El Gobierno podr¨¢ crear bases de datos de los ciudadanos sin su consentimiento

Las administraciones vascas podr¨¢n obtener los datos personales de los ciudadanos sin recabar su consentimiento expreso, siempre que los necesiten para desarrollar alg¨²n cometido. ?ste es uno de los apartados m¨¢s controvertidos del anteproyecto de ley elaborado por Vicepresidencia para regular los ficheros de datos personales de titularidad p¨²blica y por el que se crea la Agencia de Protecci¨®n de Datos vasca. El texto no recoge de forma expl¨ªcita los derechos que asisten a los ciudadanos que se opongan al tratamiento de sus datos, seg¨²n el preceptivo dictamen del Consejo Econ¨®mico y Social (CES).

El anteproyecto dedica su art¨ªculo 5 a la recogida de datos. En este punto establece que "las administraciones s¨®lo podr¨¢n recoger datos de car¨¢cter personal para su tratamiento cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos para el ejercicio de sus competencias", no siendo en general preciso recabar el consentimiento expreso de los afectados. Despu¨¦s puntualiza que estos datos "s¨®lo podr¨¢n utilizarse para las finalidades determinadas, expl¨ªcitas y leg¨ªtimas para las que se hubieran obtenido, y sin perjuicio de su posible tratamiento posterior para fines hist¨®ricos, estad¨ªsticos o cient¨ªficos".

Es decir, la Administraci¨®n nunca precisar¨¢ del permiso expl¨ªcito de los afectados. As¨ª, siempre que necesite datos personales del ciudadano podr¨¢ obtenerlos sin consentimiento del mismo, mientras respete el fin para el que se hubieran obtenido. Este aspecto del texto ha recibido una severa cr¨ªtica por parte del Consejo Econ¨®mico y Social vasco, que esta misma semana ha emitido su dictamen sobre el texto. Para el CES, se concede a la Administraci¨®n aut¨®noma una "facultad arbitraria" y no puede justificarse este r¨¦gimen "excepcional¨ªsimo" por el hecho de que el anteproyecto limite el uso de los datos a la finalidad para la que se hayan solicitado.

Este ¨®rgano, cuyos informes sobre los proyectos del Gobierno no son vinculantes, pero s¨ª preceptivos, tambi¨¦n cuestiona el texto en otros aspectos especialmente sensibles.

Es el caso de los derechos que tienen los ciudadanos a ser informados sobre eluso que se hace de sus datos y el nombramiento del director y de los miembros del consejo consultivo de la Agencia de Datos, que correr¨¢n todos a cargo del Gobierno, con lo que queda en cuesti¨®n la independencia de este organismo. El anteproyecto centra su art¨ªculo 6 en la informaci¨®n a los ciudadanos, pero no incluye de manera expl¨ªcita los derechos que les asisten cuando quieran oponerse al tratamiento de sus datos personales por parte de las administraciones o el derecho que tienen a ser informados sobre lo que se va a hacer con sus fichas.

Seg¨²n el CES, esto hace que se "resienta de manera especial" la garant¨ªa de tutela de los derechos del afectado frente al tratamiento de datos por parte de las administraciones vascas". Adem¨¢s, el art¨ªculo 9 deja a la discreci¨®n de cada administraci¨®n el establecimiento del sistema que considere oportuno para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Para el CES, el interesado queda as¨ª a merced de la voluntad de cada administraci¨®n.

Deber de secreto

El CES considera una omisi¨®n "especialmente censurable" que el texto elaborado por Vicepresidencia no haga referencia a la obligaci¨®n legal de guardar secreto que tienen las personas encargadas de tratar los ficheros. Por ello, propone incluir un nuevo art¨ªculo con el siguiente texto: "El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de car¨¢cter personal est¨¢n obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistir¨¢n a¨²n despu¨¦s de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo".

La creaci¨®n de la Agencia Vasca de Protecci¨®n de Datos es el otro gran pilar del anteproyecto. La figura del director de este organismo es una pieza clave. Su protagonismo estar¨¢ en funci¨®n, sobre todo, del grado de independencia que consiga respecto del poder pol¨ªtico. El dictamen del CES es bastante pesimista en relaci¨®n a esta independencia.

El anteproyecto por el que se crea la Agencia atribuye directamente su nombramiento al Gobierno, sin recoger, ni siquiera formalmente, la participaci¨®n del consejo consultivo de la Agencia en la elecci¨®n ni en el nombramiento. Justo lo contrario de lo que ocurre con las dos ¨²nicas agencias auton¨®micas que funcionan en Espa?a, las de Madrid y Catalu?a, donde los gobiernos de ambas comunidades nombran al director a propuesta de los respectivos consejos asesores.

En el caso de Euskadi, el consejo consultivo de la Agencia de Protecci¨®n de Datos estar¨¢ integrado por seis personas, de las que cuatro depender¨¢n del poder pol¨ªtico y otros dos ser¨¢n expertos del ¨¢mbito de la inform¨¢tica y de los derechos fundamentales, designados por la Universidad del Pa¨ªs Vasco (UPV). De esta manera, sectores sociales y econ¨®micos no tendr¨¢n cabida en este consejo.

Para el CES, ¨¦ste es un claro s¨ªntoma de que la Agencia nace desde un principio "con el estigma de politizaci¨®n" que en nada favorece el funcionamiento de un ¨®rgano "llamado a proteger y tutelar los derechos de los interesados frente al tratamiento de sus datos personales" por parte de las diferentes administraciones.

Adem¨¢s, el anteproyecto no establece ningun plazo para poner en marcha el consejo, con lo que la Agencia podr¨ªa funcionar perfectamente sin que se haya constituido el ¨®rgano que le debe asesorar. Ello cuestiona su propia existencia y su labor de consulta.