Una ley insuficiente

El acuerdo entre el Gobierno de la naci¨®n y la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la reforma de financiaci¨®n de las haciendas locales no debe confundirse en forma alguna con la aprobaci¨®n de los gobiernos municipales de una ley que determina una financiaci¨®n de los municipios insuficiente, en algunos casos indeterminada, y que ha sido objeto de una negociaci¨®n m¨ªnima, realizada a u?a de caballo, cuando el proyecto de ley se hallaba en una fase avanzada de su tramitaci¨®n parlamentaria. De hecho, la negociaci¨®n ha conseguido, b¨¢sicamente, que los ayuntamientos sean compensados por la exenci¨®n del impuesto de actividades econ¨®micas (IAE) a una gran parte de sus actuales contribuyentes. En definitiva, parece que todo se cambia para que lo esencial, los ingresos de las haciendas municipales, siga igual. Pero no es as¨ª.

?De d¨®nde saldr¨¢ el dinero para este milagro? Sin duda, de una mayor presi¨®n fiscal

En efecto, la exenci¨®n del IAE al 92% de sus actuales contribuyentes cambia muchas cosas. En primer lugar, supone que un gran n¨²mero de empresas y los profesionales aut¨®nomos van a dejar de contribuir en su municipio, lo que supone una extra?a forma de participar en el sostenimiento de la ciudad en la que realizan su actividad. En segundo lugar, a pesar de que se habla de supresi¨®n del IAE, las empresas con una facturaci¨®n anual superior al mill¨®n de euros no s¨®lo seguir¨¢n sujetas a este gravamen, sino que ver¨¢n aumentada su contribuci¨®n en entre el 30% y el 35% m¨¢s. En tercer lugar, el importe del impuesto que se ahorran los empresarios exentos se convierte en beneficio adicional, sujeto al impuesto de sociedades (35%), mientras que en la situaci¨®n anterior era un gasto que deducir, y los profesionales, sujetos al sistema de m¨®dulos, m¨¢s que duplicado en el transcurso de los ¨²ltimos a?os, ver¨¢n multiplicar por dos la cifra que antes pagaban por IAE. Y en cuarto lugar, la finta realizada por el Gobierno, si bien no supone en principio un decremento en los ingresos municipales, s¨ª comporta un incremento en los de la hacienda del Estado.

Aparentemente, los exentos de pagar IAE salen beneficiados, aunque algo menos de lo que suponen; la hacienda del Estado resulta igualmente beneficiada, y los ayuntamientos no salen perjudicados. La pregunta es: ?de d¨®nde va a salir el dinero para hacer posible semejante milagro fiscal? Sin duda de una mayor presi¨®n fiscal v¨ªa impuestos indirectos. Cuando menos ¨¦ste ha sido el proceder del Gobierno en todas las ocasiones en las que ha precisado ingresos adicionales para compensar las p¨¦rdidas por las rebajas aprobadas en impuestos directos. O lo que es lo mismo: los beneficios de unos pocos ser¨¢n pagados por todos los ciudadanos.

La nueva ley modifica tambi¨¦n el sistema de participaci¨®n de los ayuntamientos en los tributos del Estado, el segundo pilar sobre el que se asientan los ingresos municipales. Hasta ahora, los municipios percib¨ªan una cantidad de la bolsa com¨²n de los ingresos del Estado. A partir del 1 de enero pr¨®ximo, la cantidad a percibir saldr¨¢ de una cesta en la que se mezclan participaciones, en porcentajes diferentes, de los ingresos por IRPF, IVA e impuestos especiales recaudados en cada municipio.

Con el nuevo sistema existen dos cuestiones relevantes. La primera es que, a diferencia de la situaci¨®n anterior, ahora los ingresos municipales por este concepto depender¨¢n del ciclo econ¨®mico. La segunda, que tambi¨¦n depender¨¢n de la pol¨ªtica fiscal del Gobierno de turno, lo que podr¨¢ deparar sorpresas como las sufridas por las comunidades aut¨®nomas receptoras de un porcentaje de participaci¨®n en los ingresos estatales por IRPF. En ambos casos, el nuevo sistema supone a?adir m¨¢s incertidumbre a los ingresos municipales, aunque hay que esperar que sea positivo en las ciudades m¨¢s din¨¢micas.

El tercer pilar de los ingresos municipales es el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). La nueva normativa propone que los ayuntamientos puedan aprobar bonificaciones de la tarifa a contribuyentes que se encuentren en determinadas situaciones sociales, familiares y personales. Esto va a generar, sin duda, un alud de peticiones a las que los ayuntamientos dif¨ªcilmente van a poder negarse. En consecuencia, una nueva disminuci¨®n de los ingresos municipales y un nuevo traspaso de responsabilidades de otras administraciones p¨²blicas a la municipal. Debe recordarse, una vez m¨¢s, que la redistribuci¨®n de la renta no corresponde a los ayuntamientos, sino principalmente a la administraci¨®n del Estado. Por otra parte, es de agradecer la sinceridad con la que el Gobierno elude la antigua cl¨¢usula, nunca aplicada, de compensar a los municipios por los ingresos perdidos a causa de las bonificaciones que otras leyes establecen.

En definitiva, la reforma de la financiaci¨®n de los municipios no solventa la cuesti¨®n b¨¢sica: la suficiencia. Tampoco considera cuestiones fundamentales como los gastos adicionales de capitalidad de muchas ciudades o los gastos de suplencia que los ayuntamientos realizan para la prestaci¨®n de servicios que corresponden a otras administraciones p¨²blicas. Se trata, pues, de una ley insuficiente, tanto por no resolver este problema como por quedarse corta en la consecuci¨®n de un planteamiento global que asegure un horizonte claro y estable para el crecimiento, en dimensi¨®n y en calidad, de nuestras ciudades.

Antoni Siurana es alcalde de Lleida y vicepresidente primero de la FEMP.