El Gobierno tambi¨¦n eleva un 33% el l¨ªmite del delito 'financiero'

El anteproyecto de reforma del C¨®digo Penal aprobado por el Gobierno eleva el l¨ªmite para considerar delito el tr¨¢fico de informaci¨®n privilegiada en los mercados de 450.000 a 600.000 euros, un 33%. Otro tanto sucede con el fraude en las cotizaciones a la Seguridad Social, cuyo l¨ªmite pasa de 90.000 a 120.000 euros, igual que el delito fiscal. Hacienda explic¨® ayer que la reforma responde a una actualizaci¨®n de todas las cuant¨ªas referidas a delitos.

La reforma del C¨®digo Penal la impulsa Justicia y tiene por delante un largo periodo de tramitaci¨®n. Fuentes de Hacienda explicaron ayer que no se ha pronunciado y que, en general, la elevaci¨®n de las cuant¨ªas para considerar delitos responde a una actualizaci¨®n de los precios. Adem¨¢s del aumento del delito fiscal, un 33%, otros cambios que recoge el anteproyecto (v¨¦ase gr¨¢fico) son:

- Informaci¨®n privilegiada. El delito de informaci¨®n privilegiada est¨¢ recogido en el art¨ªculo 285 del C¨®digo Penal, que en su nueva redacci¨®n establece: "Quien de forma indirecta o por persona interpuesta usare de alguna informaci¨®n relevante para la cotizaci¨®n de cualquier clase de valores o instrumentos negociados en alg¨²n mercado organizado, oficial o reconocido, a la que haya tenido acceso reservado con ocasi¨®n del ejercicio de su actividad, o la suministrare obteniendo para s¨ª o para un tercero un beneficio econ¨®mico superior a 600.000 euros (antes, 450.000) o causando un perjuicio de id¨¦ntica cantidad, ser¨¢ castigado con la pena de prisi¨®n de uno a cuatro a?os, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido e inhabilitaci¨®n especial para el ejercicio de la profesi¨®n o actividad de dos a cinco a?os". En la v¨ªa administrativa, el uso de informaci¨®n privilegiada (al margen de su cuant¨ªa) est¨¢ penalizado por la CNMV con la suspensi¨®n de actividad y multas que en el caso m¨¢s extremo pueden llegar al qu¨ªntuplo del beneficio obtenido.

- Fraude a la Seguridad Social. El nuevo c¨®digo, en su art¨ªculo 307, eleva tambi¨¦n un 33% (de 90.000 a 120.000 euros) el l¨ªmite del fraude cometido contra la Seguridad Social para ser considerado delito. As¨ª, el citado art¨ªculo estipula: "El que por acci¨®n u omisi¨®n defraude a la Seguridad Social para eludir el pago de las cuotas de ¨¦sta y conceptos de recaudaci¨®n conjunta, obtener indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutar de deducciones por cualquier concepto asimismo de forma indebida y con ¨¢nimo fraudulento, siempre que la cuant¨ªa de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o de deducciones indebidas exceda de 120.000 euros (antes 90.000), ser¨¢ castigado con la pena de prisi¨®n de uno a cuatro a?os y multa del tanto al s¨¦xtuplo de la citada cuant¨ªa.

- Contabilidad mercantil. Las penas por no llevar adecuadamente la contabilidad que exige la Ley Tributaria, siempre que los "cargos o abonos omitidos o falseados" excedan de 240.000 euros, estar¨¢n penados con pena de prisi¨®n de entre cinco y siete meses. En este caso, recogido en el art¨ªculo 310 del c¨®digo, se elevan las penas, que antes eran de 7 a 15 fines de semana, aunque desaparecen las multas, que en el anterior c¨®digo eran de 3 a 10 meses. Como en los casos anteriores, se actualiza la cuant¨ªa que marca la comisi¨®n del delito, que pasa de 180.000 euros en el anterior c¨®digo a 240.000 en la propuesta que ha aprobado el Gobierno.

La elevaci¨®n de un 33% del delito fiscal fue duramente criticada ayer por el PSOE. Su portavoz de Justicia, Juan Fernando L¨®pez Aguilar, asegur¨® que la iniciativa "est¨¢ fuera del Pacto por la Justicia" que su partido firm¨® con el Ejecutivo y responde a un "concepto conservador" que pone ¨¦nfasis en la persecuci¨®n de la peque?a delincuencia, "mientras encubre la benevolencia y la complicidad del Gobierno" con los grandes delincuentes. El presidente de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y diputado en el Congreso, Joan Saura, acus¨® ayer al Gobierno de "proteger a los poderosos frente a los d¨¦biles" al elevar el l¨ªmite a partir del cual Hacienda podr¨¢ acusar a un contribuyente de delito fiscal.