El juez mantiene en prisi¨®n a tres 'okupas' a quienes la Audiencia Nacional descarta procesar por terrorismo

El titular del Juzgado n¨²mero dos de Valencia mantiene en prisi¨®n a tres de los cuatro okupas acusados de da?os, lesiones, asociaci¨®n il¨ªcita y apolog¨ªa del terrorismo a pesar de que la Audiencia Nacional ha decidido devolverle el caso porque no ha encontrado pruebas por las que se les pueda acusar de delitos terroristas. El magistrado afirm¨® ayer que todav¨ªa no conoc¨ªa la decisi¨®n, que la documentaci¨®n no ha llegado y que cuando la reciba estudiar¨¢ recurrirla ante el Tribunal Supremo. Seg¨²n asegur¨®: "En ocho ocasiones en las que se ha planteado un conflicto similar entre este juzgado y la Audiencia Nacional, he recurrido al Supremo y en seis de ellas me ha dado la raz¨®n".

Para el magistrado, la decisi¨®n de la Audiencia encierra una contradicci¨®n, ya que no ha decretado la libertad de los tres que permanecen en prisi¨®n. Asegura que no le compete a ¨¦l valorarlo hasta que no tenga en su poder, por escrito, la documentaci¨®n. La defensa de los tres j¨®venes que permanecen en prisi¨®n desde que fueron detenidos el pasado 15 de octubre como supuestos autores de los destrozos de tres inmobiliarias de Valencia y de lesiones a uno de los propietarios -en los registros domiciliarios se encontr¨® documentaci¨®n, antigua, residual y anecd¨®tica, seg¨²n los familiares, que se calific¨® de apolog¨ªa del terrorismo y que evidenciaba, seg¨²n el magistrado, que formaban parte de una organizaci¨®n il¨ªcita-, anunci¨® ayer que solicitar¨¢ al juez de Valencia la inmediata puesta en libertad. "Lo haremos en virtud, tal como ya quedamos con ¨¦l, de que han cambiado las circunstancias del procedimiento. Si no existen pruebas, no se puede estimar que pueden ser condenados a m¨¢s de 10 a?os, lo que sirvi¨® al juez para decretar prisi¨®n preventiva. Por tanto, deben ser inmediatamente puestos en libertad". Los padres de los encarcelados reiteraron ayer su repulsa a lo que consideran un abuso y un atropello de las autoridades policiales y judiciales.