El coste de una buena ley

La ley sobre los juicios r¨¢pidos lleva el mismo camino que la de Responsabilidad Penal del Menor: elogios un¨¢nimes, escaso o simplemente inexistente aporte econ¨®mico desde el Estado y, como consecuencia, la probabilidad de que no se aplique adecuadamente o, al menos, no por igual en todos los partidos judiciales de Espa?a.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en octubre y que, a partir del pr¨®ximo d¨ªa 28, regular¨¢ la aplicaci¨®n de juicios r¨¢pidos para aquellos delitos cuya pena m¨¢xima no supere los cinco a?os, sean de instrucci¨®n sencilla, flagrantes, de hurto o con violencia f¨ªsica necesita de m¨¢s profesionales y dinero para cumplir con el esp¨ªritu con el que fue concebida. Desde la Consejer¨ªa de Justicia se quejan de que van a tener que ara?ar cuatro millones largos de su presupuesto para pagar la ley estatal y que de los 12 jueces solicitados tan s¨®lo van a llegar cinco.

"La nueva deuda hist¨®rica"

La consejera de Justicia, Carmen Hermos¨ªn, aprovech¨® su comparecencia tras el Consejo del Gobierno andaluz el pasado martes para criticar la postura del Gobierno central en esta materia y subrayar que no s¨®lo la ley fue aprobada sin su correspondiente memoria econ¨®mica, sino que el Ministerio a¨²n no ha presentado oferta alguna de cofinanciaci¨®n, tal y como Hermos¨ªn asegura que est¨¢ fijado en el Pacto por la Justicia suscrito esta legislatura por los dos partidos mayoritarios. La consejera no duda en calificar esta situaci¨®n como el nacimiento de "una nueva deuda hist¨®rica".

La Junta es la encargada de facilitar los inmuebles, material inform¨¢tico, de grabaci¨®n para pruebas anticipadas -la v¨ªdeoconferencia se ha descartado ante el vac¨ªo legal que existe a¨²n sobre su aplicaci¨®n y validez legal-, int¨¦rpretes, peritos y transporte de funcionarios e incluso la mensajer¨ªa de pruebas materiales para su an¨¢lisis r¨¢pido en el Instituto de Toxicolog¨ªa de Sevilla y, sobre todo, las guardias. Desde la Consejer¨ªa se lamenta que el Gobierno central no haya elaborado a¨²n una Orden Ministerial en el que se regule la estructura de la guardias.

Una vez que se produzca, la Junta prev¨¦ realizar algunos ajustes (seg¨²n su potestad) por las especificidades de la comunidad como, por ejemplo, la estacionalidad (el volumen de trabajo var¨ªa ostensiblemente seg¨²n la estaci¨®n en muchos partidos judiciales), as¨ª como establecer un r¨¦gimen espec¨ªfico para las zonas costeras y agr¨ªcolas cuya actividad var¨ªa enormemente en momentos puntuales.

El dise?o de las guardias se ha dividido en un principio en varios grupos. En las grandes poblaciones (M¨¢laga y Sevilla) habr¨¢ un juzgado para detenidos de 9.00 horas a 21.00 horas, un juzgado abierto 24 horas para diligencias y otro de expedientes de faltas de 9.00 horas a 19.00 horas a diario. En la segunda categor¨ªa (Granada), habr¨¢ un juzgado de guardia 24 horas para detenidos y diligencias y otro de faltas de 9.00 horas a 19.00 horas.

En los partidos m¨¢s peque?os, un juzgado estar¨¢ de guardia toda una semana y dedicar¨¢ otro d¨ªa a celebrar juicios. El coste de estas guardias, seg¨²n la ¨²ltimas previsiones, se acercar¨¢ a los dos millones de euros anuales. Desde la Consejer¨ªa de Justicia se asegura que ya se han ejecutado las obras necesarias (se ha actuado en 40 de los 85 partidos judiciales de la comunidad) y que todo est¨¢ preparado para que el pr¨®ximo d¨ªa 28 eche a andar la nueva ley con las debidas garant¨ªas.

Hermos¨ªn incluy¨® en sus quejas por la nula contribuci¨®n econ¨®mica del Gobierno la advertencia de que estos cuatro millones de euros deben de salir de un presupuesto dise?ado antes de conocer los gastos que traer¨ªa consigo la ley estatal. As¨ª, es m¨¢s que probable que los fondos aplicados a los juicios r¨¢pidos signifiquen el retraso o incluso la paralizaci¨®n parcial de otros proyectos dise?ados con anterioridad en muchos de los partidos judiciales andaluces.