El Gobierno vasco pide a Piqu¨¦ un plan industrial que asegure la continuidad de Babcock Borsig

Josu Jon Imaz, consejero de Industria del Gobierno vasco, pidi¨® ayer en una carta enviada al ministro de Ciencia y Tecnolog¨ªa, Josep Piqu¨¦, una reuni¨®n urgente, preferiblemente en Bilbao, para que el Ejecutivo central "le presente un plan industrial que asegure la continuidad de la empresa Babcock Borsig Espa?a y el mantenimiento del empleo". La empresa tiene una plantilla de 672 trabajadores en la planta de Sestao (Vizcaya).

La solicitud de Imaz responde a las m¨²ltiples peticiones del PP de que el Gobierno vasco intervenga y asuma alguna responsabilidad en el problema de la empresa privatizada, de la que se hizo cargo la alemana Borsig hace a?o y medio. Los alemanes, en suspensi¨®n de pagos desde hace un a?o, quieren salir de la propiedad. La supervisi¨®n de la empresa, en la actualidad sin carga de trabajo, est¨¢ en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Imaz se?al¨® que la postura que ha mantenido el Ejecutivo vasco hasta ahora ha sido "discreta" con respecto al tema Babcock, en espera de que el PP asumiera sus obligaciones como ¨²nico responsable del proceso de privatizaci¨®n de la antigua Babcock & Wilcox. Asimismo, asegur¨® que "el PP tendr¨ªa que haber presentado un plan industrial alternativo y cumplir con los compromisos adquiridos con los trabajadores". Imaz record¨® que el Parlamento vasco ya hace cinco meses que pidi¨® informaci¨®n sobre la situaci¨®n de la empresa y acus¨® al Gobierno central de querer desviar las responsabilidades al Ejecutivo de Vitoria.

La empresa se encuentra a la espera del informe que la consultora alemana Roland Berguer est¨¢ elaborando sobre el futuro de la planta vasca. El informe, encargado por Borsig, ser¨¢ trasladado a la SEPI ma?ana. Los alemanes, en un avance, aseguraron a la sociedad p¨²blica que el futuro pasa por la venta parcial y la salida de 400 de los 672 trabajadores. La SEPI, por su parte, sigue buscando un socio industrial que pueda garantizar las condiciones del plan industrial pactado en la privatizaci¨®n que cost¨® a las arcas p¨²blicas 1.274 millones de euros, incluyendo las p¨¦rdidas de los ¨²ltimos cinco a?os y las aportaciones directas al proceso.