Los sindicatos consideran "ilegal" la vigilancia privada en los colegios

El Ayuntamiento de Alicante, en manos del PP, recurrir¨¢ a la seguridad privada para frenar la oleada de actos vand¨¢licos cometidos por bandas juveniles en parques, dependencias municipales y colegios p¨²blicos. Esta medida, aplaudida por unos y denostada por otros, ha reabierto el debate sobre la seguridad en Alicante. Los sindicatos policiales rechazan la soluci¨®n por "ilegal" y privatizadora, mientras los directores de colegios y varios colectivos vecinales defienden la medida aunque, matizan, siempre que sea de manera provisional.

La comisi¨®n de gobierno del Ayuntamiento de Alicante aprob¨® el pasado mi¨¦rcoles la convocatoria de un concurso para contratar el servicio de vigilancia de parques y espacios p¨²blicos, que saldr¨¢ a licitaci¨®n con un coste de 230.000 euros por un periodo de un a?o. La propuesta incluye la vigilancia de 55 colegios y de cinco parques p¨²blicos de la capital, adem¨¢s de otras dependencias. El portavoz del equipo de gobierno, Pedro Romero, justific¨® la iniciativa por las continuas solicitudes, sobre todo, de directores y padres de alumnos que reclaman la intensificaci¨®n de las medidas de seguridad en centros docentes.

Sin embargo, la asociaci¨®n de padres y madres de alumnos Enric Valor, a trav¨¦s de su portavoz Pepa S¨¢nchez, cuestiona "la urgencia" de la iniciativa. S¨¢nchez opina que la Polic¨ªa Local si contara con los medios id¨®neos es suficiente para garantizar la seguridad. "No me consta que los padres hayan pedido este tipo de control, pero de cualquier modo, si la polic¨ªa tuviese los medios esto no ocurrir¨ªa". La decisi¨®n de implantar seguridad privada en detrimento de la p¨²blica no convence a todos los colectivos.

Jos¨¦ Luis Vald¨¦s, miembro de la asociaci¨®n de vecinos del barrio Virgen del Remedio y portavoz de la Coordinadora de Vecinos, entiende que la medida esconde intereses pol¨ªticos. "El PP trata de favorecer a empresas de seguridad a costa de la seguridad p¨²blica", agreg¨®. Vald¨¦s cuestiona que el consistorio tenga dinero para pagar a una empresa de seguridad y, en cambio, no sea capaz de aumentar el n¨²mero de agentes policiales de la ciudad.

De una opini¨®n contraria es Manolo Medina, tesorero y portavoz de la asociaci¨®n de vecinos Juan XXIII, uno de los barrios m¨¢s conflictivos de la ciudad por sus altos ¨ªndices de delincuencia, prefiere que la vigilancia sea p¨²blica, pero a?ade, si la Polic¨ªa Local es incapaz de hacer frente a la situaci¨®n hay que buscar otras f¨®rmulas. "Si puede ser p¨²blica mejor, pero si no, pues vigilantes jurado".

Los colegios son el escenario de muchos actos vand¨¢licos. El portavoz de la Permanente de Directores de Primaria de Alicante, Vicente Sell¨¦s, sostiene que "lo importante es que se solucione el problema, y si la plantilla de la Polic¨ªa Local no es suficiente, los vigilantes jurado pueden ser la soluci¨®n", siempre y cuando la medida sea "provisional".

El colectivo m¨¢s perjudicado por la medida es la Polic¨ªa Local. Pedro Soriano, portavoz del Sindicato Profesional de Polic¨ªas Locales y Bomberos de la Comunidad Valenciana, recalca que delegar esta funci¨®n en una empresa privada es "ilegal", y reprocha a la Administraci¨®n que haya incumplido su promesa de aumentar la plantilla policial actual en 500 agentes m¨¢s. "Con 1.000 agentes la Polic¨ªa ser¨¢ capaz de hacer frente a la situaci¨®n", dijo.