Caj¨®n de Procusto

Utilizar la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos para colar cambios normativos de gran calado es un comportamiento tramposo, un fraude de ley que desoye las advertencias que en su d¨ªa hizo el Tribunal Constitucional. Se burla la prohibici¨®n de incluir materia legislativa en los Presupuestos mediante el expediente de la Ley de Acompa?amiento, convertida en un caj¨®n de sastre en el que cabe todo aquello que se quiera aprobar con el menor debate posible. Si adem¨¢s se hace mediante enmiendas presentadas en el ¨²ltimo momento en el Senado, donde el Gobierno tiene mayor¨ªa absoluta, se desvirt¨²a gravemente la l¨®gica parlamentaria, que atribuye al Congreso el papel principal en la tramitaci¨®n de los proyectos de ley.

En la pr¨¢ctica, el Gobierno puede incluir en una sola ley (la de Acompa?amiento) m¨²ltiples derogaciones o modificaciones de leyes, o normas nuevas, relativas a cualquier sector, sin que los diputados del Congreso hayan tenido la oportunidad de participar previamente en su estudio, debate y enmienda. S¨®lo participan en el debate a posteriori de las enmiendas aprobadas en el Senado. Se trata de algo m¨¢s que el famoso rodillo de la mayor¨ªa; es una alteraci¨®n de hecho del procedimiento establecido por la Constituci¨®n. Con este mecanismo ha creado y modificado tasas, tributos y tarifas, entre otras cosas. Y, algo que no es casual, ha elegido esta v¨ªa, tambi¨¦n, para meter por sorpresa, sin debate previo, una normativa que incide y condiciona el panorama audiovisual, adelantando parte del contenido de una posible futura ley (anunciada por Piqu¨¦) por la que se proh¨ªbe a las empresas participar simult¨¢neamente en cadenas nacionales, auton¨®micas y locales de televisi¨®n.

Al margen de las consideraciones que cabr¨ªa hacer sobre la receptividad del Gobierno a las presiones de quienes se consideran mal pagados por su apoyo pasado a Aznar, la iniciativa incide en la pasi¨®n intervencionista de un partido que se proclama liberal; el Gobierno, que participa en el campo audiovisual (mediante las cadenas p¨²blicas financiadas por publicidad y con cargo al presupuesto, y con su incidencia en algunas privadas que intent¨® financiar con el caj¨®n sin fondo de las empresas p¨²blicas privatizadas), se comporta como juez y parte: modifica unilateralmente las reglas a medida que el mercado va configurando un panorama diferente al previsto desde el poder.

Es un sarcasmo justificar ese intervencionismo partidista en nombre del principio pluralista. La Constituci¨®n exige la pluralidad en los medios p¨²blicos, que es donde menos la hay. En la pr¨¢ctica, adem¨¢s, la iniciativa tiene todo el aire de una ley ad hoc: contra dos grupos de comunicaci¨®n que han invertido en televisiones locales, mientras que en nada afecta, por ejemplo, a Berlusconi, ese campe¨®n del pluralismo en Espa?a y monopolista p¨²blico y privado en Italia que se ve as¨ª beneficiado indirectamente. Es significativo que esta nueva vuelta de tuerca coincida con la eliminaci¨®n, tambi¨¦n por la v¨ªa de la Ley de Acompa?amiento, de la cl¨¢usula que limitaba al 49% el porcentaje m¨¢ximo de participaci¨®n de un grupo en una televisi¨®n privada, otra regla de juego modificada en el transcurso del partido para adaptarla a las necesidades ventajistas del momento.

Esta prohibici¨®n pronto deber¨¢ ser rectificada. La ley audiovisual anunciada por Piqu¨¦ ser¨¢ una buena oportunidad para que el Gobierno corrija el camino emprendido. Con debate parlamentario y con la obligada consulta a operadores y consumidores: sin oscurantismos. De nada sirve, ni es realista, la t¨¦cnica de Procusto, que cortaba las piernas de los viajeros a los que asaltaba para adaptarlas al tama?o de la cama.