Los m¨¦dicos que se oponen a Osabide argumentan que rompe la confidencialidad

Los dos m¨¦dicos a los que Osakidetza ha inhabilitado por dos a?os por negarse a centralizar las historias cl¨ªnicas en una gran base de datos com¨²n para toda Euskadi aseguran que ese sistema, conocido como Osabide, rompe con la confidencialidad que un profesional debe mantener hacia lo que le cuenta su paciente. Seg¨²n ?ngel Ruiz, uno de los sancionados, el hecho de que informaci¨®n sobre problemas de salud mental, laboral o sexual que los ciudadanos cuentan a su m¨¦dico de cabecera figure en esa base de datos central puede perjudicar seriamente a los pacientes.

El doctor Ruiz explic¨® ayer durante una rueda de prensa que la informaci¨®n m¨¦dica es "muy sensible" y concentrarla representa un peligro, dado el atractivo que suscitan las historias cl¨ªnicas en diferentes ¨¢mbitos. Compa?¨ªas de seguros, la industria farmac¨¦utica, bancos o empresas son quienes m¨¢s inter¨¦s pueden tener en ellas. Ruiz puso un ejemplo del riesgo: "Si una empresa se entera secretamente de que uno de sus trabajadores tiene un problema de salud puede optar por rescindir su contrato, si se trata de un empleado temporal, con cualquier tipo de excusa".

Ruiz reconoci¨® que Osakidetza es una empresa y como tal puede introducir el sistema de gesti¨®n que considere oportuno, pero puntualiz¨® que por encima de todo est¨¢ el derecho de los pacientes a saber lo que se hace con sus datos y dar su permiso para que se introduzcan en una base com¨²n y salgan de su centro de salud. "La directiva europea de Tratamiento de Datos indica que es necesario el consentimiento. Lo ¨²nico que hice fue informar a los pacientes de lo que ocurr¨ªa cuando Osabide se implant¨® en el centro donde trabajo", se?al¨®.

Preservar el secreto

Comisiones Obreras se encarga de la defensa de Ruiz y de Paz P¨¦rez Gortari, la otra doctora suspendida. Ambos dejaron de trabajar en el centro de salud de Sansomendi, en Vitoria, el pasado mi¨¦rcoles, d¨ªa en que comenz¨® de manera efectiva la suspensi¨®n. El abogado de CC OO que se encarga del caso, Santiago Bustos, resalt¨® que Osabide resquebraja el derecho que tiene el paciente a mantener una relaci¨®n de confidencialidad con su m¨¦dico, a que se preserve su secreto. "Los doctores Ruiz y P¨¦rez se han limitado a ejercer su derecho a la libertad de expresi¨®n", asegur¨®.

Ruiz y P¨¦rez recordaron que, en un primer momento, mostraron su disconformidad a trav¨¦s de cauces internos y despu¨¦s optaron por colocar un cartel en las salas de espera de sus consultas, advirtiendo de la situaci¨®n a los pacientes y trabajando con el sistema anterior a Osabide, el OMI-AP. Seg¨²n Osakidetza, esta actitud gener¨® "alarma social" y perjudic¨® a los pacientes y al resto de profesionales, por lo que sancion¨® con dos faltas graves a ambos m¨¦dicos. Esta pena se ha traducido en la suspensi¨®n por dos a?os de empleo y sueldo a cada uno de ellos.

El secretario general de la Federaci¨®n de Sanidad de CCOO, I?aki Men¨¦ndez, anunci¨® que el sindicato realizar¨¢ una campa?a a nivel de la comunidad y otra a nivel nacional en contra de la centralizaci¨®n de los historiales cl¨ªnicos, para "alertar sobre el peligro del sistema".

En la rueda de prensa tambi¨¦n comparecieron las portavoces de la Asociaci¨®n Ciudadana de Defensa de la Salud (Acidesa), que abandera las protestas en la calle contra el programa Osabide. Merche Chabarri critic¨® que Osakidetza suspendiera a los dos m¨¦dicos por limitarse a informar a sus pacientes. "La informaci¨®n que les hemos ido confiando [a los m¨¦dicos], ampar¨¢ndonos en eso tan sagrado como es el secreto profesional, estaba siendo movida de nuestro centro de salud sin nuestro conocimiento ni consentimiento", se quej¨®. "Son muchos los problemas que hemos confiado a nuestros m¨¦dicos, tanto f¨ªsicos como dolencias del alma, con la confianza de que no saldr¨ªan nunca del centro de salud", a?adi¨®.

Los m¨¦dicos sancionados han presentado un recurso de alzada contra Osakidetza, que dispone de tres meses para ratificarla o dar marcha atr¨¢s. En el caso de que la confirme, acudir¨¢n a la v¨ªa contencioso-administrativa para que los tribunales se pronuncien sobre el fondo de la cuesti¨®n: si hay que pedir permiso a los pacientes o no.