El genocidio, s¨®lo para espa?oles

No podemos erigirnos en justicieros universales ni volver a los tiempos el Imperio para juzgar el genocidio maya en Guatemala", dice uno de los ocho magistrados del Tribunal Supremo que han alumbrado la nueva doctrina espa?ola sobre el delito de genocidio, que restringe el principio de jurisdicci¨®n universal a los casos en que se registren v¨ªctimas espa?olas. Una sentencia tan pol¨¦mica que ha costado nueve meses de deliberaciones y la fractura del alto tribunal en dos mitades casi perfectas. Por una m¨ªnima diferencia de ocho votos a siete, Espa?a ha renunciado en la pr¨¢ctica a ejercer el principio de jurisdicci¨®n universal y se remite al reci¨¦n nacido Tribunal Penal Internacional, que evitar¨¢ a nuestros jueces la tentaci¨®n de perseguir genocidios en remotos lugares del planeta o castigar los cr¨ªmenes de trasnochados dictadores iberoamericanos.

La sentencia sobre el genocidio en Guatemala da formalmente la raz¨®n a la premio Nobel de la Paz Rigoberta Mench¨², pero se la da envuelta en un papel mojado

Los siete jueces que han quedado en minor¨ªa son partidarios de ejercer la jurisdicci¨®n universal para evitar la impunidad en un caso de genocidio ¨¦tnico

Filigrana jur¨ªdica

El sector mayoritario de la Sala Penal del Supremo ha tejido una complicada filigrana jur¨ªdica que evitar¨¢ que Espa?a se involucre en nuevos casos Pinochet. La sentencia sobre el genocidio en Guatemala da formalmente la raz¨®n a la premio Nobel de la Paz Rigoberta Mench¨², pero se la da envuelta en un papel mojado que no servir¨¢ ni para investigar el genocidio maya -que era lo que se pretend¨ªa- ni tan siquiera para perseguir con posibilidades de ¨¦xito los asesinatos del secretario de la Embajada espa?ola en Guatemala, Jaime Ruiz del ?rbol, y de cuatro sacerdotes espa?oles v¨ªctimas de las fuerzas militares de aquel pa¨ªs.

Los cr¨ªmenes que se pretend¨ªan investigar pertenecen al conflicto civil que durante 34 a?os -entre 1962 y 1996- cost¨® 150.000 muertos y 45.000 desaparecidos en Guatemala y fueron calificados por Rigoberta Mench¨² y una quincena de acusadores como constitutivos de delitos de genocidio, terrorismo y torturas. El juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco admiti¨® inicialmente una querella dirigida contra el general Efra¨ªn R¨ªos Montt, presidente del Congreso de Guatemala; los generales y ex jefes de Gobierno ?scar Humberto Mej¨ªas y Fernando Romeo Lucas, y otros cinco oficiales del Ej¨¦rcito. Despu¨¦s, la Audiencia Nacional revoc¨® la competencia de la jurisdicci¨®n penal espa?ola para la persecuci¨®n de los hechos. Ahora, el Supremo ha autorizado al juez Ruiz Polanco a investigar s¨®lo los cr¨ªmenes del secretario de la Embajada espa?ola y de cuatro sacerdotes muertos en el conflicto, s¨®lo para el caso de que hubieran sido previamente torturados.

La doctrina prevalente en la sentencia se articula en torno a la premisa de que el Convenio de 1948 para la Prevenci¨®n y Sanci¨®n del Genocidio, al que Espa?a se adhiri¨® en 1968, "no puede interpretarse en el sentido de que signifique la consagraci¨®n de la jurisdicci¨®n universal". Pero el propio Supremo reconoce que, aunque no se establece expresamente la jurisdicci¨®n universal, el Convenio "tampoco la proh¨ªbe".

?C¨®mo interpretar un principio que no est¨¢ consagrado, pero tampoco est¨¢ prohibido? El problema lo suscit¨® el art¨ªculo 23.4 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, en torno al cual se registraron las principales discrepancias de los magistrados. Este art¨ªculo declara la competencia de la jurisdicci¨®n espa?ola sobre hechos cometidos por espa?oles o extranjeros fuera del territorio que, seg¨²n la legislaci¨®n espa?ola, fueran delito, entre otros, de genocidio. El problema eran los otros delitos mencionados en el art¨ªculo 23, como la falsificaci¨®n de moneda extranjera o la prostituci¨®n.

"Todos estuvimos de acuerdo en que la ley del Poder Judicial de 1985 pudiese tener efectos retroactivos para la persecuci¨®n de esos cr¨ªmenes anteriores a su entrada en vigor, pero lo que no quer¨ªamos es que se extendiera el principio de jurisdicci¨®n universal a la persecuci¨®n de delitos como falsificaciones, que se nos podr¨ªan plantear si abr¨ªamos el principio de jurisdicci¨®n universal al genocidio", afirma el mismo magistrado de la mayor¨ªa.

"Punto de conexi¨®n"

As¨ª, el sector mayoritario se apoy¨® en la doctrina de que ning¨²n Estado en particular puede ocuparse unilateralmente de estabilizar el orden, recurriendo al Derecho Penal contra todos y en todo el mundo, si no hay un "punto de conexi¨®n" con el inter¨¦s nacional que legitime extender su jurisdicci¨®n m¨¢s all¨¢ de sus fronteras.

Pero ese "punto de conexi¨®n" entre el inter¨¦s nacional y los hechos relativos al genocidio de la etnia maya no fue apreciado por la mayor¨ªa de la Sala Penal del Supremo, puesto que "no se denuncia, ni se aprecia la comisi¨®n de un delito de genocidio sobre espa?oles".

El alto tribunal revis¨® los tratados suscritos por Espa?a sobre delitos cuya protecci¨®n interesa a la comunidad internacional (genocidio, terrorismo, torturas, delitos contra personas especialmente protegidas...), y concluy¨® que en ninguno de esos tratados se establece de forma expresa la jurisdicci¨®n universal. En consecuencia, declar¨® que los tribunales espa?oles no pueden extender el principio de jurisdicci¨®n universal al delito de genocidio, aunque tendr¨¢ la obligaci¨®n de juzgar a los presuntos culpables cuando se encuentren en territorio espa?ol y no se acceda a su extradici¨®n.

No obstante, el Supremo encontr¨® que la Convenci¨®n contra la Tortura de 1984 permite extender la jurisdicci¨®n espa?ola cuando la v¨ªctima de las torturas sea espa?ola y el Estado espa?ol lo considere apropiado. Aunque el alcance es muy reducido, al menos sirvi¨® para declarar la competencia de la justicia espa?ola para juzgar el asalto a la Embajada de Espa?a el 30 de enero de 1980, que cost¨® la vida a Ruiz del ?rbol, y los asesinatos de los sacerdotes Faustino Villanueva, Jos¨¦ Mar¨ªa Gran, Juan Alonzo y Carlos P¨¦rez Alonzo.

Los siete magistrados que han quedado en minor¨ªa son partidarios de ejercer la jurisdicci¨®n universal para evitar la impunidad en un caso de genocidio ¨¦tnico. Han firmado un voto discrepante en el que sostienen que limitar la jurisdicci¨®n espa?ola a los supuestos en que las v¨ªctimas sean espa?olas "desconoce la naturaleza de este delito como crimen contra la comunidad internacional".

Seg¨²n este sector de jueces, los l¨ªmites a la jurisdicci¨®n universal establecidos por la resoluci¨®n mayoritaria son incompatibles con el tratamiento de este grave crimen contra la Humanidad: "El ejercicio de la jurisdicci¨®n universal, al desterrar la impunidad de los grandes cr¨ªmenes contra la Humanidad como lo es el genocidio, contribuye a la paz y humanizaci¨®n de nuestra civilizaci¨®n", razonan.