Terremoto penal

La ofensiva legal contra el terrorismo y la delincuencia en general iniciada el 26 de diciembre por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar con su anuncio unilateral -al margen de los pactos antiterrorista o sobre la justicia- de elevar de 30 a 40 a?os el l¨ªmite legal de cumplimiento de condena ha concluido de momento con el anteproyecto de reforma de C¨®digo Penal aprobado el viernes por el Consejo de Ministros. Una reforma que constituye un verdadero terremoto penal -la modificaci¨®n de 175 de los 639 de que consta el C¨®digo de 1995- y que, por ello, resulta sorprendente. Se desconoc¨ªa que la comisi¨®n nombrada por el Gobierno a finales de 2000 para ajustar penas que resultaban descompesadas en el actual C¨®digo trabajara en una reforma de esa envergadura, que introduce nuevos delitos, agrava otros y endurece las penas de prisi¨®n.

No hay que negarle al Gobierno habilidad para conducir la opini¨®n p¨²blica a los asuntos que le interesan y distraerla de los que le molestan -sus responsabilidades por la gesti¨®n de la crisis del Prestige o el manifiesto incumplimiento de su objetivo anual de inflaci¨®n, entre otros- o para presentarse como el bombero de incendios que no ha sabido apagar o que incluso ha agravado en sus casi siete a?os en el poder. El asunto de la inseguridad ciudadana es un ejemplo de este comportamiento habilidoso -o sin complejos, como gusta denominarlo a sus portavoces - con que el Gobierno sabe disfrazar en ¨¦xito propio lo que constituye un fracaso en toda regla de su pol¨ªtica.

De negar que el problema existiera y de eludir, por tanto, cualquier tipo de responsabilidad, ha pasado en poco tiempo a toda una ofensiva de reformas legales, dosificada en sucesivas entregas, cuya justificaci¨®n estriba en la existencia de un descomunal problema de inseguridad ciudadana en Espa?a. El problema existe, en contra de lo que el Gobierno dec¨ªa hace unos meses, pero no en la medida en que quiere hacer creer ahora. Parece como si Aznar hubiera ca¨ªdo en la cuenta de que exacerbar el problema har¨¢ m¨¢s meritoria su actuaci¨®n, m¨¢s cre¨ªbles y socialmente solicitadas sus iniciativas legales para erradicarlo y le dar¨¢ f¨¢ciles y cuantiosos r¨¦ditos en las confrontaciones electorales que se avecinan. Y en este empe?o alarmista destaca un ministro de Justicia que parece pugnar por desplazar a su colega de Interior del mando de los guardias y que pronostica que a partir de ahora se podr¨¢ ir por la calle sin que le roben a uno el bolso o la cartera, como si lo normal no fuera lo contrario de lo que sugiere el ministro.

La reforma del C¨®digo Penal propuesta -casi un C¨®digo Penal de nueva planta sin debate previo con las fuerzas pol¨ªticas- contiene, sin duda, aciertos en ¨¢mbitos en los que el C¨®digo de 1995 hab¨ªa quedado desfasado, como la violencia dom¨¦stica, el tr¨¢fico de inmigrantes o determinadas manifestaciones de la delincuencia organizada. Pero, aparte de su clara opci¨®n carcelaria como panacea frente a los problemas de inseguridad ciudadana - sobre todo, la de los peque?os delincuentes a los que Aznar prometi¨® barrer de las calles-, la reforma contiene aspectos harto discutibles e incluso preocupantes desde las exigencias de un derecho penal propio de sociedades civilizadas y democr¨¢ticas.

Que la reincidencia en el delito -no las sucesivas detenciones policiales, como pretende hacer creer a veces la propaganda del Gobierno- sea una agravante espec¨ªfica para aumentar la pena, y no s¨®lo gen¨¦rica como ahora, es aceptable, aunque discutible. Pero que la sustracci¨®n de un tel¨¦fono m¨®vil -un bien de consumo que se cuenta por millones en nuestras sociedades- se castigue con la c¨¢rcel es una muestra del rigorismo penal que caracteriza la reforma. Y que cuatro faltas se conviertan en delito es dar marcha atr¨¢s en el t¨²nel del tiempo y volver al antiqu¨ªsimo derecho penal de autor, en el que la personalidad del infractor define, en ¨²ltimo t¨¦rmino, la gravedad del hecho y su sanci¨®n. En el siglo XVI, a quien comet¨ªa tres hurtos se le conduc¨ªa a la hoguera.

A falta de pol¨ªticas preventivas y de medios en la lucha contra el delito -prueba de ello es la disminic¨®n de la plantilla policial en 7.000 efectivos en estos a?os y la carencia de infraestructura para poner en marcha los juicios r¨¢pidos, como denuncian los jueces de Madrid- el Gobierno ha optado por poner el derecho penal y el sistema judicial, retorciendo el primero y poniendo en entredicho la independencia del segundo, al servicio de su pol¨ªtica sobre seguridad. ?Qu¨¦ nuevas iniciativas legales se reserva el Gobierno si tras su reforma penal de m¨¢ximos y con las c¨¢rceles a rebosar carteristas, rateros y tironeros siguen haciendo su agosto en centros urbanos y zonas tur¨ªsticas? ?Que har¨¢ entonces el ministro de Justicia?