El Estado ausente

En la memoria de los gallegos est¨¢n anclados los seis grav¨ªsimos accidentes ocurridos frente a sus costas en los ¨²ltimos a?os: Polycomander (1970), Urquiola (1976), Andros Patria (1979), Cason (1988), Aegian Sea (1992) y ahora el Prestige. Tuvieron los efectos de grandes cat¨¢strofes naturales, pero sus causas ¨²ltimas no tienen un car¨¢cter natural, sino pol¨ªtico. Fueron sentidos como agresiones en las que la ausencia de la protecci¨®n que le corresponde dar al Estado espa?ol confluy¨® con los intereses sin control de las compa?¨ªas especulativas y las mafias que, dominando el tr¨¢fico mar¨ªtimo internacional y toleradas por los Estados, desprecian las consecuencias de los accidentes causados por su acci¨®n voraz sobre la naturaleza y las sociedades potencialmente afectadas. Una ausencia la del Estado que resulta tanto m¨¢s culpable cuanto que Galicia es, sin duda, el pa¨ªs del mundo m¨¢s afectado por este tipo de cat¨¢strofes.

Las decisiones del Gobierno fueron las m¨¢s negativas que se pudieron haber realizado

La 'legislaci¨®n Erika', pasados tres a?os desde el accidente, a¨²n no est¨¢ siendo aplicada

Frente a las costas gallegas, a 25 millas de Fisterra, pasan anualmente 45.000 nav¨ªos mercantes -123 cada d¨ªa-, de los cuales 5.850 transportan mercanc¨ªas peligrosas, sin que en ellas exista ni una polic¨ªa del corredor mar¨ªtimo, ni sistemas y medios de prevenci¨®n o de tratamiento de los accidentes, ni protocolos conocidos de las decisiones a tomar por las autoridades p¨²blicas cuando se producen. A pesar de la dimensi¨®n y el car¨¢cter de ese tr¨¢fico, con la cat¨¢strofe en casa, el Estado espa?ol no tom¨® decisiones tendentes a remediar la irresponsable desprotecci¨®n que sufre una costa tan singular y sensible, ni promovi¨® en la UE un cambio de la pol¨ªtica y la legislaci¨®n que, atendiendo a toda Europa, tuviese en cuenta la singularidad de Galicia. No lo hizo a pesar de que las fuerzas pol¨ªticas y sociales gallegas no enfeudadas con el poder del Estado lo demandaron durante a?os de forma continua e ininterrumpida.

Ni el Estado espa?ol ni la Uni¨®n Europea siguieron el ejemplo de EE UU, que modific¨® de inmediato su legislaci¨®n cuado se produjo el accidente del Exxon Valdez en Alaska en 1990, endureciendo radicalmente las condiciones de seguridad y las garant¨ªas exigidas a los nav¨ªos y a las compa?¨ªas implicadas. La Uni¨®n Europea no reaccion¨® en 1992 con el accidente del Aegen Sea en A Coru?a, sino que se vio forzada a hacerlo ¨²nicamente cuando se produjo el accidente del Erika frente a Breta?a, respondiendo a las demandas del Estado franc¨¦s.

Mas, aun as¨ª, la legislaci¨®n derivada del accidente del Erika naci¨® herida, limitada en su alcance y dilatada por d¨¦cadas en su aplicaci¨®n total. La acci¨®n directa, las resistencias y la pasividad de Estados europeos cuyas compa?¨ªas que dominan el tr¨¢fico de petr¨®leo y sus derivados son propietarias reales de la mayor parte de los nav¨ªos que circulan bajo pabellones de conveniencia o que est¨¢n influidos por el oscuro mundo de los intereses de un capitalismo de rapi?a que act¨²a en un espacio internacional sin ley, impidieron la formulaci¨®n y la aplicaci¨®n inmediata de medidas capaces de impedir o dificultar decisivamente los accidentes o sus efectos desastrosos. Pueden no ser ajenos a todo esto intereses y compa?¨ªas del Estado espa?ol que aparecen relacionados con sociedades fletadoras del Prestige, solicitudes de indultos presidenciales en EE UU, cacer¨ªas de fin de semana o bodas en la sierra.

La legislaci¨®n que se elabor¨® a ra¨ªz del desastre del Erika -que afecta a las condiciones t¨¦cnicas de los nav¨ªos, con la imposici¨®n del doble casco, sujeto en realidad su cumplimiento a un dilatad¨ªsimo calendario temporal, a las inspecciones y controles en los puertos, a las sociedades de clasificaci¨®n, al establecimiento de un fondo de compensaci¨®n, insuficiente y no exigible adem¨¢s directamente a los armadores responsables, o a la creaci¨®n de la Agencia Europea de Seguridad Mar¨ªtima- qued¨® muy distante de las exigencias de la Oil Pollution Act de 1990 de EE UU, que estableci¨® la obligaci¨®n del doble casco y una garant¨ªa de 1.000 millones de d¨®lares a las compa?¨ªas responsables, posibilitando la exigencia de 4.004 millones de d¨®lares de responsabilidad civil a Exxon Mobil, cifra que no tiene parang¨®n con las cantidades comparativamente raqu¨ªticas que est¨¢n siendo consideradas por la Uni¨®n Europea o el Estado espa?ol para compensar a Galicia, y ahora tambi¨¦n a Asturias, Cantabria y Euskadi.

Siendo ya insuficiente en la formulaci¨®n inicial de la Comisi¨®n, la legislaci¨®n Erika fue diluida por el Parlamento Europeo y por el Consejo, y pasados tres a?os desde el accidente en Breta?a a¨²n no est¨¢ siendo aplicada. Tanto es as¨ª que el accidente del Prestige pudo no haberse producido si el Parlamento Europeo, bajo propuesta de un ponente del Partido Popular Europeo, y el Consejo de la UE, en el que se sientan ministros del Gobierno del Estado espa?ol, no hubieran modificado la propuesta de la Comisi¨®n que determinaba que no pudiesen acceder a aguas de la Uni¨®n los nav¨ªos de casco simple de m¨¢s de 23 a?os, decisi¨®n que hubiera afectado directamente a ese petrolero, que hab¨ªa sido construido en Jap¨®n en 1976.

En este negativo contexto pol¨ªtico, las decisiones que tomaron el Gobierno del Estado y el Gobierno gallego en el momento en que ocurri¨® el accidente del Prestige fueron las m¨¢s negativas que se pudieran haber realizado. Nunca, que se sepa, un accidente de este tipo hab¨ªa afectado de golpe a 2.000 kil¨®metros de costa.

Las irresponsables decisiones tomadas, la negaci¨®n de su gravedad, la incre¨ªble inserci¨®n inicial del accidente en las obsesiones pol¨ªticas gibraltare?as de Aznar, el desprecio de la oposici¨®n pol¨ªtica, la voluntad inicial de impedir la acci¨®n directa de los municipios o de la sociedad civil, la gallega y la admirablemente solidaria de otros pueblos, fueron consecuencia de la conciencia culpable de la carencia por parte del Estado de sistemas de prevenci¨®n o de acci¨®n frente a una cat¨¢strofe anunciada: queriendo negar el problema lo agrandaron hasta l¨ªmites inauditos. Pretendieron ocultar el cuerpo del delito sin tener en cuenta que el mar siempre devuelve los cad¨¢veres. Por eso, despu¨¦s de sufrirlo repetidamente, y mientras se sustituye su ausencia con las manos y el coraz¨®n, es natural que el pueblo gallego se pregunte para qu¨¦ le sirve este Estado.

Camilo Nogueira es diputado del BNG en el Parlamento Europeo.