El Constitucional anula un desahucio en Calp por un error del secretario del juzgado

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado un desahucio por impago porque el secretario del Juzgado de Paz de Calp no cumpli¨® con la ley. Se?ala el TC que el funcionario certific¨®, sin contrastar ni cumplir con los preceptos m¨ªnimos, que el supuesto moroso no viv¨ªa en la finca de la que deb¨ªa ser desalojado. Y agrega que el juzgado que orden¨® el desahucio no repar¨® en que en el contrato de arrendamiento del que surge el contencioso aparece el domicilio habitual en Andorra al que deb¨ªa haberse dirigido y donde nuca recibi¨® diligencia alguna. El Constitucional anula las actuaciones porque se ha vulnerado el derecho a la defensa y recuerda la trascendencia de la funci¨®n del fedatario p¨²blico.

Cinco a?os despu¨¦s de que Paule D. denunciara al inquilino de su chal¨¦ de Calp por impago del alquiler y consiguiera una orden de desahucio, el Constitucional deshace lo hecho porque el secretario del Juzgado de Paz de Calp no hizo bien su trabajo y no dio buena fe del asunto. El 13 de octubre de 1997 se present¨® la demanda por impago, diez d¨ªas despu¨¦s fue admitida a tr¨¢mite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci¨®n n¨²mero cuatro de D¨¦nia, que envi¨® una comunicaci¨®n al juzgado de paz de Calp para que el secretario avisara a Regis H.D. de que deb¨ªa abonar la deuda y abandonar la casa. El secretario fue a la casa y escribi¨® en el acta de su visita: "No puedo llevar a cabo la diligencia al no vivir dicho demandado en el domicilio expresado".

El juzgado lo hizo saber a la propietaria, Paule D., y ¨¦sta decidi¨® que se publicitara la demanda por edicto. Meses despu¨¦s, en mayo de 1998, se celebr¨® juicio, al que el inquilino supuestamente moroso no acudi¨®. La sentencia result¨® de desalojo y volvi¨® a optarse por el edicto como f¨®rmula de comunicaci¨®n. La due?a del chal¨¦ solicit¨® la ejecuci¨®n de la misma, por lo que el 18 de febrero de 1999, por providencia, se requiere al inquilino para que en ocho d¨ªas desaloje la finca.

Pero el 2 de julio de aquel a?o, Regis H.D. se presenta en el juzgado y pide que se anulen las actuaciones porque no le ha sido notificado nada personalmente y porque est¨¢ al corriente de pago, a lo que a?adi¨® que su domicilio habitual estaba en Andorra. El juzgado desestim¨® la petici¨®n porque "no proced¨ªa entrar en el fondo de la cuesti¨®n" -si estaba o no al corriente de pago y si viv¨ªa o no en dicho domicilio- y sostuvo esa decisi¨®n en la actuaci¨®n del funcionario de Calp, de quien, seg¨²n reproduce el fallo del Constitucional, "no tiene este juzgador porque dudar".

Regis H.D. denunci¨® la vulneraci¨®n del derecho a la tutela judicial porque "el secretario se limit¨® a se?alar en la citaci¨®n que el demandado no viv¨ªa en el domicilio expresado, sin que consten las fuentes de las que el funcionario extrae esa conclusi¨®n o que se intentara la segunda citaci¨®n con intervalo de seis horas, ni se dejase c¨¦dula de aviso a ninguna otra persona". As¨ª las cosas, Regis H.D. solicita amparo por indefensi¨®n. Y el Tribunal Constitucional le ha dado la raz¨®n. Dice en su fallo de 25 de noviembre que "el derecho al proceso y a los recursos legalmente establecidos en condiciones de poder ser o¨ªdo y ejercer la defensa de los derechos e intereses leg¨ªtimos impone a los ¨®rganos judiciales un especial deber de diligencia". Explica que "el juzgado acudi¨® a edictos apoy¨¢ndose en la diligencia negativa del Secretario del juzgado de Calp en la que expresaba que la citaci¨®n no pod¨ªa practicarse al no vivir el demandado en el domicilio". Y a?ade que en el contrato de arrendamiento figuraba como domicilio una direcci¨®n de Andorra, "lo que evidencia que el juzgado incumpli¨® el deber de diligencia que le incumb¨ªa".

Recoge adem¨¢s, que "el contenido de la diligencia no expresa ni el nombre de la persona a la que se cita ni datos o referencias m¨ªnimas que permitan conocer en que se bas¨® para concluir que el demandado no viv¨ªa en el domicilio donde se le intent¨® citar, si tal informaci¨®n se obtuvo por manifestaci¨®n de los vecinos, se dedujo del estado de abandono de la finca...".

Para el Alto Tribunal, "el juzgado no cumpli¨® adecuadamente el especial deber de diligencia que incumbe a los ¨®rganos judiciales". Por ello, ha decidido otorgar el amparo y declarar nulas las actuaciones, haciendo especial insistencia en la obligaci¨®n de cumplir estrictamente los protocolos establecidos para dar fe que descansan en los secretarios judiciales y la de los jueces de vigilar que ello se haga de acuerdo con la ley para no incurrir en indefensi¨®n. La falta de diligencia supone, en este caso, que el asunto vuelva al punto en que estaba hace cinco a?os.