El juez del 'caso Turismo' exige a un banco los datos que no aport¨®

?D¨®nde acab¨® el dinero de las empresas del caso Turismo? ?sa es la pregunta que pretende responder el juez que investiga las presuntas irregularidades econ¨®micas en el Consorcio de Turismo de Catalu?a, un organismo dependiente de la Generalitat. Por ello, el magistrado ha dictado un auto en el que exige al Banco Atl¨¢ntico que le informe sobre los pagos realizados por una de esas empresas beneficiarias mediante cheques despu¨¦s de que la entidad fianciera negase informaci¨®n a la Guardia Civil.

El juez Francisco Gonz¨¢lez Ma¨ªllo, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 11 de Barcelona, encarg¨® hace m¨¢s de un a?o a la Guardia Civil que indagase en la actividad econ¨®mica de Gestumer, Pasanger, Socesca y Global Business, las principales sociedades beneficiarias de los informes encargados por el Consorcio de Tursimo. Estos informes, seg¨²n revela la investigaci¨®n judicial, eran burdas copias de folletos y de nula utilidad.

El informe de la Guardia Civil fue entregado a finales de noviembre de 2002 y constataba que esas sociedades se nutrieron durante a?os de encargos concedidos por la Generalitat o de pagos extra de otras sociedades u organismos que recib¨ªan ayudas de la Administraci¨®n auton¨®mica. Por ese motivo, el juez lleg¨® incluso a abrir dos causas al margen de este proceso.

Las sociedades beneficiarias est¨¢n vinculadas a militantes de Uni¨® Democr¨¤tica de Catalunya (UDC) como Santiago Vallv¨¦ o V¨ªctor Manuel Lorenzo Acu?a, dos de los 27 imputados en el caso. Entre ellos tambi¨¦n figura Joan Cogul, ex director del Consorcio de Turismo de Catalu?a. La Guardia Civil explicaba que no pod¨ªa determinar el destino de las subvenciones recibidas por esas empresas porque los bancos les negaron informaci¨®n.

El juez insisti¨® entonces en que el Banco Atl¨¢ntico aclarase el pago de unos cheques cargados en una cuenta abierta de Gestumer, una "sociedad pantalla para desviar dinero p¨²blico", seg¨²n el magistrado. El banco respondi¨® el 16 de diciembre con una relaci¨®n de 25 cheques de entre 61.000 y 1.100.000 pesetas abonados entre el 25 de octubre de 1996 y el 20 de enero de 1998, pero precisaba que "sobre dichos movimientos carecemos de los originales, pues han sido truncados por otras entidades de cr¨¦dito o han sido entregados a otros organismos oficiales".

Xavier Rotllan, abogado que ejerce la acusaci¨®n particular en el caso, pidi¨® entonces al juez que reclamase de nuevo a la Guardia Civil que ampl¨ªe su investigaci¨®n para averiguar los titulares de las cuentas y las firmas autorizadas por las que han pasado los cheques. Ese abogado entend¨ªa que recomponer la cadena que han seguido los cheques "no ha de ser excesivamente dif¨ªcil", porque el Banco Atl¨¢ntico ya facilitaba la primera cuenta donde se ingresaron los cheques.

Diez d¨ªas de plazo

El juez ha atendido la petici¨®n del abogado y concede 10 d¨ªas improrrogables al Banco Atl¨¢ntico para que informe de los pagos de los cheques o diga las razones que le impiden hacerlo. El juez advierte al banco, recogiendo tambi¨¦n el razonamiento del abogado Rotllan, que "el t¨¦rmino truncado no justifica ni aclara que no se le responda al requerimiento".

Cuando la Guardia Civil revel¨® que los bancos hab¨ªan negado informaci¨®n (v¨¦ase EL PA?S del pasado 3 de diciembre), el director general del Banco Atl¨¢ntico, Augusto Caro Santa Cruz, remiti¨® una carta a este diario en la que ya explicaba que "por los sistemas de pago en vigor (truncamiento de talones), el banco no conoce la identidad del que lo cobra, que son en este caso una minor¨ªa y por otra parte los de menos importe".