El PSOE acusa al PP de "prevaricar y malversar fondos" con su pol¨ªtica urban¨ªstica
Los socialistas creen que los promotores privados han obtenido 12.000 millones en plusval¨ªas
El grupo municipal socialista ha denunciado ante la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia la presunta comisi¨®n de "delitos contra la ordenaci¨®n del territorio y el medio ambiente, de prevaricaci¨®n especial y de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos" en el desarrollo de los nuevos barrios de Madrid. En estas zonas est¨¢ prevista la construcci¨®n de unas 70.000 viviendas y "varios millones de metros cuadrados de uso terciario y comercial sin ning¨²n control, evaluaci¨®n ambiental ni plazos de ejecuci¨®n". Seg¨²n el PSOE, esto ha permitido que los especuladores campen a sus anchas y el precio del suelo se dispare.
El grupo municipal socialista cree que ha llegado la hora de dejar de protestar por la "falta de ¨¦tica p¨²blica" de los Ejecutivos local y auton¨®mico, del PP, y pasar a denunciar lo que considera "il¨ªcitos penales" en su acci¨®n de gobierno. "Las negociaciones prohibidas, el abuso de poder, la malversaci¨®n del patrimonio municipal de suelo... han constituido", seg¨²n la denuncia, de fecha 19 de noviembre, "ese plus que el C¨®digo Penal exige como determinante il¨ªcito penal, caldo de cultivo del desarrollo urban¨ªstico de la corona norte de Madrid que ha devenido en un crecimiento insostenible de la ciudad, un aumento perverso del precio de la vivienda y, sobre todo, una alarmante sensaci¨®n generalizada de corrupci¨®n impune".
Los socialistas sostienen que la "dejaci¨®n" de funciones del Ayuntamiento y la Comunidad, "c¨®mplices" de los intereses empresariales, ha desembocado en una situaci¨®n en la que "los delincuentes urban¨ªsticos campan por sus respetos". "El precio de la vivienda ha aumentado en un 50% en los cinco a?os de vigencia del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana, el suelo libre est¨¢ concentrado en muy pocas manos, y los instrumentos de intervenci¨®n en el mercado del suelo que la ley reserva para la Administraci¨®n no se utilizan".
Al margen de las denuncias de actuaciones concretas en cada barrio (ver p¨¢gina siguiente), la denuncia, presentada ante la fiscal¨ªa por la portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Matilde Fern¨¢ndez, apunta a la concentraci¨®n del terreno urbanizable en manos privadas como causa de todos los males. El "fin especulativo" de las grandes empresas constructoras domina hoy el mercado del suelo: los propietarios "controlan la oferta [de suelo], dosific¨¢ndola de tal forma que la plusval¨ªa -la diferencia entre el precio de compra y el de venta- sea la mayor posible y repercuta en el precio final de la vivienda", se?alan los socialistas. "Ah¨ª esta el gran negocio y el principal problema".
Y, ante este proceso especulativo de las empresas, la falta de control p¨²blico, cuando no directamente la "complicidad" con ellas, agrava la situaci¨®n y favorece el "pelotazo millonario". El PSOE recuerda que, en 1995, el todav¨ªa presidente regional, Joaqu¨ªn Leguina, firm¨® un convenio con el alcalde de Madrid, Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, para establecer las condiciones de desarrollo de los nuevos barrios. Ese convenio fijaba un m¨¢ximo de 37.000 pisos a construir -con el fin de dejar espacio a la creaci¨®n de un anillo verde- y obligaba a gestionar los nuevos desarrollos por el procedimiento del consorcio: la Administraci¨®n expropia el suelo y luego lo vende a los constructores, imponi¨¦ndoles condiciones y plazos e impidiendo (o mitigando) as¨ª la especulaci¨®n con el suelo.
Pero Leguina perdi¨® las elecciones aquel mismo a?o, y su sucesor, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, modific¨® el convenio, para alegr¨ªa del alcalde, seg¨²n afirma el PSOE. Ambas administraciones aumentaron el n¨²mero de viviendas hasta casi 70.000, renunciaron al consorcio y adoptaron la f¨®rmula de la junta de compensaci¨®n, que deja en manos privadas todo el proceso y s¨®lo obliga a los propietarios a reservar al menos la mitad de las viviendas para familias de rentas bajas.
Adem¨¢s, fue recalificado como urbanizable el suelo reservado por los socialistas al anillo verde. "Esa recalificaci¨®n ha supuesto una plusval¨ªa [para los propietarios] de casi dos billones de pesetas [12.000 millones de euros]", dice el PSOE.
"Quien acusa sin pruebas comete un delito", advierte el Ayuntamiento
"Nosotros creemos que las operaciones urban¨ªsticas en el norte de la capital forman parte de una estrategia global en la pol¨ªtica del PP, y por eso le pedimos al fiscal que las estudie y determine si hay indicios de delito", explica Matilde Fern¨¢ndez, portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, que el pasado 19 de noviembre present¨® la denuncia ante la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia. Matilde Fern¨¢ndez admite que algunos de los aspectos criticados por el partido socialista, como la "dejadez" en el control p¨²blico, "podr¨ªan ser desviados al procedimiento contencioso-administrativo", mientras que otras acusaciones se refieren al ¨¢mbito de lo penal. "Eso es lo que queremos que decida el fiscal", puntualiza.El edil de Urbanismo, Ignacio del R¨ªo, arremeti¨® hace d¨ªas contra el PSOE y asegur¨® que la denuncia es "una temeridad sin fundamento, una estafa a la justicia". Del R¨ªo record¨® que las afirmaciones contenidas en la denuncia pueden tener consecuencias penales. "Quien acusa con temeridad y sin pruebas incurre en un delito", declar¨®.
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