Pensiones de v¨ªa estrecha

El Gobierno ha impuesto su deseo, defendido con extra?a terquedad por el presidente Aznar, de impedir a las comunidades aut¨®nomas que complementen las prestaciones asistenciales a los pensionistas con ayudas procedentes de sus presupuestos. El anteproyecto de la ley de Medidas Espec¨ªficas en materia de Seguridad Social, aprobado el viernes, establece que cualquier prestaci¨®n p¨²blica que complemente las prestaciones contributivas y no contributivas pertenece al sistema de la Seguridad Social y, por lo tanto, es competencia exclusiva del Gobierno central.

Cuando se apruebe la ley, los gobiernos aut¨®nomos ya no podr¨¢n pagar ayudas espor¨¢dicas o complementarias a los pensionistas que perciban pensiones asistenciales, como las planteadas en Andaluc¨ªa, La Rioja o Catalu?a, en este ¨²ltimo caso complementarias de prestaciones por viudedad, que forman parte del sistema de pensiones retributivas. Aunque, a tenor de las explicaciones confusas dadas por el ministro Zaplana sobre el alcance del anteproyecto de ley parece que bastar¨ªa con cambiar el nombre de esa ayuda, evitando asociarlo al concepto de pensi¨®n, para que las comunidades aut¨®nomas pudieran seguir prest¨¢ndola sin problemas.

Una reflexi¨®n inmediata e inevitable es el alcance pol¨ªtico de esta exclusiva de las ayudas discrecionales que se reserva el Gobierno. Por ley se impide a las comunidades aut¨®nomas, algunas controladas por partidos pol¨ªticos competidores del PP, que pujen en el mercado electoral con ofertas de ayudas sociales que puedan acrecentar su clientela, como no se priva de hacer el Gobierno, incluso con costosas campa?as publicitarias que disfrazan de generosas pagas extra a los pensionistas, sus errores de bulto sobre la inflaci¨®n. Al margen de este ventajismo evidente, la cuesti¨®n de fondo es que el Gobierno se declara ¨²nico int¨¦rprete posible de los principios de igualdad y solidaridad que constituyen el fundamento de la Seguridad Social. Seg¨²n esta interpretaci¨®n, hay que prohibir los complementos sociales auton¨®micos para evitar discriminaciones "por el solo hecho de residir en diferentes comunidades aut¨®nomas".

Pero esta lectura de la igualdad llevar¨ªa, por reducci¨®n al absurdo, a impedir que las comunidades aut¨®nomas o los ayuntamientos construyesen carreteras o escuelas para evitar que los residentes de otras zonas pudiesen sentirse discriminados. El desarrollo de los principios de igualdad y solidaridad debe partir de una red m¨ªnima de protecci¨®n social -garantizada en todo el pa¨ªs por el sistema retributivo de la Seguridad Social- y, a partir de ese m¨ªnimo, permitir un amplio juego a la iniciativa pol¨ªtica. Es imprescindible, claro est¨¢, preservar el principio de caja ¨²nica, aplicable de forma rigurosa a las pensiones contributivas, porque dependen de una recaudaci¨®n com¨²n; pero no se aprecia raz¨®n alguna para que un Gobierno aut¨®nomo, en uso de su responsabilidad pol¨ªtica y siempre que respete los compromisos de d¨¦ficit, no pueda utilizar su capacidad de gesti¨®n decidiendo si asigna m¨¢s recursos a la construcci¨®n de infraestructuras, a los programas de formaci¨®n, al f¨²tbol o a los gastos sociales. No otra cosa dijo el Tribunal Constitucional al avalar las ayudas sociales acordadas por Gobierno andaluz en 1999. Y en el terreno pol¨ªtico, los ciudadanos decidir¨¢n con sus votos si respaldan o no esa distribuci¨®n del gasto p¨²blico.

El Gobierno confunde el principio de igualdad con un unitarismo de v¨ªa estrecha que poca relaci¨®n guarda con los problemas reales de los pensionistas. Las modestas prestaciones propuestas por las autonom¨ªas d¨ªscolas en ning¨²n caso vulneraban el principio de caja ¨²nica, bien porque complementaban pensiones asistenciales, bien por su car¨¢cter de paga ¨²nica. Este reduccionismo que impone el Gobierno llega al absurdo de atajar un problema que no estaba planteado y, lo que es m¨¢s grave, recorta la capacidad de gesti¨®n pol¨ªtica de los recursos p¨²blicos en el ¨¢mbito auton¨®mico. Con leyes de traje ¨²nico no se potencia el Estado de las autonom¨ªas, como marca la Constituci¨®n, ni se mejora el bienestar de nuestros pensionistas.