Causas de la ilegalizaci¨®n

Ninguna ley puede aplicarse retroactivamente, por lo que ETA y Batasuna pudieron haber evitado la ilegalizaci¨®n de la segunda tras la aprobaci¨®n, el pasado verano, de la nueva Ley de Partidos. Pero la respuesta de la banda fue asesinar a una ni?a y a un jubilado en Santa Pola, y la de su brazo pol¨ªtico, afirmar que no condenar los atentados de ETA era "una se?a de identidad" propia. El mismo silencio sigui¨® a la extensi¨®n por parte de ETA de su amenaza expl¨ªcita a todas las sedes y actos de los partidos rivales del nacionalismo, que fueron declarados "objetivo militar". En esas condiciones, la defensa del derecho de Batasuna a seguir teniendo existencia legal, es decir, a participar en la competencia electoral como un partido m¨¢s, subvencionado con cargo a los impuestos pagados por los ciudadanos, se convirti¨® en una misi¨®n imposible. Ayer, el Tribunal Supremo decidi¨® su ilegalizaci¨®n.

La Constituci¨®n ofrece, frente a posibles extralimitaciones del poder, una especial protecci¨®n a los partidos, pero con la cautela de exigir que "su estructura interna y su funcionamiento habr¨¢n de ser democr¨¢ticos". ?Puede considerarse democr¨¢tica la estructura y funcionamiento de un partido sometido a una organizaci¨®n terrorista? Que Batasuna lo est¨¢ a ETA no s¨®lo lo dice el juez Garz¨®n. El nacionalismo vasco lo reconoce cada vez que insta al brazo pol¨ªtico a emanciparse de ETA. Durante a?os, la propia Batasuna (antes HB) lo admit¨ªa alegremente: "Votar HB es votar ETA". El auto de Garz¨®n est¨¢ lleno de evidencias de la forma como se manifiesta esa tutela de ETA, incluso en torno a decisiones como la participaci¨®n o no en determinados comicios, la inclusi¨®n de presos en las listas o el sentido del voto en los parlamentos.

ETA ha condenado a Batasuna a la ilegalidad. Hay partidos independentistas legales; lo que no parece l¨®gico es que participe en la competici¨®n democr¨¢tica un partido que forma parte de un entramado con un pie en la legalidad y otro fuera de ella. No se trata ya de la utilizaci¨®n de la democracia para combatirla, sino de hacerla imposible. Si uno de los participantes en las elecciones forma parte de un entramado que acosa y elimina f¨ªsicamente a los representantes de los partidos rivales, y considera objetivo militar a todos los asistentes a actos de esos partidos, no puede haber igualdad de condiciones ni, por tanto, democracia. Luego el primer deber de los gobernantes -no una prioridad entre otras, sino una obligaci¨®n previa a cualquier consideraci¨®n- ser¨¢ impedir que contin¨²e esa situaci¨®n.

?se es el fundamento democr¨¢tico de la iniciativa de una Ley de Partidos como la ahora aplicada. Durante 20 a?os, ETA intent¨® desestabilizar la democracia atacando al aparato estatal (militares, jueces, polic¨ªas) con el fin de provocar una negociaci¨®n. Pero desde mediados de los noventa su prioridad ha sido imponer una mayor¨ªa soberanista atacando directamente a quienes se oponen a esa ideolog¨ªa. Desde 1995 ha asesinado a 24 concejales y pol¨ªticos de PP y PSOE, sin que ni una sola vez haya cuestionado Batasuna el derecho de la banda a hacerlo. El abogado de esa formaci¨®n argumenta que no condenar atentados no puede ser causa de ilegalizaci¨®n. Aisladamente, no; pero no es lo mismo que se abstenga de condenar un partido cualquiera que uno que forma parte de una estructura dirigida por ETA. Las demandas del Gobierno y del ministerio p¨²blico solicitando la ilegalizaci¨®n de Batasuna sostienen el segundo supuesto, y todo parece indicar, por el sentido de la sentencia, que el Tribunal Supremo ha encontrado pruebas que lo confirman.