La ley de Cajas va al pleno sin acuerdo y queda en manos de Batasuna

Los grupos parlamentarios de PP y PSE-EE acusaron hoy al tripartito de actuar con "manifiesta intencionalidad pol¨ªtica" ante los cambios que pretende introducir en la Ley de Cajas de Ahorros de Euskadi y anunciaron que mantendr¨¢n todas sus enmiendas a este texto para su debate en el pleno.

La Comisi¨®n de Econom¨ªa de la C¨¢mara de Vitoria aprob¨® ayer el dictamen del proyecto de modificaci¨®n de esa norma, que ser¨¢ debatido en pleno el 7 de mayo. Los grupos del Gobierno s¨®lo alcanzaron acuerdos en aspectos menores con los del PP y el PSE, pero mantienen sus diferencias en los temas de fondo, en particular sobre la intenci¨®n de PNV, EA e IU de que se celebren elecciones para las asambleas de las cajas en seis meses.

As¨ª, la modificaci¨®n de la ley queda en manos de los diputados de la ilegalizada Batasuna, que ayer no asistieron a la comisi¨®n. Si ¨¦stos optan por no participar tampoco en el debate en pleno, el Gobierno podr¨¢ sacar¨¢ adelante su plantemiento sin ning¨²n problema.

Durante las m¨¢s de tres horas de negociaci¨®n, los grupos no alcanzaron acuerdos en torno a c¨®mo se debe articular la representaci¨®n en las asambleas generales de las cajas, cu¨¢l debe ser el sistema de elecci¨®n de los consejos o la constituci¨®n de una nueva asamblea general seis meses despu¨¦s de entrar en vigor la nueva ley.

Las formaciones que apoyan el Ejecutivo vasco plantean que, en el plazo de seis meses desde la aprobaci¨®n de los estatutos y reglamentos de las cajas de ahorros, se constituya una nueva asamblea general, para lo cual ser¨ªan necesarias unas elecciones, medida rechazada por PP y PSE.

Adem¨¢s, tambi¨¦n persisten diferencias sobre la presencia que deben tener en las asambleas los representantes elegidos en funci¨®n de las sucursales situadas fuera del Pa¨ªs Vasco. El tripartito mantendr¨¢ su intenci¨®n de que las cajas que tengan sucursales fuera de Euskadi atribuyan a cada autonom¨ªa en la que est¨¦n presentes un n¨²mero de consejeros, que ser¨ªa proporcional a su n¨²mero.

Hay divergencias igualmente sobre el reparto de la asamblea. PNV, EA e IU-EB pretenden que, en la asamblea general, las entidades fundadoras (diputaciones y ayuntamientos de las capitales) tengan una representaci¨®n del 20%, los impositores, el 43%, los empleados, el 7%, y las corporaciones municipales en cuyo t¨¦rmino tenga oficina la entidad, un 30%. El PSE defiende que que las entidades fundadoras tengan el 22%, los impositores el 40%, los empleados el 10%, los municipios el 15%, y las Juntas Generales el 14%, propuesta que ha sido rechazada por los grupos del tripartito. El PP tambi¨¦n pide el 22% para los impositores y el 10% para los trabajadores.

Sin vocaci¨®n de acuerdo

Durante el debate del dictamen, V¨ªctor Garc¨ªa (PSE) critic¨® la "nula vocaci¨®n de acuerdo" por parte de los grupos que apoyan el Gobierno y advirti¨® de que el planteamiento del tripartito "es de dudosa constitucionalidad" y de "manifiesta intenci¨®n pol¨ªtica". Garc¨ªa critic¨® que el tripartito no haya aprobado aumentar el n¨²mero de sectores representados en las asambleas generales de las cajas y el "trato discriminatorio" concedido a los impositores en el proyecto del Ejecutivo vasco.

Anton Damborenea (PP) denunci¨® que los acuerdos logrado s "han sido sobre temas muy menores" y se?al¨® que PNV, EA e IU-EB no aceptan aumentar "la representaci¨®n de los trabajadores" de las cajas. Adem¨¢s, critic¨® que estas formaciones "persistan en la obligatoriedad de convocar elecciones no previstas" para renovar la asamblea general.

Mikel Arraibi (PNV) indic¨® que en el texto presentado por el tripartito la representaci¨®n de los trabajadores en la asamblea general pasar¨ªa de un 5% actual hasta un 7% y a?adi¨® que todo el proyecto "est¨¢ basado en las normas generales". Oskar Matute (IU-EB) defendi¨® su constitucionalidad.