Disciplina judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su comisi¨®n disciplinaria han actuado con elogiable celeridad al abrir expediente disciplinario a la juez de vigilancia penitenciaria de Madrid Mar¨ªa del Prado Torrecilla, contra la que pesan graves denuncias de dos de sus colegas acerca de maniobras para lograr la excarcelaci¨®n del ex presidente de Banesto Mario Conde. La actuaci¨®n sancionadora es una de las competencias que la Constituci¨®n atribuye al ¨®rgano de gobierno de los jueces y describe entre sus funciones las de "inspecci¨®n y r¨¦gimen disciplinario". El caso deber¨¢ tramitarse con todas las garant¨ªas, pero exige claridad y energ¨ªa. Ante estas funciones constitucionalmente establecidas, cabe exigirle al CGPJ que ponga todo el celo necesario en distinguir qu¨¦ actuaciones judiciales son susceptibles de actuaci¨®n disciplinaria -sea cual sea el resultado final que de ella se derive- y cu¨¢les son estrictamente jurisdiccionales, sea cual sea el juicio cr¨ªtico que merezca el concreto ejercicio de la jurisdicci¨®n, protegido por el principio constitucional de la independencia judicial que el CGPJ est¨¢ obligado a defender. La actuaci¨®n jurisdiccional es en todo caso corregible por la v¨ªa de los recursos legalmente establecidos.

Es preciso que se compruebe cada una de las imputaciones contra la expedientada, desde los supuestos intentos de lograr una resoluci¨®n favorable a Conde hasta las gestiones que se le atribuyen para ser ella misma la autora de la resoluci¨®n, pasando por las presiones al director de la prisi¨®n de las que se le acusa o los comentarios irrespetuosos hacia los magistrados del Tribunal Supremo que elevaron de 10 a 20 a?os de c¨¢rcel la condena a Mario Conde.

A juzgar por las faltas muy graves en las que podr¨ªa encajar la conducta de la magistrada -acreedora, mientras tanto, de la presunci¨®n de inocencia-, de lo que no parece haber duda es de que, reales o supuestas, las acusaciones re¨²nen todos los caracteres para someter el caso a examen disciplinario. No se trata de quejas contra una resoluci¨®n judicial de la expedientada o de denuncias contra el ejercicio por ella de la jurisdicci¨®n. Por lo que hasta ahora conocemos -y sin descartar que pueda demostrarse que todos los hechos denunciados son fruto de una fabulaci¨®n-, nos encontramos ante una o varias supuestas infracciones disciplinarias de libro.

Distinta resulta, en cambio, la actuaci¨®n de la juez Coro Monreal Huerta, que investiga el caso de la Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), y a la que se denuncia por la puesta en libertad de los cuatro directivos de la entidad, a los que se imputa una supuesta estafa. De ah¨ª que las acusaciones contra esta magistrada no hayan originado un expediente disciplinario, sino la petici¨®n a la inspecci¨®n del CGPJ de una investigaci¨®n para esclarecer los hechos denunciados, que en principio entran en el orden jurisdiccional y, por tanto, est¨¢n estrictamente protegidos por la independencia judicial y son corregibles por los recursos.

El CGPJ deber¨ªa evitar confusiones en la presentaci¨®n de sus decisiones. Por ejemplo, aunque se tratara de una mera orden a la inspecci¨®n del Consejo, result¨® poco meditado, desproporcionado e inconveniente que el presidente Francisco Jos¨¦ Hernando tomara la iniciativa de investigar a la juez de vigilancia penitenciaria de Bilbao Ruth Alonso por la excarcelaci¨®n del etarra F¨¦lix Ram¨®n Gil Ostoaga. Las actuaciones jurisdiccionales merecen, en principio, la protecci¨®n del Consejo, m¨¢s a¨²n si, como en aquel caso, estaban ya recurridas por el fiscal. Las iniciativas atropelladas y apasionadas desde el CGPJ contra resoluciones judiciales que no gustan est¨¢n fuera de lugar, adem¨¢s del rid¨ªculo que en este caso depar¨® su archivo doce d¨ªas despu¨¦s.