Complementos en disputa

Las tempestuosas relaciones entre la consejer¨ªa de Educaci¨®n y la Universidad del Pa¨ªs Vasco (UPV) a cuenta del pago por ¨¦sta ¨²ltima de los complementos de productividad a su profesorado, que ha generado un d¨¦ficit cercano a los seis millones de euros en el ejercicio 2001, se han convertido en una espiral de declaraciones y acusaciones mutuas que parece no tener fin. En esta escenificaci¨®n de desavenencias, en las que el departamento de Anjeles Iztueta ha llevado la iniciativa, consecuencias y causas se han mezclado de tal forma que han tapado la evoluci¨®n y la realidad de una iniciativa -los incentivos al cuerpo docente- que naci¨® marcado por el consenso y que ha acabado por desarrollarse en medio de una agria disputa sobre su financiaci¨®n.

El origen de los complementos retributivos por m¨¦ritos individuales del profesorado se halla en conversaciones y propuestas cruzadas entre los dos actores ahora enfrentados, UPV y Gobierno, en 1995. Ya desde el comienzo, lo que buscaban ambas instituciones era fomentar la productividad y la calidad del cuerpo docente a trav¨¦s de un sistema de incentivos de car¨¢cter individualizado y con un proceso de concesi¨®n riguroso.

A lo largo de 1997 y 1998, la Junta de Gobierno de la UPV -el ¨®rgano que ahora se llama Consejo de Gobierno- estableci¨® un reglamento y un modelo de solicitud de estos complementos. En febrero de 1999, el Consejo Social de la universidad, ¨®rgano con competencias en materias econ¨®micas y de desarrollo universitario en el que est¨¢n representados los distintos sectores de la sociedad, sancion¨® los criterios para su adjudicaci¨®n.

1.728 peticionarios

De acuerdo con la normativa aprobada, una comisi¨®n formada por representantes de los distintos campos de conocimiento, del Consejo Social, de la Junta de Personal Docente e Investigador y del Rectorado, evalu¨® a lo largo de ese a?o una a una las peticiones de 1.728 profesores. Todos ellos funcionarios -los asociados no estaban incluidos- optaban a unas ayudas divididas en siete tramos, cada uno de ellos de 1.500 euros brutos anuales, que se conced¨ªan o no en funci¨®n de la val¨ªa demostrada en la docencia, la gesti¨®n y la investigaci¨®n. La media de tramos obtenidos por las solicitudes aceptadas -en esa primera convocatoria, un 70%- fue de tres, lo que supon¨ªa una mejora salarial de 4.500 euros anuales brutos.

Para sufragar este sistema de retribuciones, in¨¦dito en Espa?a por su evaluaci¨®n individualizada y no lineal, el Vicerrectorado de Asuntos Econ¨®micos hizo en 1998 una primera estimaci¨®n de coste que superaba los seis millones de euros. En abril de 1999, el Gobierno de PNV y EA hizo una reserva presupuestaria de tres millones de euros para pagar estas ayudas, cantidad que se calcul¨® para el pago del ¨²ltimo cuatrimestre de ese a?o.

Esta cantidad ha sido la que, a causa de la pr¨®rroga de los presupuestos a la que se vi¨® obligado el Ejecutivo desde entonces, se ha mantenido invariable en los siguientes ejercicios, lo que ha abierto el d¨¦ficit econ¨®mico de 12 millones de euros -seis millones correspondientes al ejercicio de 2001 y otros seis millones al presente-, que ha enturbiado las relaciones entre la consejer¨ªa y el equipo rectoral encabezado por Manuel Montero.

Ante las acusaciones de "mala gesti¨®n" y "toma de decisiones unilaterales" que ha vertido Iztueta, el Rectorado ha argumentado que nunca ha ocultado la elaboraci¨®n y desarrollo del sistema de complementos y que ha mantenido siempre contactos con el Ejecutivo para tratar de buscar la financiaci¨®n adecuada a estas ayudas sobre las que el Gobierno vasco nunca se ha pronunciado en contra.

De hecho, fuentes del equipo rectoral subrayan que la UPV ha enviado a la consejer¨ªa tres borradores para un convenio de financiaci¨®n, f¨®rmula elegida para entregar el dinero por el Gobierno, que rechaz¨®, como quer¨ªa en un principio la universidad, incluir esa partida en el cap¨ªtulo ordinario de gastos de personal. El primero de los borradores fue presentado antes de la entrada en vigor de la LOU en 2001; el segundo, en el que se recog¨ªan las modificaciones motivadas por la nueva normativa, entre ellas, la ampliaci¨®n de estas ayudas a los profesores no funcionarios, en marzo, y el tercero, el pasado 12 de noviembre. En este ¨²ltimo se inclu¨ªa el principio de reversibilidad, esto es, poder quitar tramos a aquellos profesores que no cumplan los requisitos por los que se les concedieron los incentivos.

El Gobierno vasco no niega la entrega de estos borradores y sigue apoyando la existencia de estos complementos, pero recalca sus cr¨ªticas al pago de estas ayudas con un dinero que la UPV, seg¨²n fuentes del departamento, no ten¨ªa.