Un paso adelante

La Comisi¨®n Mixta de los Derechos de la Mujer ha elaborado un riguroso compendio de medidas para atajar el problema prioritario de la violencia dom¨¦stica. Tras a?os de est¨¦riles enfrentamientos partidistas, el consenso ha permitido ensamblar las diferentes posiciones de partida en una propuesta de actuaci¨®n que aborda la cuesti¨®n desde sus diferentes vertientes e incluye reformas legislativas de gran calado que permitir¨¢n una respuesta m¨¢s r¨¢pida y eficaz ante los malos tratos. La reforma debe concretarse ahora en un proyecto legislativo.

La mayor¨ªa de las mujeres asesinadas hab¨ªan denunciado antes a sus agresores, y es conocido que el mayor riesgo para la v¨ªctima se produce cuando decide poner fin a la situaci¨®n de opresi¨®n. El alejamiento inmediato del agresor del domicilio compartido, la retirada del permiso de armas, la citaci¨®n del denunciado al juzgado para ser examinado por un forense, la posibilidad de medidas cautelares inmediatas, que pueden llegar incluso a la privaci¨®n de libertad, todo ello contribuir¨¢ a garantizar la seguridad de las amenazadas. El hecho de que la propia amenaza pueda ser considerada un delito supone tambi¨¦n un importante avance, pues la actual legislaci¨®n las tipifica como faltas y no permite la prevenci¨®n necesaria. M¨¢s problem¨¢tico parece tipificar como delito la apolog¨ªa de la violencia dom¨¦stica, por la dificultad de encontrarle un encaje adecuado en el ordenamieno jur¨ªdico.

Por otra parte, la creaci¨®n de un observatorio del tratamiento que la publicidad y los medios de comunicaci¨®n dispensan a los factores culturales que hacen posible la violencia de g¨¦nero puede ser un instrumento ¨²til. En cambio, no es acertada la propuesta de un c¨®digo ¨¦tico de obligado cumplimiento que regule ese tratamiento y que afectar¨ªa a dos bienes jur¨ªdicos tan importantes como la libertad de expresi¨®n y el derecho a la informaci¨®n.

Se puede plantear la conveniencia de un c¨®digo sobre cualquier fen¨®meno social relevante, pero es inadmisible su obligado cumplimiento. Una amplia doctrina jur¨ªdica avala que las normas reguladoras de contenidos no son compatibles con la libertad de expresi¨®n, lo cual no significa que no se pueda intervenir para mejorar el tratamiento informativo sobre la violencia de g¨¦nero. Los medios de comunicaci¨®n rigurosos son los primeros interesados en colaborar a ese prop¨®sito, pero el instrumento m¨¢s adecuado no son los c¨®digos obligatorios, sino la autorregulaci¨®n.