La dictadura y los fideos

La f¨¢brica de fideos Lucchetti, perteneciente a uno de los conglomerados econ¨®micos m¨¢s grandes de Chile, el grupo Luksic, acaba de cerrar sus puertas en Lima, poniendo fin de este modo al empe?o de la empresa por instalarse en el Per¨², que inici¨® en 1996 y que, seg¨²n sus due?os, ha significado una inversi¨®n -una p¨¦rdida- de unos 150 millones de d¨®lares.

Una virulenta controversia entre Lucchetti y la Municipalidad de Lima precedi¨® el cierre de la f¨¢brica, a la que aqu¨¦lla acusaba de haber sido construida, violando la ley, en un terreno ecol¨®gico protegido -los pantanos de Villa-, sin contar con los permisos debidos y en desobediencia flagrante de prohibiciones expresas de la comuna lime?a. A estos cargos, Lucchetti respond¨ªa que era v¨ªctima de discriminaci¨®n, que hab¨ªa actuado dentro de la ley y que la controversia la hab¨ªa dirimido, a su favor, un fallo judicial.

Para entender lo ocurrido conviene reconstruir algunos hechos claves de esta historia, y, principalmente, tener muy presente que ella se enmarca en el contexto de la dictadura de Fujimori y Montesinos (1990-2000), sin cuyos m¨¦todos y costumbres nefastos ella jam¨¢s habr¨ªa tenido lugar. El caso Lucchetti sirve de manera luminosa para mostrar c¨®mo una dictadura no s¨®lo atropella los derechos humanos e institucionaliza la corrupci¨®n en un pa¨ªs; tambi¨¦n, distorsiona profundamente el funcionamiento de la vida econ¨®mica imponiendo a las empresas y a los empresarios unas reglas de juego que, en tanto que a algunos los enriquece de manera arbitraria, a otros los desprestigia y los arruina, a menudo injustamente. El gran error de Lucchetti no fue tanto erigir una f¨¢brica en un terreno ecol¨®gico protegido al que pod¨ªa da?ar, sino hacerlo convencido de que las reglas de juego mafiosas y gansteriles del fujimontesinismo, si se pon¨ªan de su lado, le allanar¨ªan todos los obst¨¢culos que le presentaba una Municipalidad a la que la dictadura, por su posici¨®n opositora, odiaba y ten¨ªa sometida a un acoso implacable.

No tengo la menor duda de que el grupo Luksic opera en Chile, un pa¨ªs donde existe un sistema legal digno de ese nombre, respetuoso con las leyes vigentes. Y, por esa raz¨®n, creo tambi¨¦n improbable que, all¨¢, Lucchetti hubiera emprendido la construcci¨®n de la f¨¢brica con los permisos insuficientes, como lo hizo en Lima: s¨®lo una licencia para levantar "un muro perim¨¦trico" y una disposici¨®n edilicia para habilitar una zona rural al casco urbano. ?Alguien le hizo suponer que confiando la construcci¨®n de la f¨¢brica a la empresa J.J. Camet, de la familia del entonces influyente ministro de Econom¨ªa de la dictadura, Jorge Camet, se eclipsar¨ªan los obst¨¢culos? No ocurri¨® as¨ª. Cuando, luego de la intervenci¨®n y denuncia de diversas organizaciones ecologistas, la municipalidad de Lima orden¨® la paralizaci¨®n de las obras, revocando una licencia obtenida por Lucchetti de la municipalidad del distrito de Chorrillos, la f¨¢brica estaba pr¨¢cticamente construida. Entonces, los directivos chilenos llevaron el caso al Poder Judicial.

Hasta aqu¨ª, todav¨ªa puede considerarse que la controversia opon¨ªa a una empresa privada y al municipio de Lima sin que terciara en ella, por lo menos de manera muy visible, la pol¨ªtica. Pero, a partir de ahora, ya no. Sabedores de que en el r¨¦gimen de Fujimori y Montesinos, como ocurre en todas las dictaduras, los tribunales y los jueces eran meros t¨ªteres a los que hac¨ªa danzar a su antojo el poder autoritario, los due?os de la empresa fueron a defender su caso ante el fact¨®tum todopoderoso del r¨¦gimen, el celeb¨¦rrimo Vladimiro Montesinos, "asesor" de inteligencia y jefe supremo de la corrupci¨®n. Lo que nunca sospecharon los empresarios chilenos es que Montesinos no s¨®lo los escuchar¨ªa y les prometer¨ªa ayudarlos, sino que, al mismo tiempo, grabar¨ªa en un video las entrevistas que celebr¨® con ellos, y que a?os despu¨¦s, al producirse la fuga de Fujimori al Jap¨®n, por lo menos dos de aquellas cintas se har¨ªan p¨²blicas. Ambas grabaciones son extraordinariamente instructivas sobre la manera c¨®mo se resolv¨ªan los conflictos empresariales y judiciales en el Per¨², en esos a?os de barbarie.

En uno de ellos, un ben¨¦volo Montesinos escucha al principal accionista del grupo Luksic, don Andr¨®nico Luksic Craig, pedirle colaboraci¨®n y explicarle de qu¨¦ modo se podr¨ªa orientar la acci¨®n judicial de manera favorable a los intereses de Lucchetti. Montesinos sonr¨ªe y consiente: "Yo quiero que usted se lleve su resoluci¨®n ahora..." En el otro video, el directivo chileno de la empresa, don Gonzalo Men¨¦ndez, acompa?ado del publicista titulado de la dictadura, Daniel Borobio, pide a Montesinos que el caso se resuelva cuanto antes en el Poder Judicial, mediante "una guerra corta, sangrienta y decisiva". Luego, los contertulios bromean y se despachan alegremente, lanzando improperios contra el alcalde Alberto Andrade y contra el diario El Comercio, que hab¨ªa respaldado al burgomaestre en su campa?a contra Lucchetti. (A ra¨ªz de estos videos, hay abierto un juicio anticorrupci¨®n y por tr¨¢fico de influencias a los dos directivos de la empresa). A?adamos que poco despu¨¦s un juez dict¨® una resoluci¨®n favorable a Lucchetti, y que dicho ex-magistrado est¨¢ ahora preso, como uno de los instrumentos m¨¢s diligentes y corruptos de que se vali¨® Montesinos para revestir sus robos y cr¨ªmenes de legitimidad jur¨ªdica.

La ca¨ªda de la dictadura y la aparici¨®n de los videos con los que Montesinos documentaba sus fechor¨ªas desbarat¨® toda la defensa de Lucchetti, deslegitim¨® sus tesis y le gan¨® la hostilidad de la inmensa mayor¨ªa de la opini¨®n p¨²blica, la que, desde entonces, apoy¨® resuelta y masivamente a la municipalidad de Lima. ?sta, a fines del a?o pasado, confirm¨® la clausura de la f¨¢brica cuestionada. Aunque Lucchetti pidi¨® primero una pr¨®rroga, luego cambi¨® de opini¨®n y procedi¨® a cerrar la f¨¢brica. Ahora, ha entablado una demanda contra el Estado peruano ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), organismo cuya competencia para intervenir en este conflicto el gobierno peruano rechaza alegando que su creaci¨®n es posterior al conflicto en cuesti¨®n. Es de esperar que la disputa diplom¨¢tica se alargue lo suficiente para que los ¨¢nimos se calmen y que, m¨¢s temprano que tarde, los gobiernos lleguen a un acuerdo que ponga punto final a este lastimoso episodio que no deber¨ªa enturbiar las relaciones entre dos pa¨ªses vecinos y que, por fortuna, comparten ahora un sistema democr¨¢tico. Y, asimismo, que lo ocurrido no afecte las excelentes relaciones econ¨®micas entre Chile y Per¨², donde m¨¢s de 250 empresas chilenas tienen inversiones en energ¨ªa, industria, finanzas y comercio por un monto que supera los tres mil millones de d¨®lares. La mayor parte de estas empresastienen buenos, y, algunas, magn¨ªficos resultados. Contrariamente a lo que ciertos comentaristas han insinuado, no hay hostilidad en la sociedad peruana hacia la inversi¨®n chilena en el Per¨², sino, m¨¢s bien, lo contrario, y el caso Lucchetti no parece haber cambiado la disposici¨®n favorable de la opini¨®n p¨²blica hacia los inversionistas chilenos, que entiende son muy ¨²tiles para el desarrollo nacional.

A muchas personas les he o¨ªdo decir que se ha cometido una injusticia con Lucchetti. ?Acaso esa empresa hizo otra cosa que seguir las reglas de juego impuestas por la dictadura?, preguntan. ?Acaso los permisos para construir una f¨¢brica, en ese r¨¦gimen de ladrones, no se obten¨ªan siempre de manera precaria y sinuosa porque ello favorec¨ªa la corrupci¨®n? ?Qu¨¦ otra cosa pod¨ªa hacer Lucchetti sino imitar lo que hicieron otros empresarios nacionales y extranjeros que pagaron coimas, o entraron en alianzas delictuosas con los hombres del gobierno, si ¨¦sta era la ¨²nica manera de hacer negocios, y sobre todo de tener ¨¦xito en el Per¨² de esos a?os escabrosos? Aunque no es exacto que todas las empresas incurrieran en los a?os de la dictadura en pr¨¢cticas mafiosas -por fortuna, hubo algunas que se las arreglaron para no ensuciarse-, en el fondo de este argumento hay una verdad, aunque, desde mi punto de vista, ello no exculpe a Lucchetti, sino, ¨²nicamente, ponga de manifiesto su mala estrella. Nada m¨¢s. Qu¨¦ mala suerte, para esa infeliz empresa, que le saliera al paso un alcalde que no se dej¨® intimidar por la aplastante maquinaria del fujimontesinismo y se empe?ara, contra viento y marea, en hacer respetar la ley, contra un r¨¦gimen que la violaba a cada instante. Qu¨¦ mala suerte que Montesinos grabara aquellas reuniones incriminatorias, en tanto que otros tantos empresarios que fueron a la oficina del "Doctor" a perpetrar parecidos contubernios no fueron grabados, o consiguieron hacer desaparecer esos videos a tiempo. Y qu¨¦ mala suerte que la dictadura se desplomara cuando ya todo el pastel de fideos parec¨ªa cocinado y listo para degustarlo...

El caso Lucchetti ilustra de manera ejemplar las distorsiones traum¨¢ticas que para el funcionamiento de las empresas acarrea un r¨¦gimen autoritario, como el que padeci¨® el Per¨² en la d¨¦cada de los noventa. Todav¨ªa hay ingenuos, entre los empresarios peruanos, que a?oran a Fujimori. Es verdad que algunos de ellos hicieron estupendos negocios. Pero, a muchos otros, en cambio, como a Lucchetti, ese sistema que vulneraba todas las leyes y los principios ¨¦ticos y la m¨¢s elemental decencia pol¨ªtica, los arrastr¨® en un turbio remolino y los perjudic¨® tremendamente. El perjuicio no fue s¨®lo econ¨®mico, sino de imagen y de cr¨¦dito moral. M¨¢s todav¨ªa: las malas costumbres que introdujo y propag¨® esa dictadura que algunos osan todav¨ªa calificar de "neoliberal" causaron un gran da?o a la empresa privada y al r¨¦gimen de econom¨ªa libre en general, haciendo que en el imaginario colectivo de los peruanos este sistema apareciera identificado con un r¨¦gimen que inspira verg¨¹enza y esc¨¢ndalo. Las heridas y traumas que el fujimonstesinismo ha dejado en el Per¨² ser¨¢n de convalecencia todav¨ªa m¨¢s larga que las de Lucchetti.