Las finanzas del terrorismo

El mundo parece haber quedado dividido despu¨¦s del 11 de septiembre de 2001 entre unos pocos productores de terror y una inmensa mayor¨ªa de involuntarios consumidores. Los principales Gobiernos democr¨¢ticos, enfrentados a la realidad del terrorismo internacional, han reaccionado con una dr¨¢stica afectaci¨®n de los derechos y libertades individuales, en algunos casos por v¨ªa legislativa, como en Estados Unidos, Gran Breta?a o Italia, y en otros, como en Espa?a, mediante decisiones gubernamentales. En la b¨²squeda del equilibrio necesario entre libertad y seguridad, casi nadie parece haberse planteado, sin embargo, la necesidad de restringir significativamente algunas libertades comerciales. As¨ª como la marea negra del Prestige ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia internacional del transporte mar¨ªtimo de mercanc¨ªas peligrosas, los atentados de Nueva York, Bali o Nairobi demuestran que la seguridad colectiva depende decisivamente del establecimiento de controles mucho m¨¢s rigurosos que los actuales sobre la circulaci¨®n de capitales, en particular, los procedentes de los para¨ªsos fiscales o los a ellos destinados, y sobre las transacciones internacionales de armas.

Un sector econ¨®mico evidentemente peligroso, el de los estupefacientes, viene siendo objeto de regulaci¨®n mediante convenios internacionales desde hace m¨¢s de cuarenta a?os, y la comunidad internacional considera uniformemente el tr¨¢fico il¨ªcito de drogas y el blanqueo derivado del mismo como delitos de obligada y universal persecuci¨®n. Cabe preguntarse, a fuer de resultar ingenuo, por qu¨¦ el tr¨¢fico il¨ªcito de armas, generador no s¨®lo de peligros para la salud individual y colectiva, sino directamente determinante de la muerte de miles de personas cada a?o en todo el mundo, en conflictos armados o en atentados terroristas, no es considerado no ya crimen internacional universalmente perseguible, sino ni siquiera delito. ?Cu¨¢ntos y cu¨¢les son los intereses que subyacen a ese comercio letal para que no se regule y sus transacciones il¨ªcitas se persigan penal e internacionalmente?

Estados Unidos es el principal exportador de armas del mundo, y controla el 50% de ese mercado. Para dar una idea de la importancia econ¨®mica del sector, basta se?alar que la industria militar del segundo exportador mundial, Gran Breta?a, proporciona empleo a 400.000 personas. La opacidad que por razones pol¨ªticas y de seguridad rodea las transacciones de armas en todo el mundo propicia adem¨¢s que sea, seg¨²n ha resaltado Transparency International, el sector multinacional m¨¢s corrupto, estim¨¢ndose que el 15% del importe total de su cifra de negocio se destina a sobornos.

Las noticias recientes relativas a los misiles Scud norcoreanos interceptados por la Armada espa?ola, destinados al Gobierno de Yemen, que hab¨ªa negado inicialmente ser el adquirente, y luego devueltos por Estados Unidos, la constataci¨®n de que el genocidio de Timor Oriental se ejecut¨® con armamento brit¨¢nico vendido a Indonesia, la revelaci¨®n de que las principales empresas alemanas habr¨ªan proporcionado a Sadam Husein los suministros para que Irak pueda bombardear el territorio israel¨ª como ya lo hiciera durante la guerra del Golfo, la disponibilidad de misiles tierra-aire por un comando de Al Qaeda en Kenia, o incluso el sofisticado armamento utilizado en ocasiones por ETA, demuestran sobradamente la ca¨®tica situaci¨®n del lucrativo tr¨¢fico internacional de armas, del que Espa?a no est¨¢ ausente. Algunos de sus presuntos favorecedores m¨¢s connotados residen apaciblemente en nuestra Costa del Sol porque la tenencia o el dep¨®sito il¨ªcitos de armas y explosivos son constitutivos de delito, pero no lo es su tr¨¢fico, a pesar de que todos somos sus potenciales v¨ªctimas.

Como las armas, el dinero sigue circulando pr¨¢cticamente con la misma libertad que antes del 11-S. Poco despu¨¦s de los atentados, el presidente Bush anunciaba teatralmente un gran paso en la lucha contra el terrorismo con un "golpe de bol¨ªgrafo", ordenando la confiscaci¨®n de los fondos de las organizaciones terroristas. Transcurrido un tiempo prudencial, hemos conocido el balance de aquella medida: se han conseguido bloquear, en todo el mundo, 121 millones de d¨®lares. El Gobierno espa?ol, como otros, secund¨® la iniciativa de Bush y bloque¨® 60 cuentas corrientes, pero el saldo final fue de 20 millones de pesetas. Tales resultados evidencian que los grupos armados operan a trav¨¦s de los canales financieros menos transparentes.

Los espectaculares datos recientemente divulgados del patrimonio (40.000 millones de euros) de la familia Bin Laden, que posee valios¨ªsimos inmuebles en la City londinense, recibe asesoramiento en el mismo despacho de abogados que gestiona el patrimonio de la reina Isabel II, y cuya oveja negra, Osama, sigue sin aparecer, indican adem¨¢s que la tarea pendiente es ingente y compleja. El pajar en el que hay que buscar las agujas es inmenso.

El 9 de diciembre de 1999 se aprob¨® en el marco de la ONU el Convenio para la Represi¨®n de la Financiaci¨®n del Terrorismo, que han firmado 132 Estados, ha recibido 63 ratificaciones y ya se encuentra en vigor. El Convenio prescribe que debe tipificarse como delito la conducta de proveer o recolectar il¨ªcita y deliberadamente fondos para que se utilicen o a sabiendas de que se utilizar¨¢n para cometer atentados, secuestros u otros ataques contra la vida de civiles con el fin de intimidar a la poblaci¨®n o de coaccionar a un Gobierno u organizaci¨®n internacional.

La regulaci¨®n es adecuada, pero notoriamente insuficiente. No contempla la realidad de que las organizaciones terroristas de alguna importancia constituyen hoy un conglomerado complejo de estructura empresarial, en el que los movimientos de fondos presentan perfiles mucho m¨¢s variados que el de la mera captaci¨®n de recursos destinada final¨ªsticamente a cometer atentados; ¨¦sa es s¨®lo una parte, la m¨¢s inmediatamente peligrosa, pero actualmente tales organizaciones tienen ingresos muy diversos, desde los procedentes de las extorsiones y secuestros o las actividades comerciales mediante las que blanquean sus fondoshasta las aportaciones voluntarias, la publicidad pagada en sus medios de comunicaci¨®n o incluso las subvenciones p¨²blicas. Y sus gastos son tambi¨¦n muchos otros, adem¨¢s de los derivados de la actividad que constituye su objeto social primordial, el terror: mantienen a sus integrantes y a las familias de ¨¦stos, invierten en propaganda, financian partidos pol¨ªticos, sufragan campa?as electorales, etc¨¦tera. En consecuencia, la tipificaci¨®n del delito deber¨ªa abarcar otras conductas que no han sido contempladas.

Con todo, y a pesar de sus carencias, el Convenio, que establece tambi¨¦n medidas para la confiscaci¨®n de los fondos destinados al terrorismo o procedentes del mismo, e impone a los Estados obligaciones adicionales de investigaci¨®n, enjuiciamiento o extradici¨®n y cooperaci¨®n internacional, es un instrumento ¨²til, que se ha complementado recientemente con otras normas y decisiones en el ¨¢mbito de la Uni¨®n Europea, y con un proyecto de ley en el derecho interno espa?ol. Sin embargo, repasando la lista de Estados que no lo han firmado, se alcanza una constataci¨®n llamativa: est¨¢n ausentes pr¨¢cticamente todos los para¨ªsos fiscales; es decir, aquellos territorios cuyo sistema jur¨ªdico no solamente establece la nula o baja tributaci¨®n de la mayor parte de las transacciones y dep¨®sitos financieros, sino que adem¨¢s dispensa un r¨¦gimen de opacidad y confidencialidad extremas. Son territorios donde pueden constituirse sociedades mercantiles literalmente an¨®nimas, cuyos administradores y accionistas son desconocidos, que no se someten a control de cambios, no presentan cuentas anuales, cuyos fideicomisos son opacos y sus cuentas, cifradas. Pa¨ªses en los que la asistencia judicial internacional es inexistente por la falta de cooperaci¨®n de sus autoridades, conscientes de que la opacidad es el principal pilar de su sistema econ¨®mico, y porque en ocasiones su r¨¦gimen legal hace que, aun queriendo colaborar, no dispongan de la informaci¨®n requerida.

Aunque el Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional (OCDE), al que pertenece Espa?a, ha establecido recomendaciones para evitar las transacciones que puedan facilitar el blanqueo de capitales, un n¨²mero significativo de pa¨ªses las incumple, y entre los que han sido declarados no cooperadores se mantienen algunos tan importantes como Egipto, Filipinas, Indonesia, Nigeria o Ucrania. En tales condiciones, teniendo en cuenta las elevadas cantidades de fondos de que han demostrado disponer Al Qaeda y otros grupos terroristas, cabe dudar de que hoy por hoy existan las condiciones adecuadas para que aqu¨¦llos puedan ser interceptados.

Tampoco ayuda a la confianza de los ciudadanos conocer que los miembros del comando que atent¨® contra las Torres Gemelas recibieron fondos de la princesa Haifa, esposa del embajador de Arabia Saud¨ª en Washington, o que el ministro de Defensa saud¨ª aparezca presuntamente entre los donantes de fondos a las ONG a las que se imputa financiar a Al Qaeda; y menos a¨²n las dificultades personales del presidente Bush para perseguir apropiadamente esa rama de financiaci¨®n debido a su amistad personal con el embajador saud¨ª y a los importantes v¨ªnculos comerciales que contrajo durante su frustrada aunque muy rentable etapa como empresario petrolero en Tejas y en el golfo P¨¦rsico con personas vinculadas a Salem Bin Laden y Jalid Bin Mahfuz, hermano y cu?ado, respectivamente, de Osama Bin Laden.

Resulta significativo que el Convenio de 1999 demuestre particular preocupaci¨®n para que algunas de las medidas a adoptar a fin de prevenir la financiaci¨®n del terrorismo internacional no obstaculicen "en modo alguno" la libre circulaci¨®n de capitales. O se controla rigurosamente el mercado internacional de armas y el de transacciones financieras con los para¨ªsos fiscales, o los ciudadanos del mundo seguiremos siendo involuntarios consumidores de terror, tan indefensos como los percebes de Finisterre frente a la marea.

Carlos Castresana Fern¨¢ndez es fiscal de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.