'Prestige': el Gobierno contra el Estado

La crisis del Prestige debe ser analizada, a nuestro entender, como un hecho que va m¨¢s all¨¢ de las graves consecuencias socioecon¨®micas de un fatal accidente mar¨ªtimo que ha degenerado en la mayor cat¨¢strofe ecol¨®gica de nuestro pa¨ªs.

Hay al menos tres elementos emergentes, que no van a disiparse por mucho tiempo. Primero, la alarma y sensaci¨®n de inseguridad e impotencia de una sociedad que sigue mirando con estupor el triste papel jugado por la funci¨®n de protecci¨®n del Gobierno central y auton¨®mico. Segundo, la imagen de la cat¨¢strofe, que no ha sido la del poder p¨²blico liderando con eficacia y contundencia la gesti¨®n de la misma, sino la de los ciudadanos, marineros, voluntarios, mariscadoras, protagonizando con pat¨¦tica descoordinaci¨®n y falta de medios la lucha contra la marea negra. Tercero, un Gobierno lento en reaccionar, que intenta ocultar la gravedad de la situaci¨®n y que toma, presa de p¨¢nico pol¨ªtico, la peor de las decisiones al alejar el buque de la costa con resultado letal para la forma de vida de las personas, la econom¨ªa y para uno de los ecosistemas m¨¢s ricos del planeta. Este Gobierno no admite responsabilidades ni por acci¨®n ni por omisi¨®n. Pero lo cierto es que no s¨®lo su incompetencia gestora, sino su pol¨ªtica anterior ha conducido, por ejemplo, a que una potencia pesquera como Espa?a, con las m¨¢s extensas costas de la Uni¨®n Europea, no posea un solo barco succionador de petr¨®leo, ni redes transoce¨¢nicas, ni batiscafos, ni nada de nada y haya tenido que acudir a medio mundo para que llegasen -tarde- los escasos instrumentos de los que a¨²n hoy podemos valernos para afrontar la siniestra invasi¨®n de crudo. Si algo pudiera resumir las anteriores constataciones, y la mayor lecci¨®n de esta crisis, es que la gesti¨®n del Estado conducida por el Gobierno ha sido tan desastrosa que aqu¨¦l no se ha hecho visible. Con ello, toda la concepci¨®n del PP sobre el papel m¨ªnimo del Estado ha fracasado, ante una tragedia como la del Prestige que ha puesto en evidencia la necesidad de contar con unas administraciones p¨²blicas ¨¢giles y fuertes.

En la historia de Espa?a, el Estado se ha desarrollado como una construcci¨®n d¨¦bil en su funci¨®n de administrador de las cosas -no as¨ª en la represi¨®n de las personas- a causa de la imposibilidad de implantar los efectos ben¨¦ficos de la Reforma, del liberalismo laico ilustrado y de la democracia. Eso explicar¨ªa lo dif¨ªcil que ha sido, a lo largo de siglos, encajar en el Estado el pluralismo nacional, cultural y ling¨¹¨ªstico de Espa?a. La Constituci¨®n de 1978 es el primer intento no frustrado de ruptura con ese lastre de debilidad de las instituciones civiles p¨²blicas, es decir, las no eclesi¨¢sticas o militares. Nuestra Carta Magna dise?a un Estado democr¨¢tico y social serio. Hace posible la dotaci¨®n de recursos econ¨®micos para cumplir tambi¨¦n con su funci¨®n social, (en 1978 el Estado espa?ol gastaba el 17% del PIB, en 1996 el 44%).

Los gobiernos del Partido Popular han discurrido en direcci¨®n contraria. No han tenido claras ra¨ªces ideol¨®gicas homologables en Europa. No han sido ni democristianos ni liberales. Su m¨¢s antigua vinculaci¨®n es con el contradictorio neoliberalismo de Reagan y Thatcher, hoy con Bush o Berlusconi, con la "rebeli¨®n fiscal" de las clases pudientes y el dogma del d¨¦ficit cero. De ah¨ª su incomprensi¨®n cong¨¦nita de las exigencias de un Estado democr¨¢tico moderno.

La conducta del Gobierno Aznar expresa una cultura pol¨ªtica contraria al concepto de Estado social, dirigida a adelgazar y debilitar los servicios p¨²blicos. El primer modo de lograrlo ha sido reducir el gasto en sanidad y educaci¨®n y, por tanto, la cohesi¨®n social y territorial. Cohesi¨®n social -y ecol¨®gica, podr¨ªamos a?adir-, que es la base de la fortaleza del sistema democr¨¢tico. En realidad, un Estado meramente liberal ser¨ªa contrario a la Constituci¨®n. Otra forma de debilitamiento de aqu¨¦l ha sido la privatizaci¨®n total de los grandes servicios p¨²blicos, m¨¢s all¨¢ de lo prudente. As¨ª, se ha creado un sector privado clientelar en el que la presidencia de las m¨¢s importantes compan¨ªas est¨¢n en manos de amigos del partido en el poder. En paralelo, los gobiernos populares han aumentado la presi¨®n fiscal indirecta para poder hacer regalos fiscales a las rentas m¨¢s altas. Ser¨ªa conveniente conocer qu¨¦ dir¨ªan los espa?oles si les preguntasen hoy si son partidarios de aumentar los impuestos a estos sectores sociales con el fin de garantizar que el Estado tenga medios para hacer realidad el "nunca ma¨ªs".

No obstante, lo m¨¢s parad¨®jico del ciclo de Gobierno de la derecha es el brusco descenso en la dotaci¨®n de las fuerzas policiales y en los gastos de seguridad p¨²blica, y la apuesta por la seguridad privada. La consecuencia ha sido una creciente inseguridad ciudadana. Las cifras que demuestran que hay una consciente pol¨ªtica de debilitamiento del Estado son elocuentes. Si comparamos los Presupuestos Generales de 1995 (un a?o antes de la llegada al poder del PP) con los de 2002, dejando aparte las materias objeto de transferencia auton¨®mica, vemos que los principales gastos p¨²blicos en relaci¨®n al PIB han descendido: pol¨ªtica industrial, de 0,3% a 0,2%; Investigaci¨®n y Desarrollo se mantiene en un escu¨¢lido 0,3%; infraestructuras (incluyendo el salvamento mar¨ªtimo), de 1,3% a 1,1%; Justicia, sobre la que hay firmado un pacto, desciende del 0,3% al 0,2%; Defensa, que tiene en su debe el desacierto en la pol¨ªtica de profesionalizaci¨®n del Ej¨¦rcito, desciende del 1,6% al 0,9% entre 1995 y 2002.

El enflaquecimiento del Estado y del espacio p¨²blico ha conducido a fen¨®menos de perversi¨®n de la democracia y a la fragilidad de las libertades. Por ejemplo, las privatizaciones, que han llevado a la pr¨¢ctica desaparici¨®n del sector p¨²blico, no han generado mayor competencia, sino la creaci¨®n de un "sector privado gubernamental", incontrolable por las instituciones de la democracia. En el sector audiovisual ha ocurrido otro tanto: en vez de una televisi¨®n p¨²blica que deber¨ªa responder al inter¨¦s informativo general y respetar el pluralismo de la sociedad, se ha pasado a una televisi¨®n de partido, tanto en su expresi¨®n p¨²blica como privada (Antena 3 hace tiempo que fue controlada por Telef¨®nica; y Tele 5 lo va a ser por el jefe del Gobierno de otro pa¨ªs, cuya primera v¨ªctima ha sido el programa cr¨ªtico e independiente Caiga quien Caiga).

En cuanto al Parlamento, cuya eminente funci¨®n es hacer leyes para todos los ciudadanos y controlar al Gobierno, se ha transformado, con la Ley de Acompa?amiento, en una f¨¢brica de leyes sectarias y un lugar para controlar a la oposici¨®n, hasta alcanzar la situaci¨®n esperp¨¦ntica de que, ante el desastre pol¨ªtico del Prestige, el Gobierno acaba pidiendo la dimisi¨®n del portavoz socialista. Al tiempo, se niega a la creaci¨®n de una comisi¨®n de investigaci¨®n, que es imprescindible para compartir informaci¨®n y proponer soluciones de presente y de futuro.

Aunque el Gobierno se resista e intente minimizar la cat¨¢strofe, la oposici¨®n ha de hacerle ver que ¨¦ste es el momento del Estado, como garante del inter¨¦s general, de los necesitados, de los da?ados, en Galicia, Asturias, Cantabria o el Pa¨ªs Vasco. Lo que significa que debe liderar, si puede, este trance, haciendo intervenir a todos los medios tecnol¨®gicos, personales, econ¨®micos, pol¨ªticos, que sean necesarios, tanto p¨²blicos como privados. Hay instrumentos legales para ello (Ley de Protecci¨®n Civil, Estado de Alarma, etc¨¦tera) que est¨¢n in¨¦ditos.

La crisis del Prestige es un desastre ecol¨®gico convertido en pesadilla por la inacci¨®n del Gobierno. Es una manifestaci¨®n evidente del fracaso de una pol¨ªtica -y de una cultura pol¨ªtica- que propone que la direcci¨®n de la sociedad est¨¦ determinada por los grandes grupos econ¨®micos y otros poderes no democr¨¢ticos, nacionales o supranacionales, en perjuicio de los poderes p¨²blicos elegidos por los ciudadanos. Por eso, creemos que con el Prestige se ha hundido, en buena medida, la credibilidad y solvencia del proyecto -o "R¨¦gimen"- de la nueva derecha espa?ola.

No se trata de regresar al estatalismo tradicional, pero s¨ª de garantizar la capacidad de los poderes p¨²blicos para regular y controlar el proceso de globalizaci¨®n al tiempo que se realiza una distribuci¨®n justa de la riqueza. Asimismo es necesario que el Estado cuente con los medios suficientes para hacer efectiva la seguridad y la libertad de las personas en una sociedad de riesgos m¨²ltiples, y no s¨®lo el del terrorismo. La ola de ultraliberalismo iniciada en los a?os 80 est¨¢ mostrando su fracaso y los peligros que conlleva. ?ste es uno de los grandes debates que hay que mantener ante las pr¨®ximas consultas electorales.

Diego L¨®pez Garrido es diputado socialista y portavoz en la Comisi¨®n Constitucional del Congreso. Nicol¨¢s Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundaci¨®n Alternativas.