Choque de legitimidades

Despu¨¦s de las inmensas manifestaciones contra la guerra en Irak, y una vez conocido el contenido de las encuestas, la cuesti¨®n sobre la "legitimidad" de la pol¨ªtica del Gobierno ha pasado al centro de la atenci¨®n p¨²blica. Desde los inicios de la transici¨®n no se recuerda, en efecto, un divorcio tan extremo entre opini¨®n p¨²blica y liderazgo pol¨ªtico sobre una cuesti¨®n de tanta trascendencia. No es posible olvidar que el alineamiento sin fisuras con la posici¨®n de Bush fuera y dentro de la ONU tiene la virtualidad de vincularnos a todos como naci¨®n y afecta a algo tan decisivo como es nuestro papel en la misma construcci¨®n de Europa. Es m¨¢s, quiebra el modelo de Europa con el que est¨¢bamos comprometidos. En una democracia normal, todos estos pasos, que suponen sin duda una flagrante ruptura del tradicional consenso en pol¨ªtica exterior, deber¨ªan ir arropados por el mayor consenso posible entre todas las fuerzas pol¨ªticas y gozar de amplio apoyo popular. Exactamente lo contrario de lo que es el caso.

Tampoco es irrelevante el hecho de que el protagonista directo de esta creciente desafecci¨®n, el presidente Aznar, no habr¨¢ de rendir cuentas despu¨¦s en las pr¨®ximas legislativas. O, en todo caso, lo har¨¢ por persona y partido interpuestos. Desde luego, el ejercicio de eso que llamamos la "funci¨®n de liderazgo" autoriza a quien lo ostenta a separarse del sentir mayoritario cuando sus convicciones o su an¨¢lisis de un determinado problema pol¨ªtico as¨ª se lo impongan. Pero, en todo caso, estar¨¢ obligado despu¨¦s a sujetarse al juicio y dictado definitivos de la ciudadan¨ªa. Este particular ejercicio de liderazgo de Aznar recuerda al de los presidentes de EE UU que se hallan al final de su segundo mandato: puede permitirse el lujo de actuar prescindiendo ol¨ªmpicamente del sentir popular.

Con todo, el presidente del Gobierno llevaba raz¨®n cuando afirm¨® la semana pasada en las Cortes que posee la "legitimidad de las urnas". Pero se equivocaba cuando sosten¨ªa que ¨¦sta es la ¨²nica posible en una democracia representativa. O, lo que es lo mismo, un Gobierno leg¨ªtimo s¨ª puede deslegitimarse. Una cosa es la legitimidad y otra distinta es la legitimaci¨®n. La primera se refiere a la "validez legal" de las actuaciones pol¨ªticas y a la congruencia de todo ese conjunto de reglas que sostienen la legalidad democr¨¢tica con los valores sostenidos por la ciudadan¨ªa. La legitimaci¨®n, por su parte, tiene que ver con el apoyo que, de hecho, es capaz de alcanzar un sistema pol¨ªtico o determinadas decisiones pol¨ªticas. Nadie pone en cuesti¨®n que estamos ante un Gobierno leg¨ªtimo y que sus actuaciones, por muy extravagantes que puedan ser, no son ileg¨ªtimas. Para que as¨ª fuera deber¨ªa haber habido alguna ruptura de las reglas, de las normas que regulan el ejercicio del poder, cosa que no se ha producido. Como tampoco ha habido una deslegitimaci¨®n del marco normativo b¨¢sico que sostiene el sistema pol¨ªtico como un todo. La deslegitimaci¨®n afecta aqu¨ª a sus decisiones sobre la crisis de Irak y puede objetivarse, como dec¨ªamos al principio, tanto por la trascendencia del tema como por la dimensi¨®n de las manifestaciones y los resultados de las encuestas. No hay que olvidar que estas ¨²ltimas tienen la gran virtud de permitirnos acceder a la opini¨®n de quienes, por las razones que sean, no se movilizan pol¨ªticamente. Aunque, como bien se?ala Pippa Norris, la gran experta mundial en este tipo de cuestiones, el activismo pol¨ªtico ha salido hoy ya en la mayor¨ªa de los pa¨ªses democr¨¢ticos fuera de los canales tradicionales de los que se ven¨ªa valiendo (a trav¨¦s de asociaciones, sindicatos, partidos) y est¨¢ todav¨ªa a la espera de encontrar un cauce m¨¢s eficaz para relacionarse con el n¨²cleo del sistema pol¨ªtico.

Es evidente que Aznar cuenta con una re-legitimaci¨®n de sus actuaciones al haber anticipado una guerra r¨¢pida, relativamente incruenta, y con el premio de una potenciaci¨®n de nuestro papel internacional. Est¨¢ por ver si es as¨ª. De lo que no me cabe ninguna duda es de que, al final, ser¨¢n los ciudadanos quienes tengan que recomponer este sorprendente "choque de legitimidades".