el a?o pasado, fruto en parte de la misma premura, se descubri¨® a toro pasado que el Gobierno hab¨ªa decidido duplicar el impuesto sobre actos jur¨ªdicos documentados (que grava las compras de pisos y las hipotecas, por ejemplo) a partir de las compras de valor superior a 16 millones de pesetas.
La premura viene a agravar una pol¨ªtica de nulo di¨¢logo con los diversos interlocutores que deber¨ªan ser consultados ante una ley de tanta importancia. Hace un mes, aproximadamente, se explicaron las cuentas, sin ofrecer ninguna documentaci¨®n, a los agentes sociales (organizaciones empresariales y sindicales). En determinados casos se ha ignorado la obligaci¨®n legal de consultar previamente a los ¨®rganos de la Administraci¨®n que tienen capacidad reconocida para opinar presupuestariamente en sus materias. Y a los representantes de los grupos parlamentarios se les ha ofrecido, hace tan s¨®lo horas, una amable conversaci¨®n. Claro est¨¢ que hay una excepci¨®n: el PP, apoyo indispensable para superar las votaciones, ha sido el ¨²nico interlocutor. Para mayor inri, en paralelo con este proceso, se ha agravado la crisis de la Sindicatura de Cuentas, el ¨®rgano encargado de fiscalizar al Gobierno en asuntos presupuestarios, hasta alcanzar un bloqueo de extremos rocambolescos. Es evidente que estamos lejos de las cotas de di¨¢logo y de transparencia que se requer¨ªan ante cualquier presupuesto, pero m¨¢s a¨²n en a?os de serias dificultades econ¨®micas.
Una primera ojeada a los documentos podr¨ªa llevar a la conclusi¨®n de que nos encontramos ante unos presupuestos expansivos y de corte keynesiano. Pero a medida que uno va entrando en materia advierte que no es as¨ª. Globalmente crecen bastante menos de lo anunciado, incluso menos que en ejercicios anteriores. Y las inversiones anunciadas vuelven a situarse en el terreno de lo imperceptible. O sea, cuesta mucho precisar el volumen real de inversiones previstas al tener que analizar tantas y tan distintas formas de cumplimiento. Catalu?a arrastra un grave d¨¦ficit de capital p¨²blico que debe ser solucionado antes que nada con inversiones del Estado y de la Generalitat. As¨ª lo ha estado reclamando hasta la saciedad la pr¨¢ctica totalidad de entidades ciudadanas de peso en el mundo econ¨®mico y social. No se puede continuar con las pol¨ªticas de la pura publicidad inversora. Recordemos, por ejemplo, que el a?o pasado se publicit¨® con un optimismo desbordante un gran crecimiento inversor del Estado en Catalu?a, gracias a las enmiendas de CiU en las Cortes, y ahora, poco a poco, comprobamos que la gran mayor¨ªa de las partidas previstas se han evaporado y que las realizaciones anunciadas est¨¢n por empezar. Algo similar puede ocurrir con este presupuesto. O puede ser que el compromiso sea a tan largo plazo que se est¨¦ ya endeudando a futuros gobiernos de la Generalitat, encubriendo a la vez una pol¨ªtica de concesiones avanzadas de servicios p¨²blicos a manos privadas. El ejemplo emblem¨¢tico puede ser el de la l¨ªnea 9 del metro de la ciudad de Barcelona. La lista, por desgracia, es mucho m¨¢s larga y contiene infraestructuras b¨¢sicas para el futuro de este pa¨ªs.
Tambi¨¦n se ha anunciado un crecimiento de las pol¨ªticas sociales. Quiz¨¢ los puntos m¨¢s espectaculares son los de las prestaciones en el caso de las pensiones por viudedad y en cuestiones de vivienda. En lo que afecta a lo primero, aparte del solapamiento con lo que tambi¨¦n propone el Gobierno del PP, se trata de cantidades muy menores y muy distantes de lo que ser¨ªa m¨ªnimamente aceptable. Pero sobre todo suena a un nuevo aguinaldo, como el que ya regal¨® Jordi Pujol en el a?o 1999, meses antes de las elecciones, cuando tambi¨¦n se previ¨® complementar las pensiones m¨ªnimas, complemento que no tuvo ninguna consolidaci¨®n en ejercicios posteriores. En lo que ata?e a la vivienda, cuesti¨®n pr¨¢cticamente virgen hasta ahora en las pol¨ªticas p¨²blicas de la actual mayor¨ªa, se plantea la pr¨¢ctica desaparici¨®n del impuesto sobre donaciones, que beneficiar¨¢ principalmente a los m¨¢s pudientes. En varios momentos se descubre una ocultaci¨®n de costes fiscales en la medida que favorecen a pocos.
No se trata de utilizar el manido argumento de pol¨ªticas electoralistas, pero s¨ª se observa una agudizaci¨®n de propuestas clientelares y partidistas, que a¨²n se acent¨²an m¨¢s en el enorme desprop¨®sito de la ley de acompa?amiento. La perla m¨¢s ilustrativa la tenemos en el asunto de las cajas de ahorro. Por todo ello no s¨¦ a qui¨¦n encomendarme para pedir a la autoridad pertinente algo m¨¢s de imaginaci¨®n y responsabilidad para que este debate no sea un proleg¨®meno final.
Rafael Rib¨® es presidente del grupo de ICV en el Parlament.
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