Las cajas tendr¨¢n que afrontar nuevas elecciones en un a?o para adaptarse a la Ley Financiera

La adaptaci¨®n de la normativa auton¨®mica a la Ley Financiera estatal llevar¨¢ a las cajas andaluzas a tener que afrontar un nuevo proceso de renovaci¨®n de sus ¨®rganos de gobierno, apenas dos a?os despu¨¦s de que las seis entidades financieras de la comunidad celebrasen elecciones para designar cargos y ajustarse as¨ª a la Ley andaluza de Cajas, que se aprob¨® en diciembre de 1999. La enmienda a la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos con la que el PSOE quiere regular esta adaptaci¨®n prev¨¦ que las cajas inicien estos procesos electorales en un a?o.

Los municipios pasan de una representaci¨®n del 35% al 22% y la Junta, del 21% al 15%

La enmienda propone endurecer el r¨¦gimen de sanciones a las cajas y a los directivos

La nueva Ley Financiera, publicada en el Bolet¨ªn Oficial del Estado el pasado s¨¢bado, implica cambios profundos en la composici¨®n de los ¨®rganos de gobierno de las cajas al limitar el peso p¨²blico en el 50%, cuando la legislaci¨®n andaluza, por ejemplo, situaba este peso hasta en un 65%. La norma estatal exige a las cajas y las comunidades aut¨®nomas un mismo plazo, seis meses, para adaptarse a los cambios. Una coincidencia que, seg¨²n el PSOE, pod¨ªa dar lugar a situaciones de confusi¨®n jur¨ªdica (las cajas tambi¨¦n tendr¨ªan que adaptarse a la ley auton¨®mica).

Esta posible confusi¨®n es una de las razones que ha llevado a los socialistas a plantear la adaptaci¨®n de la Ley andaluza de Cajas mediante una enmienda a la Ley de Acompa?amientos de los Presupuestos de 2003, que se aprueba a finales de diciembre. El PSOE aprovecha la enmienda para proponer otras modificaciones de gran profundidad en la Ley de Cajas, algunas no relacionadas con la norma estatal.

- Nueva composici¨®n. La Ley Financiera establece unos criterios para rebajar la representaci¨®n p¨²blica en los ¨®rganos de gobierno hasta el 50%, aunque tambi¨¦n deja cierto margen a las comunidades y a las entidades financieras para fijar la nueva composici¨®n. Con respecto a la situaci¨®n actual en Andaluc¨ªa, la enmienda socialista propone rebajar del 35% al 22% la representaci¨®n de los Ayuntamientos y la de la Junta del 21% al 15%. La cuota de las Administraciones se completar¨ªa con los consejeros nombrados por las entidades fundadoras (casi siempre de origen p¨²blico), que aumentar¨ªan su presencia (del 9% al 13%). Con este reparto, los empleados duplican su participaci¨®n (del 7% al 15%) y los impositores se quedan casi igual (del 28% al 27%). Adem¨¢s se incluir¨ªan en los Consejos y Asambleas por primera vez "otras organizaciones", de origen privado, que ocupar¨ªan el 8% de los cargos.

- Consejeros debutantes. Las otras organizaciones permite la entrada de los empresarios, los consumidores, representantes de la econom¨ªa social y otras instituciones que representen intereses sociales y colectivos.

- Consejos de 20 miembros. La enmienda socialista prev¨¦ que los Consejos de Administraci¨®n pasen de 17 a 20 miembros. Con la nueva composici¨®n, los Ayuntamientos designar¨ªan a cuatro miembros (dos menos que ahora), la Junta a tres (uno menos), los impositores a cinco (uno m¨¢s) los fundadores a tres (uno m¨¢s), los empleados a tres (dos m¨¢s) y las nuevas organizaciones a dos consejeros.

- Calendario de adaptaci¨®n. Como recoge la Ley Financiera, las cajas tendr¨¢n seis meses para adaptar sus estatutos. La Consejer¨ªa de Econom¨ªa tendr¨¢ entonces un tiempo para aprobarlos. A continuaci¨®n, las cajas tendr¨¢n un mes para ajustar de modo transitorio la composici¨®n de los ¨®rganos de gobierno. En los casos de los grupos que aumentan su representaci¨®n, se recurrir¨¢ a los primeros suplentes en las listas designadas en las ¨²ltimas elecciones; en los grupos que pierden peso, la rebaja se har¨¢ de modo proporcional.

- Nuevas elecciones. La enmienda socialista estipula que las cajas tendr¨¢n que abrir un nuevo proceso electoral. La renovaci¨®n total de la Asamblea y el Consejo tendr¨ªa que estar finalizada seis meses despu¨¦s de que Econom¨ªa apruebe los estatutos. Es decir, las elecciones tendr¨ªan lugar, seg¨²n este calendario a finales de 2003.

- Fusi¨®n congelada. Los socialistas estiman que la anunciada fusi¨®n de El Monte y Caja San Fernando no podr¨¢ iniciarse hasta que sus ¨®rganos de gobierno no est¨¦n totalmente renovados. Por tanto, las cajas sevillanas tendr¨ªan que esperar hasta principios de 2004 para presentar su proyecto de fusi¨®n a la Asamblea, cuando sus planes iniciales eran iniciar este proceso la primavera de 2003.

- Mandatos. El mandato de los consejeros podr¨¢ fijarse entre cuatro y seis a?os, con opci¨®n a reelecci¨®n. En cualquier caso no podr¨¢n superar los 12 a?os seguidos. La ley tambi¨¦n dispone que los actuales consejeros tendr¨¢n derecho a presentarse a un periodo m¨¢s, aunque hayan agotado su mandato.

- Sanciones m¨¢s duras. La nueva redacci¨®n detallar¨¢ con m¨¢s precisi¨®n las infracciones en que pueden incurrir las cajas y los representantes en los ¨®rganos de gobierno y endurecer¨¢ las sanciones. Como novedad, el establecimiento de pactos que contravengan la regulaci¨®n de retribuciones o indemnizaciones ser¨¢ considerado infracci¨®n muy grave. La enmienda prev¨¦ que las multas que se pongan a las cajas infractoras se multipliquen por diez (las muy graves pasan de 30.000 euros a 300.000). Las multas a los mandatarios de las cajas tambi¨¦n suben y se precisa mejor la inhabilitaci¨®n de quienes incurran en infracciones muy graves.

- C¨®digo de conducta. La enmienda desarrolla la idea de que todas las cajas deben tener un c¨®digo de conducta. Este c¨®digo debe detallar claramente, entre otras cuestiones, la pol¨ªtica de retribuciones de los directivos y los conflictos de intereses de los miembros de los ¨®rganos de gobierno.

- Cuotas participativas. En adaptaci¨®n a la Ley Financiera, la norma auton¨®mica prev¨¦ las cuotas participativas, una especie de acciones pero que no dan derecho de voto a sus titulares. El PSOE considera que ¨¦ste es el camino para privatizar las cajas, por lo que ha introducido medidas restrictivas para su emisi¨®n. As¨ª, para autorizar su emisi¨®n ser¨¢ necesario que el 80% de la Asamblea General de cada caja apoye esta medida.

- Cap¨ªtulo ¨¦tico. La Asamblea General podr¨¢ revocar el mandato de los representantes de los ¨®rganos de gobierno cuando aprecie "justa causa", es decir, cuando incumplan sus deberes o perjudiquen "con su actuaci¨®n, p¨²blica o privada, el prestigio, buen nombre o actividad" de la caja.

- Retribuciones e indemnizaciones. La nueva regulaci¨®n detallar¨¢ de forma m¨¢s precisa el art¨ªculo 50.2, que ha sido el que se ha aplicado al presidente de Cajasur, Miguel Castillejo, para declarar ilegal su p¨®liza de seguro de vida al entender que es una indemnizaci¨®n encubierta. La idea es dar m¨¢s transparencia a las percepciones del presidente, de los miembros de los ¨®rganos de gobierno y de todos los altos cargos de las cajas. Las retribuciones del presidente deber¨¢n ser "expresamente acordada" por la Asamblea General. La nueva regulaci¨®n deja claro que cualquier blindaje (ya sea de miembro de los ¨®rganos de direcci¨®n o altos ejecutivos) est¨¢ prohibido. Los acuerdos sobre indemnizaciones se declarar¨¢n nulos y se obligar¨¢ a la restituci¨®n de estas cantidades.