El Gobierno reconoce que la Iglesia se qued¨® con salarios de muchos docentes de religi¨®n
Educaci¨®n pag¨® 6.623 millones de pesetas en 1998 en sueldos que ahora le reclaman los jueces
Miles de profesores de religi¨®n se sent¨ªan maltratados porque nadie les pag¨® el sueldo de cuatro meses de 1998. Pero no sab¨ªan de qui¨¦n era la culpa. Algunos se atrevieron a reclamar en los tribunales, que ya empiezan a darles la raz¨®n. Quien tiene que pagar es el Ministerio de Educaci¨®n. Pero ¨¦ste asegura por escrito, en Las Cortes, que ese mismo a?o ya entreg¨® a los obispos 6.623 millones de pesetas para satisfacer aquellos salarios. El Gobierno tambi¨¦n reconoce que algunas sentencias oblig¨¢ndole a pagar ya son firmes. Y a?ade que har¨¢ las "verificaciones oportunas".
En la Ley de Presupuestos de 1998 el Gobierno determin¨® una "transferencia a la Conferencia Episcopal Espa?ola (CEE) para hacer efectiva la ense?anza de la religi¨®n cat¨®lica en los colegios p¨²blicos, por importe de 6.623.277.000 pesetas". Por las mismas fechas en que el Ejecutivo de Aznar tomaba esta decisi¨®n, su ministro de Educaci¨®n, Mariano Rajoy, actual vicepresidente primero, pactaba con los obispos una reforma de la LOGSE (la socialista Ley Org¨¢nica de Ordenaci¨®n General del Sistema Educativo), por la que los docentes de catolicismo, que hasta entonces cobraban directamente de los obispos, pasar¨ªan a ser contratados y pagados por el Estado, aunque los prelados se reservaban la prerrogativa de seleccionarlos cada a?o.
La reforma se hizo mediante la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 31 de diciembre de 1998, a la que sigui¨® el 26 de febrero de 1999 un "convenio" de orden econ¨®mico-laboral, firmado por Rajoy, la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal, y el presidente de la CEE, el arzobispo El¨ªas Yanes, sustituido un mes m¨¢s tarde por el cardenal Antonio Mar¨ªa Rouco.
Antes de que entrara en vigor esta reforma, a partir de la cual los salarios ser¨ªan pagados directamente por Educaci¨®n, el Gobierno orden¨® transferir a una cuenta de la CEE el sueldo de unos 8.500 profesores de primaria, que deb¨ªa satisfacer cada di¨®cesis. Pero ese dinero no lleg¨® al bolsillo de todos los contratados aquel curso, al menos en los meses de septiembre a diciembre, m¨¢s la paga de Navidad.
En una respuesta por escrito enviada por el Ministerio de Educaci¨®n al Grupo de Izquierda Unida en el Congreso, el Gobierno reconoce que pag¨® "la totalidad de la subvenci¨®n nominativa consignada" en el Presupuesto de 1998 (6.623 millones de pesetas), y a?ade que "el destino de dicha subvenci¨®n se refer¨ªa a hacer efectiva la ense?anza de la religi¨®n cat¨®lica en los colegios p¨²blicos de EGB".
A?ade Educaci¨®n: "En fechas recientes se ha tenido conocimiento de algunas sentencias firmes de juzgados y tribunales de lo Social que condenan al referido ministerio al pago de ciertas cantidades correspondientes a 1998. Con el objeto de determinar las causas de las obligaciones que ponen de manifiesto dichas sentencias, se est¨¢ procediendo a llevar a cabo las actuaciones de verificaci¨®n oportunas".
El Grupo de IU, en pregunta enviada al Gobierno en octubre de 2001, ya hab¨ªa denuncido que se estaba pagando "dos veces por el mismo trabajo". Despu¨¦s de ponderar "la valent¨ªa" del profesorado que se hab¨ªa atrevido a reclamar en los tribunales, el diputado Luis Carlos Rej¨®n a?ad¨ªa: "Entendemos que [los obispos] han cometido una apropiaci¨®n indebida o enriquecimiento sin causa".
El rastro del 'caso Gescartera"
La primera noticia de que cientos, quiz¨¢s miles, de profesores de catolicismo en EGB se hab¨ªan quedado sin cobrar cuatro meses del curso 1998-1999 surgi¨® en Valladolid con motivo del caso Gescartera, el chiringuito financierro al que el arzobispado local hab¨ªa confiado los cuartos. Decenas de profesores desvelaron entonces que acudir¨ªan a los tribunales en reclamaci¨®n de sus salarios, otros muchos declinaban hacerlo por miedo a perder el empleo al curso siguiente, y tambi¨¦n muchos reconocieron, desde numerosas di¨®cesis, que ellos s¨ª hab¨ªan recibido puntualmente los correspondientes sueldos. Lo que dicen ahora las sentencias a las que ha tenido acceso EL PA?S es que, al margen de si los obispos recibieron o no el dinero que el Gobierno dice haberles ingresado, quien debe pagar los salarios atrasados es el Ministerio de Educaci¨®n, "por ser el destinatario de los servicios que presta este personal". "Sobre todo, es el obligado a remunerar a este profesorado, pues, si bien debe poner los fondos necesarios a disposici¨®n de la Conferencia Episcopal, la autoridad eclesi¨¢stica limita su intervenci¨®n a la de simple pagador por cuenta de otro o distribuidor de los fondos recibidos", dice un magistrado.
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