El capit¨¢n del remolcador 'R¨ªa de Vigo' comunica a la C¨¢mara que el Gobierno no le ha dejado comparecer
El Gobierno central ha impedido que comparezca ante la comisi¨®n del Parlamento gallego que investiga la cat¨¢strofe del Prestige el capit¨¢n del remolcador R¨ªa de Vigo, al que el ministerio encarg¨® el salvamento del petrolero tras su accidente.
El testimonio de Antonio Lamp¨®n Barciela era decisivo para arrojar luz sobre el pol¨¦mico rescate, dado que este remolcador al servicio del Estado espa?ol form¨® parte del dispositivo privado de la firma Smit Tak, contratada por el armador del Prestige.
El juez que investiga este caso ha recabado "informe sobre el estudio realizado y asesoramiento sobre la decisi¨®n de dar remolque al buque en la tarde del 13 de noviembre". Precisamente, la supuesta tardanza en dar remolque por problemas en la negociaci¨®n cimentan las acusaciones por las que el capit¨¢n del Prestige est¨¢ en prisi¨®n. Tambi¨¦n la abogac¨ªa del Estado investiga con ah¨ªnco todo lo relativo al salvamento del Prestige ante lo que consideran un presunto incumplimiento del contrato con el Estado del R¨ªa de Vigo, por interpretar que nunca pudo actuar como remolcador privado. Estos indicios se vieron fortalecidos ayer, seg¨²n letrados estatales consultados, tras publicar este diario un fax de Smit Tak a Sasemar del d¨ªa del accidente, en el que se recalcaba que el R¨ªa de Vigo formaba parte del equipo de la sociedad rescatadora holandesa. La tesis oficial de Remolcanosa, due?a del remolcador R¨ªa de Vigo, es que nunca cometi¨® ninguna ilegalidad en relaci¨®n con el remolcaje del Prestige ni viol¨® su contrato con el Estado.
La raz¨®n del forzado silencio del capit¨¢n del R¨ªa de Vigo ante el Parlamento gallego es que se le "ha hecho saber expl¨ªcitamente de forma verbal", que existe una "decisi¨®n de la Administraci¨®n central rechazando la comparecencia de funcionarios y personal contratado por la Administraci¨®n". Previamente, este empleado de la empresa privada Remolcanosa fue notificado "personalmente" de una resoluci¨®n del secretario de Estado para las Administraciones P¨²blicas, Gabriel Elorriaga, que le indicaba que los funcionarios y autoridades no estaban obligados a comparecer.
Ante este "conflicto notorio de competencias y de interpretaci¨®n y aplicaci¨®n de normas" y, a la espera de que se resuelvan, el capit¨¢n Lamp¨®n declin¨® comparecer por consejo de sus asesores jur¨ªdicos.
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