El poder y el pensamiento ¨²nico

Como toda democracia que se precie, la nuestra se ha dotado desde 1978 de aquellos instrumentos imprescindibles en todo Estado de Derecho. Como pilares b¨¢sicos de dichos sistema, el principio de separaci¨®n de poderes y el respeto a los derechos fundamentales constituyen la garant¨ªa m¨¢xima de supervivencia de los individuos en sus relaciones sociales, as¨ª como en nuestra relaci¨®n de hecho y de Derecho con las distintas Administraciones que conforman el Estado.

Durante los ¨²ltimos a?os, y debido a factores diversos que dif¨ªcilmente puedo analizar en estas l¨ªneas, asistimos en Espa?a a una peligrosa involuci¨®n en las distintas garant¨ªas constitucionales que defienden el principio de separaci¨®n de poderes, de forma que la existencia de dicha separaci¨®n es pr¨¢cticamente inapreciable en diferentes contextos y situaciones.

Si Montesquieu estaba ya muerto para algunos, otros parecen empe?ados en enterrar su memoria en nuestro pa¨ªs

Tenemos al menos cuatro poderes adicionales, que intervienen abiertamente en la 'res publica'

Un an¨¢lisis sopesado de este fen¨®meno tiende a reconocer que en este complicado juego de equilibrios y garant¨ªas constitucionales, la relativizaci¨®n del principio de separaci¨®n de poderes viene pausada, pero sistem¨¢ticamente coadyuvando a la perpetuaci¨®n en Espa?a del denominado "pensamiento ¨²nico", frente a aquellas corrientes sociales minoritarias en Espa?a, pero inc¨®modas a los ojos y a las pr¨¢cticas de nuestros gobernantes. Veamos tan solo algunos ejemplos.

La cuesti¨®n es clara en muchas de las actuaciones de los tres poderes b¨¢sicos del Estado, que con la legitimaci¨®n que otorga la mayor¨ªa absoluta del ejecutivo vienen haciendo realidad la frase de un veterano socialista espa?ol. Si Montesquieu estaba ya muerto para Alfonso Guerra, algunos parecen empe?ados en enterrar su memoria en Espa?a, para que legislativo, ejecutivo y judicial nos deleiten con su sinfon¨ªa acompasada de intervenciones coordinadas y consensuadas en defensa del pensamiento ¨²nico. La maquinaria legislativa de las Cortes y del Gobierno central no encuentra freno ordinario en ninguna instancia, pues el sistema ha sido perfectamente dispuesto para que la discrepancia e incluso el control de los tribunales tengan un car¨¢cter meramente testimonial o simb¨®lico. El ejecutivo no tiene reparos en calificar de antipatriotas a quienes han criticado la acci¨®n e inacci¨®n del Gobierno en la deriva y el caos ecol¨®gico y social provocado por el Prestige. Algunos no s¨®lo son antipatriotas, casi herejes en tierra cat¨®lica, sino que han de ser tontos de remate, ciegos o locos, pues como sostiene el Ministro de Defensa, "las playas gallegas est¨¢n esplendorosas". Como puede verse, legislativo y ejecutivo siguen con la l¨®gica aplastante del "pensamiento ¨²nico", pues quien discrepa o piensa de forma divergente es poco menos que un inmaduro pe¨®n de las hordas revolucionarias.

Claro que en esta tarea, el poder judicial ha tenido, salvo t¨ªmidas excepciones, un papel protagonista. Desde lo m¨¢s alto de la c¨²pula constitucional las perspectivas sobre la realidad de Espa?a son bien claras al respecto. El Presidente del Tribunal Constitucional (TC) no duda en hacer pol¨ªtica, incluso con aquellos asuntos a¨²n pendientes de resoluci¨®n ante el TC. Ostenta la curiosa marca de adelantar los pronunciamientos del tribunal que preside, especialmente en aquellos recursos planteados por determinada Comunidad Aut¨®noma e incluso sin que el propio recurso haya tenido entrada en nuestro m¨¢s alto tribunal. En Derecho es complicado decidir sin conocer los argumentos de las partes, aunque algunas trayectorias demuestran claramente lo contrario. Tambi¨¦n dentro del TC, no hace falta investigar demasiado para conocer la filiaci¨®n pol¨ªtica de casi todos los magistrados y su curioso, pero evidentemente pol¨ªtico procedimiento de designaci¨®n. Prefiero obviar las correr¨ªas de Don Baltasar en este contexto, pues conocidas son sus perlas jur¨ªdicas y sus querencias hacia el poder pol¨ªtico sea cual fuere su color. Como excepci¨®n, hemos tenido el Auto de una Juez de Vigilancia Penitenciaria, inmediatamente expedientada, amenazada y cuestionada pol¨ªticamente desde el ejecutivo, que ya ha preparado la en¨¦sima e inconstitucional reforma ad hoc de la legalidad para que ning¨²n juez de vigilancia goce de la independencia jurisdiccional que nuestra Constituci¨®n predica en aplicaci¨®n del principio de separaci¨®n de poderes. Ni que decir tiene que el expediente disciplinario fue inmediatamente archivado, al considerarse que la juez en cuesti¨®n no hab¨ªa hecho sino aplicar estrictamente el tenor de la ley vigente. En este contexto de m¨²ltiples reformas legislativas ad hoc, el papel a desarrollar por el TC es fundamental, aunque vista su Sentencia 73/2000 en el asunto Itoiz y la especial sensibilidad de su Presidente para con estas pr¨¢cticas es obvio que el rumbo "pol¨ªtico" del tribunal no se enderezar¨¢.

En cualquier caso, el problema es m¨¢s grave de lo que pensamos pues en Espa?a hay al menos cuatro poderes adicionales, algunos propios de otras ¨¦pocas, que intervienen abiertamente en la "res publica" con marcado sesgo pol¨ªtico y casi siempre en id¨¦ntica direcci¨®n. El primero es el poder medi¨¢tico que, como la propia prensa reconoce, ha hecho renacer el periodismo veraz y honesto en Espa?a con el penoso asunto Prestige, aunque eso s¨ª, con varias semanas de retraso y en connivencia inicial con las medias verdades del Gobierno central. En lo dem¨¢s, todos conocemos las trayectorias y filiaciones pol¨ªticas de los grandes grupos de comunicaci¨®n que dirigen nuestros d¨ªas, cuando no nuestros pensamientos.

El segundo, y pese a nuestra te¨®rica aconfesionalidad constitucional, es el poder eclesi¨¢stico, pues la Conferencia Episcopal Espa?ola no ha dudado en intervenir en los asuntos p¨²blicos, con una reciente Instrucci¨®n Pastoral claramente pol¨ªtica, pero artificiosamente ligada con el ejercicio de la fe cat¨®lica para ahondar curiosamente en aquellos an¨¢lisis y denuncias que hasta hace poco estaban absolutamente vedados para los obispos de las di¨®cesis insurrectas. Nuestra Conferencia Episcopal, por otro lado, contradice abiertamente en su Instrucci¨®n Pastoral el discurso de S.S el Papa Juan Pablo II, ante la 50? Asamblea General de la ONU (5-10-1995), precisamente sobre la tem¨¢tica que hoy interesa tanto a la Conferencia Episcopal y que, sin embargo, ¨¦sta no ha tenido siquiera a bien leer o mencionar.

El tercero de los poderes adicionales que cabe mencionar es sin duda el poder econ¨®mico, ¨ªntimamente ligado con el pensamiento ¨²nico y la paulatina matizaci¨®n del principio de separaci¨®n de poderes. Sabidas son las trifulcas, judiciales incluso, de algunos grupos financieros, la artificial pol¨ªtica de concentraci¨®n econ¨®mica en torno a Madrid y las amenazas de castigo administrativo y econ¨®mico a las aldeas rebeldes.

El cuarto y ¨²ltimo de los poderes adicionales, pero hoy ya ac¨®litos al pensamiento ¨²nico es el poder Real. A pesar del car¨¢cter simb¨®lico de nuestra Corona seg¨²n los art¨ªculos 56 y siguientes de la Constituci¨®n, Su Majestad el Rey tampoco ha dudado en alinearse con el Gobierno central en su visita a Galicia y en el reciente mensaje televisivo de Navidad. En Galicia, el Monarca advirti¨® de la necesidad de evitar realizar "fotos demag¨®gicas" sobre la marea negra. Sinceramente, creo que la etimolog¨ªa misma no permite que una fotograf¨ªa sea demag¨®gica, aunque bien sabr¨¢ el Rey cu¨¢l era la verdadera naturaleza de su frase. No sigo, pues me falta el poder militar, que espero siga al mando del Ministro de Defensa y, por favor, nunca separado del Gobierno y de la Constituci¨®n.

Xabier Ezeizabarrena es abogado.