Segunda versi¨®n, a la baja, del modelo Alzira

La Generalitat estren¨® en 1997 un modelo de contrato de concesi¨®n administrativa de los servicios sanitarios p¨²blicos dise?ado para aliviar los costes de la atenci¨®n m¨¦dica a los ciudadanos. La novedosa apuesta, "pionera", en la jerga oficial del PP, o "valiente", en palabras de un alto ejecutivo alem¨¢n, provoc¨® gran pol¨¦mica y lleg¨® a los tribunales. La gesti¨®n de la salud no compara con la distribuci¨®n del agua potable, paradigma de la concesi¨®n administrativa. Pero el empe?o de Eduardo Zaplana por experimentar nuevos modelos de gesti¨®n se impuso.

Una sociedad encabezada por la aseguradora Adeslas, vinculada al grupo Aguas de Barcelona; financiada por tres cajas de ahorro, Bancaixa, CAM y Caixa Carlet; y participada por dos constructoras, Dragados y Lubasa, levant¨® el hospital de La Ribera, en Alzira, y asumi¨® la gesti¨®n de los servicios m¨¦dicos de atenci¨®n especializada en la comarca durante diez a?os a cambio de una compensaci¨®n tasada en 204 euros por vecino y a?o que deb¨ªa soportar el coste ordinario del hospital, amortizar los costes de su construcci¨®n y dotaci¨®n y, naturalmente, generar alg¨²n beneficio. El contrato estimaba que poner en marcha el hospital exigir¨ªa una inversi¨®n de 32,4 millones de euros. Y fijaba un plazo de seis meses para establecer el coste real adelantado por los concesionarios.

La Generalitat insisti¨® en ocultar el coste del experimento

?Qui¨¦n ejercer¨¢ el control de la gesti¨®n sanitaria del futuro hospital?

Nunca se aclar¨® el detalle de las partidas de gasto consideradas para establecer la compensaci¨®n que la Generalitat se comprometi¨® a pagar a cambio de la prestaci¨®n de la atenci¨®n sanitaria especializada a los vecinos de La Ribera. El diputado socialista Jos¨¦ Camarasa aventura que la factura se cifr¨® con criterios "cabal¨ªsticos" y sugiere que, tal vez, se consider¨® el gasto p¨²blico medio anual por ¨¢rea de salud, se dividi¨® por el n¨²mero de habitantes y se recort¨® un 20% el resultado.

El hospital de La Ribera ha servido a los vecinos desde entonces. Adeslas, que se garantiz¨® la direcci¨®n m¨¦dica y financiera, ha recibido varios premios y reconocimientos por su capacidad para establecer al detalle y maximizar los costes de varios procesos cl¨ªnicos habituales. Y la Generalitat ha hecho lo posible por ocultar el coste real del experimento para las arcas p¨²blicas.

La oposici¨®n ha denunciado varias triqui?uelas autorizadas por la Generalitat para engordar la factura, entre ellas el traslado de pacientes de otras ¨¢reas de salud al hospital de La Ribera o los cargos por prestaciones m¨¦dicas comunes o servicios farmac¨¦uticos que consideraba recogidos en el contrato original. El coste real de la construcci¨®n del hospital y su dotaci¨®n se estableci¨® en febrero de 2002, a?os despu¨¦s de lo acordado, y se cifr¨® en 63,4 millones de euros, el doble de lo previsto en el contrato original.

Los n¨²meros nunca se hicieron p¨²blicos. La Generalitat insisti¨® en ocultar el coste del experimento. Y opt¨® por ampliar el objeto de la concesi¨®n de servicios para incorporar la sanidad primaria, cuya prestaci¨®n es mucho m¨¢s barata. Tambi¨¦n revis¨® la compensaci¨®n por la prestaci¨®n del servicio para fijarla en 379 euros por habitante y a?o, pr¨¢cticamente el doble de lo establecido en el experimento original. Tambi¨¦n elev¨® a 15 a?os el plazo de la concesi¨®n administrativa.

Para vestir la modificaci¨®n del contrato tuvo que convocar un nuevo concurso y, por lo tanto, pagar el rescate de la concesi¨®n a la sociedad que gestionaba el hospital de Alzira a la que hab¨ªa cedido la gesti¨®n de la sanidad especializada durante diez a?os. El rescate se elev¨® a 43,9 millones de euros, una factura que pagar¨ªa el nuevo adjudicatario. Si lo hubiera. Pero que no cubr¨ªa el coste de construcci¨®n y dotaci¨®n del hospital que hab¨ªa anticipado la sociedad encabezada por Adeslas.

Para culminar el traje, al concurso para renovar la concesi¨®n de los servicios sanitarios en La Ribera se sum¨® otro para gestionar las mismas prestaciones, de atenci¨®n primaria y especializada, en una zona de la Vega Baja que inclu¨ªa la construcci¨®n de un hospital en Torrevieja.

Las condiciones revisadas del nuevo contrato despertaron el inter¨¦s de empresas como la aseguradora alemana DKV, propietaria de Previasa, y vinculada al mayor grupo europeo de seguros de salud, o la estadounidense United Surgical Partners (USP), titular de ocho hospitales privados en Espa?a, que siempre limitaron su inter¨¦s a la zona de la Vega Baja.

La recomposici¨®n del accionariado de la sociedad adjudicataria del hospital de La Ribera, debido a la desaparici¨®n de Caixa Carlet y la asociaci¨®n de las dos grandes cajas de ahorro asentadas en la Comunidad Valenciana a trav¨¦s de una Cartera de Participaciones Empresariales (CPE) compartida a partes iguales, ha sido un factor clave en la composici¨®n de alianzas para optar a la versi¨®n revisada del experimento original.

CPE ha afrontado el concurso desde la posici¨®n de socio necesario. Sus dirigentes se han permitido cargar contra Adeslas, su socio en La Ribera, alegando que la aseguradora, desde su posici¨®n mayoritaria, nunca ha compartido los negocios paralelos a la estricta gesti¨®n m¨¦dica del centro como las compras de material, provisiones o mantenimiento.

Un portavoz de Adeslas se limit¨® a expresar "extra?eza" ante el volumen del ruido generado por sus socios. Porque el ruido, extra?o, era un mensaje dirigido a DKV, el socio tecnol¨®gico que hab¨ªa sido bendecido por el poder para gestionar los servicios sanitarios en la Vega Baja.

Tres altos ejecutivos de DKV llegaron a convocar a un grupo de periodistas para compartir el inter¨¦s de la empresa por levantar y gestionar un hospital en Torrevieja una semana antes de que vencieran los plazos para optar al concurso. Los directivos de la empresa apuntaron los estudios sobre los servicios de salud elaborados en la zona, avanzaron su vocaci¨®n de levantar un aut¨¦ntico escaparate para sus procedimientos cl¨ªnicos y deslizaron su disposici¨®n a renunciar al concurso si no quedaba clara su posici¨®n dominante en la gesti¨®n sanitaria.

Pero tropezaron con la valencianizaci¨®n del proyecto que impusieron sus interlocutores de CPE. Altos ejecutivos de las dos cajas celebraron en privado la solvencia del socio tecnol¨®gico dispuesto en la letra peque?a y no escrita del concurso y reiteraron que su ¨²nico inter¨¦s era compartir los beneficios de la concesi¨®n. Pero otros representantes en las cajas de ahorro apostaron por dominar todos los extremos de la gesti¨®n privatizada del servicio p¨²blico.

DKV renunci¨® a levantar el nuevo hospital de Torrevieja apenas 48 horas antes de que venciera el plazo. La presi¨®n adjetiva sobre la filial del gigantesco grupo de seguros y reaseguros Ergo, sociedad madre de DKV, fue excesiva.

Pero el plante de DKV amenazaba la reedici¨®n del experimento. Si el concurso hubiera quedado desierto habr¨ªa quedado en entredicho la credibilidad del modelo auspiciado en su d¨ªa por el presidente regional del PP. ?Resultado?

La sociedad que ven¨ªa gestionando el hospital de La Ribera, que acept¨® un rescate de la concesi¨®n original inferior a la inversi¨®n que hab¨ªa asumido y, naturalmente, controlada por Adeslas, opta en solitario a gestionar la atenci¨®n sanitaria de los vecinos de la comarca.

Otra sociedad, controlada por las cajas (40%), soportada tecnol¨®gicamente sobre la aseguradora Asisa (25%), la Cl¨ªnica Benidorm (10%), el Hospital San Jaime de Torrevieja (10%), y apoyada por las constructora Necso (10%) y Enrique Ort¨ªz e Hijos (5%), formul¨® apresuradamente la ¨²nica oferta de ¨²ltima de hora para optar a la gesti¨®n del servicio sanitario p¨²blico en la Vega Baja.

Todo indica que Adeslas y sus socios obtendr¨¢n mejores resultados en el futuro inmediato en La Ribera. Pero respecto al futuro sanitario de la Vega Baja s¨®lo surgen interrogantes. La Cl¨ªnica Benidorm ha sido se?alada durante a?os por ser el ¨²nico centro m¨¦dico capaz de ofrecer ciertas prestaciones sanitarias en la capital de la Marina Baixa y por disfrutar de una posici¨®n exclusiva, aparentemente amparada por la Generalitat, seg¨²n han denunciado los promotores de otros hospitales privados en la localidad. La oposici¨®n ha acu?ado el t¨¦rmino benidormizaci¨®n como caricatura de la valencianizaci¨®n para ubicar el caso.

Y, m¨¢s all¨¢ de las sospechas, algunas preguntas: ?Qui¨¦n ejercer¨¢ el control de la gesti¨®n sanitaria del futuro hospital? ?Acaso las cajas de ahorro? ?Se ampliar¨¢ el hospital San Jaime de Torrevieja, aval de uno de los socios tecnol¨®gicos minoritarios, o se construir¨¢ un nuevo centro p¨²blico para hacerle la competencia?

Y, por encima de todo, ?alguien recuerda, m¨¢s all¨¢ de porcentajes, que el objeto del concurso es la salud de los vecinos?