La Junta pide que el juez anule los estatutos de Cajasur por incumplimiento "flagrante" de la ley
El Gobierno andaluz comunica a Rato la iniciativa judicial "por lealtad institucional"
Los servicios jur¨ªdicos de la Junta de Andaluc¨ªa presentaron el pasado lunes una demanda contra la decisi¨®n de la Asamblea General de Cajasur de aprobar, el pasado 28 de diciembre, los estatutos propuestos por el presidente de la entidad, el sacerdote Miguel Castillejo. Estos estatutos suponen la consumaci¨®n del proyecto de Castillejo de escapar de la tutela de la Junta para situarse bajo el amparo del Ministerio de Econom¨ªa. Los juristas de la Administraci¨®n auton¨®mica piden la anulaci¨®n de estos estatutos porque incumplen "flagrantemente" varias normas.
Esta demanda constituye el primer paso jur¨ªdico de relieve que la Junta de Andaluc¨ªa va a poner en marcha para abortar la fuga de Cajasur del protectorado auton¨®mico. Los otros dos son el recurso de inconstitucionalidad que ha anunciado contra la Ley Financiera (la norma que ha permitido a Castillejo escapar del control de la Junta) y el recurso contencioso-administrativo que presentar¨¢ si el Ministerio de Ecomom¨ªa aprueba los nuevos estatutos presentados por Castillejo.
La demanda presentada ante un juzgado civil de C¨®rdoba, de 62 folios, analiza punto por punto la estrategia de Castillejo para huir de la tutela auton¨®mica desde la entrada en vigor de la Ley Financiera, el 23 de noviembre de 2002. En poco m¨¢s de un mes, el presidente de Cajasur consigui¨® que el Consejo de Administraci¨®n acordase adherirse a la Ley Financiera y aprobase los nuevos estatutos, que fueron ratificados posteriormente en una pol¨¦mica Asamblea General celebrada el d¨ªa de los Santos Inocentes.
A la par que la Junta presentaba la demanda, la consejera de Econom¨ªa, Magdalena ?lvarez, remiti¨® una carta al ministro de Econom¨ªa, Rodrigo Rato, en la que le comunica la iniciativa legal (de la que adjunta una copia) "en atenci¨®n al principio de lealtad institucional".
Los juristas de la Junta subrayan en la demanda los defectos de fondo y de forma en este proceso y no dudan en destacar que Cajasur ha incumplido "flagrantemente" varias normas: el Estatuto de Autonom¨ªa de Andaluc¨ªa; la Ley de Cajas auton¨®mica; la LORCA (la ley b¨¢sica del Estado sobre las cajas de ahorro); la Ley de Acompa?amiento de los Presupuestos andaluces de 2003 y un decreto auton¨®mico de diciembre del a?o pasado que establec¨ªa que para adherirse a la Ley Financiera ten¨ªan que estar de acuerdo los dos socios fundadores de Cajasur (la Iglesia cat¨®lica y la Diputaci¨®n de C¨®rdoba, que se ha opuesto al proceso auspiciado por Castillejo).
Regresi¨®n democr¨¢tica
La demanda detalla todos los art¨ªculos de los estatutos que, en su opini¨®n, incumplen las normas antes citadas (42 en total), aunque se centra en la vulneraci¨®n de los derechos de la Diputaci¨®n como fundadora de la entidad; en la fuga de la tutela auton¨®mica y en la regresi¨®n de los principios democr¨¢ticos con los que funcionan las cajas de ahorro.
En este sentido, la demanda hace hincapi¨¦ en que el art¨ªculo 18 del Estatuto de Autonom¨ªa establece que la Junta tiene competencia plena en materia de cajas de ahorros, extremo que seg¨²n la Junta se vulnera al situarse Cajasur al amparo del Ministerio de Econom¨ªa.
Frente al argumento de Castillejo de que s¨®lo la Iglesia cat¨®lica es fundadora de Cajasur, la demanda explica que las diputaciones provinciales s¨®lo pueden estar en los ¨®rganos de gobierno de las cajas por el grupo de los fundadores, ya que las otra v¨ªas de representaci¨®n pol¨ªtica corresponden a los ayuntamientos y a la Junta. Tambi¨¦n destaca la Junta que Castillejo ha aumentado el peso de la Iglesia en Cajasur (en la Asamblea pasa de tener el 35% al 46% y en el Consejo de Administraci¨®n, del 35% al 50%) en claro detrimento de los dem¨¢s grupos con representaci¨®n en la entidad financiera (diputaci¨®n, ayuntamientos, impositores y trabajadores).
Adem¨¢s, la Junta sostiene que la decisi¨®n de que sea la Asamblea General la que elija a los representantes de todos los grupos y no estos, como hasta ahora, "pervierte el principio de representatividad y pluralismo". Seg¨²n la demanda, "esta intromisi¨®n en la conformaci¨®n de la voluntad de cada uno de los grupos" supone ir a un "sistema claramente presidencialista" ya que el fundador podr¨¢ decidir en la pr¨¢ctica la representaci¨®n de cada uno de los dem¨¢s miembros que forman parte de los ¨®rganos de gobierno de Cajasur.
Un conflicto con m¨²ltiples frentes abiertos
La presentaci¨®n de la demanda de la Junta contra la decisi¨®n de la Asamblea de Cajasur de aprobar nuevos estatutos se suma a los m¨²ltiples recursos contencioso-administrativos e impugnaciones judiciales en que ha derivado el conflicto entre el Ejecutivo andaluz y la entidad que preside el sacerdote Miguel Castillejo.-Inspecci¨®n: La Consejer¨ªa de Econom¨ªa inici¨® en octubre la primera inspecci¨®n sobre Cajasur tras la promulgaci¨®n de la Ley auton¨®mica de Cajas, que le faculta para ello. Econom¨ªa contrat¨® a la consultora KPMG para auxiliarle en la inspecci¨®n. Cajasur primero recurri¨® el concurso de adjudicaci¨®n a KPMG por cuestiones formales y luego pidi¨® la suspensi¨®n de la inspecci¨®n. Ambos recursos han sido desestimados por Econom¨ªa, el ¨²ltimo el pasado lunes. -P¨®liza de Castillejo: la Consejer¨ªa de Econom¨ªa requiri¨® en noviembre a Cajasur informaci¨®n sobre la suscripci¨®n de una p¨®liza de 2,9 millones de euros en favor de su presidente, que permitir¨¢ a ¨¦ste percibir de por vida su sueldo (213.000 euros) cuando deje la caja. Tras m¨²ltiples dilaciones, la entidad envi¨® la p¨®liza. El 14 de noviembre, los servicios jur¨ªdicos de la Junta concluyeron que la p¨®liza estaba prohibida por la Ley andaluza de Cajas al ser considerada una indemnizaci¨®n por cese en el cargo. Econom¨ªa abri¨® un expediente informativo al que Cajasur present¨® alegaciones: la entidad defiende que se trata de un complemento de pensi¨®n y que la Junta no puede suspender un acuerdo de un Consejo de Administraci¨®n. La Consejer¨ªa a¨²n no ha iniciado la apertura de un expediente sancionador. -Adhesi¨®n a la Ley Financiera: Cajasur, en un Consejo de Administraci¨®n celebrado el 3 de diciembre, decide enviar al Ministerio de Econom¨ªa la documentaci¨®n que acredita que es una entidad de fundaci¨®n directa de la Iglesia y que, por tanto, cumple con las condiciones establecidas en la nueva Ley Financiera estatal para pasar a ser tutelada por el Ministerio. La Junta impugn¨® esta decisi¨®n ante un juzgado de C¨®rdoba, que a¨²n no ha dictaminado aunque el 25 de diciembre desestim¨® suspender cautelarmente la iniciativa de Cajasur. La Consejer¨ªa de Econom¨ªa tambi¨¦n ha iniciado los tr¨¢mites previos para presentar un recurso contencioso-administrativo contra cualquier acto del Ministerio que reconozca el nuevo estado de Cajasur. -Nuevos estatutos: la entidad cordobesa aprob¨® unos nuevos estatutos el 28 de diciembre, que fortalecen el poder de la Iglesia en la entidad. La Junta present¨® el lunes una demanda contra esta decisi¨®n (ver informaci¨®n de arriba). -Ley Financiera: la Junta de Andaluc¨ªa ha anunciado que recurrir¨¢ ante el Tribunal Constitucional la nueva norma estatal por vulnerar competencias auton¨®micas. Los servicios jur¨ªdicos prev¨¦n que estar¨¢ listo a finales de febrero.
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