Defensa de los inocentes

Jimmy Ray Bromgard llevaba pudri¨¦ndose en prisi¨®n 15,5 a?os de su condena de 40 cuando una prueba de ADN demostr¨® su inocencia y le pusieron en libertad: nunca hab¨ªa forzado a la ni?a de ocho a?os de edad por cuya violaci¨®n le hab¨ªan condenado. En el juicio, el forense sostuvo imp¨¢vido que el an¨¢lisis microsc¨®pico de vello encontrado en el lugar del crimen era fiable al 9.999 por 10.000, una f¨¢bula cient¨ªfica que nadie -empezando por su abogado defensor- se preocup¨® ni por un instante en investigar o contradecir. Presentar basura como ciencia, tener a un mentecato por abogado, ocultar y fabricar pruebas o prestar falso testimonio son algunas de las causas de los errores judiciales que el Proyecto Inocencia (Innocence Project), una cl¨ªnica legal dependiente de la Benjamin N. Cardozo School of Law (Nueva York), combate. Dirigida por Nina Morrison, una mujer con agallas, esta tenaz organizaci¨®n hace bien la ¨²nica cosa a la que se dedica: revisar sin tregua casos perdidos cuando una prueba de ADN puede ser decisiva para demostrar la inocencia de condenados, cuyo retrato robot es el un hombre -negro o hispano- pobre y con antecedentes penales. Morrison y su gente est¨¢n consiguiendo abrir una brecha en bastantes de los 51 sistemas penales norteamericanos que todav¨ªa hoy aplican penas extremas a personas imputadas acaso por polic¨ªas abusivos o denunciantes sin escr¨²pulos, defendidas por ineptos recalcitrantes y condenadas por haber estado donde no deb¨ªan en el peor de los momentos posibles. En Norteam¨¦rica, la lista de las personas exculpadas por esta sencilla prueba crece sin cesar: Bromgard hace el el caso n¨²mero 111; en 12 de ellos, la condena hab¨ªa sido a la pena capital y un inocente estaba en el corredor de la muerte. En una cultura tan dura, pero al tiempo tan obsesionada por la verdad y la eficiencia como la norteamericana, el ¨¦nfasis en los errores estremecedores de sus sistemas penales es tal vez el ¨²nico triunfo con que cuentan los movimientos abolicionistas, adversarios de la pena de muerte.

Jimmy Ray Bromgard llevaba pudri¨¦ndose en prisi¨®n 15,5 a?os cuando una prueba de ADN demostr¨® su inocencia

En Espa?a, a diferencia de Estados Unidos, no hay tantos sistemas penales como Estados -como comunidades aut¨®nomas, dir¨ªamos aqu¨ª-, sino s¨®lo uno, dependiente del Estado, cuyo funcionamiento es mucho m¨¢s r¨ªgido y gris, pero tambi¨¦n bastante menos severo. Aqu¨ª no hay pena de muerte, ni investigaci¨®n de los cr¨ªmenes a cargo del ministerio fiscal, ni recurso generalizado al juicio de jurados. Mas nada de esto debe ser motivo de autocomplacencia: sobre condenas de inocentes, el caso espa?ol de referencia es el de Juan Almagro, quien har¨¢ 10 a?os se pas¨® casi otro en prisi¨®n, condenado injustamente a 22 a?os por violaci¨®n, condena basada en el ¨²nico testimonio de la presunta violada, cuya falsedad fue advertida por un compa?ero de trabajo que hab¨ªa pasado con ella la noche de autos y que tuvo la decencia de ir a contarlo cuando ley¨® horrorizado la rese?a judicial del caso en este mismo diario (v¨¦ase EL PA?S del 7 de junio 1992, p¨¢g. 10). Aunque la calidad de las estad¨ªsticas criminol¨®gicas de este pa¨ªs oscila entre su inexistencia y la manipulaci¨®n ideol¨®gica, sabemos de muchos otros casos: en 1993, un muchacho de 17 a?os estuvo encerrado 10 meses por haber sido identificado como el violador del ascensor de Alcorc¨®n en imaginativas ruedas de reconocimiento por varias de las v¨ªctimas; en 1996, un vecino de un pueblo del Bergued¨¤, padre de 11 hijos, casi pas¨® por un calvario similar; en 1997, un labrador de un pueblo de A Coru?a fue exculpado por la prueba del ADN tras haber pasado la Navidad en la c¨¢rcel acusado de haber violado a una discapacitada ps¨ªquica.

Por fortuna, hace ya tiempo que la pr¨¢ctica generalizada de las pruebas de ADN viene permitiendo excluir a muchos sospechosos de cr¨ªmenes violentos que dejan huellas f¨ªsicas: un cabello, una colilla, restos de semen o de sudor bastan para concluir que tal o cual persona no pudo ser el criminal: ¨²nicamente los gemelos id¨¦nticos comparten el ADN.

Sin embargo, hay territorios del c¨®digo penal ajenos a la biolog¨ªa: delitos como los de lesiones incluyen las que son exclusivamente ps¨ªquicas y, en estos casos, la prueba de su ocurrencia es en ocasiones sutil. Adem¨¢s, los m¨¢s dispares movimientos sociales se encuentran un¨¢nimes en la exigencia de rechazo de la violencia, del terrorismo, del maltrato, del acoso... ps¨ªquicos, verbales, t¨¢citos o simb¨®licos. Aqu¨ª, el problema no consiste s¨®lo en la dificultad de la prueba, sino tambi¨¦n en la definici¨®n misma del fen¨®meno por cuya represi¨®n penal se clama. Por ¨²ltimo, la reserva de la identidad de v¨ªctimas, testigos y denunciantes limita las posibilidades de defensa del acusado.

Conviene poner un ¨¢tomo de moderaci¨®n en la locura colectiva de la huida hacia nuevas pol¨ªticas sociales a golpe de c¨®digo penal. El Proyecto Inocencia muestra cu¨¢n lejos se ha podido llegar en sociedades presididas por una severidad extrema, pero sujetas a errores cuando no a descuidos culpables en la defensa y prueba de los hechos: la aplicaci¨®n del c¨®digo penal exige un est¨¢ndar de probabilidad mucho mayor que el requerido por las simples condenas civiles o administrativas, los testimonios deben grabarse y ninguna acusaci¨®n, alegaci¨®n o prueba deber¨¢n dejar de someterse al ba?o de ¨¢cido de la ciencia.

Pablo Salvador Coderch es catedr¨¢tico de Derecho civil en la Universidad Pompeu Fabra.