Corrupci¨®n institucional

El conflicto que se est¨¢ viviendo en Andaluc¨ªa en este momento en materia de cajas de ahorros, del que es protagonista Cajasur, tiene su origen en la reforma de la Ley Financiera recientemente aprobada por las Cortes Generales. Se trata, por tanto, de un conflicto "importado", que ¨²nicamente est¨¢ siendo posible por la extraordinaria deslealtad institucional del Gobierno y de la mayor¨ªa parlamentaria del PP.

La reforma de la Ley Financiera es un caso extremo de corrupci¨®n institucional. El proyecto de ley inicial ya fue criticado dur¨ªsimamente por el Consejo de Estado al emitir su dictamen preceptivo, por ser una ley "omnibus", en la que se yuxtapon¨ªan tantas reformas de tantas leyes distintas, que resultaba muy dif¨ªcil al final saber cual era el derecho vigente, comprometi¨¦ndose con ello gravemente la seguridad jur¨ªdica.

La interpretaci¨®n que se ha hecho en la Ley Financiera de los Acuerdos con la Santa Sede para posibilitar que Cajasur dependa del Ministerio de Econom¨ªa es aberrante

Pero en lo que a la inclusi¨®n en la Ley de la "reforma del r¨¦gimen jur¨ªdico de las cajas de ahorro" se refiere, la cosa ha sido todav¨ªa peor. Y lo ha sido, porque dicha reforma no figuraba siquiera en el Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno, sino que se incorpor¨® como enmienda presentada por el grupo parlamentario popular.

Este no es un problema t¨¦cnico, como puede pensarse, sino un problema pol¨ªtico de la mayor importancia, pues con esta manera de proceder, lo que el Gobierno y el grupo parlamentario popular han hecho es romper las reglas de juego exigibles en el proceso democr¨¢tico de elaboraci¨®n de la ley.

La redacci¨®n de un proyecto de ley est¨¢ sometida al control de determinadas formalidades jur¨ªdicas y en su proceso de elaboraci¨®n tiene que darse un tr¨¢mite de audiencia a las personas o instituciones que se vean afectadas por el contenido de la norma de que se trate. En el caso de las cajas de ahorro, dada la competencia de las comunidades aut¨®nomas en la materia, expresamente reconocida por el Tribunal Constitucional, se tendr¨ªan que haber consultado con ellas antes de que el Gobierno hubiera podido enviar a las Cortes para su debate y aprobaci¨®n el proyecto de ley. Al no incluir la referencia al r¨¦gimen jur¨ªdico de las cajas de ahorro en el proyecto de ley e incorporarlo despu¨¦s a trav¨¦s de la enmienda del grupo parlamentario popular, se ha privado a las comunidades aut¨®nomas de cualquier tipo de audiencia y de que, en consecuencia, pudieran hacer valer sus puntos de vista en una materia sobre la que no s¨®lo tienen competencia, sino sobre las que casi todas ellas han aprobado leyes, en muchos casos en fecha muy reciente, como ha ocurrido en Andaluc¨ªa.

La manera de proceder del Gobierno y de su grupo parlamentario ha sido de una deslealtad extrema respecto de las comunidades aut¨®nomas. Es un caso t¨ªpico de lo que vulgarmente se conoce como "pu?alada de p¨ªcaro". Y en el caso de la comunidad aut¨®noma de Andaluc¨ªa se trata, adem¨¢s, de una agresi¨®n incalificable. No hay nadie, absolutamente nadie, que haya interpretado los Acuerdos suscritos entre el Estado espa?ol y la Santa Sede el 3 de enero de 1979 en el sentido de que en alguno de ellos se contemplaban las cajas de ahorro. Insisto. Nadie. La interpretaci¨®n que se ha hecho en la Ley Financiera de tales Acuerdos para posibilitar que Cajasur dependa en aspectos esenciales del Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda en lugar de hacerlo de la Consejer¨ªa correspondiente de la Junta de Andaluc¨ªa, es sencillamente aberrante. Es una desverg¨¹enza pactada por el Gobierno de la naci¨®n con un cura que pretende enriquecerse con un seguro de vida al margen de la ley. Esto va mucho m¨¢s all¨¢ de la "escopeta nacional".

Pero lo que resulta sorprendente es el cierre de filas que se est¨¢ produciendo en torno a un sujeto como ¨¦ste. Ayer s¨¢bado, nada menos que tres peri¨®dicos andaluces inclu¨ªan entrevista con el cura Castillejo y dedicaban editoriales descalificatorios a la reacci¨®n que el Gobierno y la mayor¨ªa parlamentaria en Andaluc¨ªa est¨¢n poniendo en marcha ante el atropello que para nuestra comunidad supone la actuaci¨®n del Gobierno y, en conexi¨®n con ¨¦l, del presidente de Cajasur.

En los editoriales, si no se dec¨ªan abiertamente mentiras, s¨ª se ocultaba la verdad. Pues lo que los ciudadanos deben saber es que la Ley Financiera recientemente aprobada por las Cortes impone que las Comunidades Aut¨®nomas reformen sus leyes de cajas de ahorro en el plazo de seis meses, con la finalidad de que se adapten a la misma. Reformar la ley de cajas de ahorros de Andaluc¨ªa no es una decisi¨®n libre del Gobierno y del Parlamento de Andaluc¨ªa, sino que es una obligaci¨®n que le viene impuesta por la ley del Estado.

?Puede alguien extra?arse de que en estas circunstancias se tenga que recurrir a la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos de la comunidad? Esto no tiene nada que ver con lo que se est¨¢ haciendo con la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos Generales y con las casi doscientas enmiendas que se han incorporado a trav¨¦s del Senado. La Junta de Andaluc¨ªa, si quiere cumplir con la obligaci¨®n impuesta por la Ley Financiera y si pretende mantener su agenda pol¨ªtica, en la que, obviamente se incluye, la pol¨ªtica legislativa, no tiene m¨¢s remedio que acudir a la Ley de Acompa?amiento. Es la corrupci¨®n institucionalizada que han puesto en pr¨¢ctica el Gobierno y la mayor¨ªa parlamentaria del PP al incluir la reforma del r¨¦gimen jur¨ªdico de las cajas de ahorro de la forma en que lo han hecho, la que est¨¢ obligando a reaccionar a la Junta de Andaluc¨ªa mediante la Ley de Acompa?amiento. Esto debe saberse.