Seguimiento del Pacto

Populares y socialistas tuvieron inter¨¦s en presentar la reuni¨®n ayer de la comisi¨®n de seguimiento del Pacto Antiterrorista -formalmente convocada para ratificar el acuerdo sobre la reforma penal- como una reafirmaci¨®n de la unidad de los dos partidos frente a la amenaza de ETA, tras el atentado del d¨ªa 8 en Andoain. La voluntad de acuerdo se manifest¨® en la identidad de criterios sobre la conveniencia de reforzar las medidas de seguridad de los ediles y sedes de los partidos, e incluso en la voluntad de evitar pol¨¦micas como la reciente sobre la conveniencia o no de presentar listas conjuntas en Euskadi.

Los partidos aprecian que se ponga de relieve la desigualdad de condiciones con que concurren los partidos constitucionalistas, cuyos candidatos son objeto de acoso por parte del radicalismo proetarra. Sin embargo, PP y PSOE ratificaron su intenci¨®n de presentar listas propias en todos los municipios, aunque en algunos tengan que completarlas con afiliados de otras comunidades (lo que, por otra parte, acent¨²a esa desigualdad). La renuncia a participar trasmitir¨ªa un mensaje derrotista: que ETA ha logrado eliminar de la competici¨®n pol¨ªtica a los no nacionalistas.

La presentaci¨®n de listas conjuntas tampoco es una respuesta adecuada a la coacci¨®n existente, ya que limitar¨ªa a¨²n m¨¢s las opciones de los electores. Plantear esa posibilidad en p¨²blico, sin consulta previa al otro partido, fue un error de Mayor Oreja, aunque se tratara, como ha dicho, de una propuesta abierta de colaboraci¨®n, no necesariamente de listas conjuntas. Es evidente que no hay una alternativa al nacionalismo gobernante s¨®lo desde el PP o el PSOE, por razones sociol¨®gicas, adem¨¢s de electorales. Pero ello habr¨ªa de manifestarse, en su caso, en alianzas poselectorales, no en coaliciones previas.

La comisi¨®n constat¨® la efectividad de algunas de las medidas salidas del consenso antiterrorista, en relaci¨®n sobre todo a la violencia callejera: frente a los 415 actos de ese tipo contabilizados en 2001, el a?o pasado fueron 193, de los que menos de una decena en el ¨²ltimo trimestre. Nadie duda de la incidencia en ese retroceso del endurecimiento de la normativa (incluyendo la responsabilidadad civil de los padres) y de la mayor eficacia policial, ahora tambi¨¦n de la Ertzaintza; pero tambi¨¦n ha influido probablemente la situaci¨®n creada por la suspensi¨®n cautelar de Batasuna y la perspectiva de su ilegalizaci¨®n.

Mucho m¨¢s discutible es la eficacia de las reformas en materia penal y penitenciaria. Las modificaciones que ha conseguido introducir el PSOE en el proyecto inicial del PP apenas corrigen el desenfoque con que se plantearon. Que el periodo m¨ªnimo para acceder a beneficios penitenciarios sea de 32 o de 35 a?os, en lugar de los 40 que quer¨ªa el PP, no resuelve el problema que supone eliminar en la pr¨¢ctica la posibilidad de reinserci¨®n de los condenados por terrorismo. Y hay serias dudas de legalidad sobre el apa?o de separar la pena de su ejecuci¨®n, a fin de aplicar la ley de manera retroactiva a los nuevos y m¨¢s duros requisitos de reinserci¨®n.