La gran industria estima en 1.000 millones anuales el coste del Protocolo de Kioto

Bruselas quiere que los pa¨ªses que emiten menos CO2 vendan sus derechos de emisi¨®n a los que contaminan m¨¢s, con el fin de evitar que estos ¨²ltimos incumplan los objetivos de Kioto. A resultas de este planteamiento, Espa?a tiene muchos deberes por hacer, ya que sus emisiones superan en un 30% el l¨ªmite permitido. El protocolo fij¨® un m¨¢ximo del 15%.

Dentro del mercado de cada Estado miembro, las empresas que contaminen menos podr¨¢n vender derechos de emisi¨®n, cuyo importe ser¨¢ satisfecho por las empresas que sean m¨¢s contaminantes y obligadas a comprar estos derechos.

Este peculiar mercado de emisiones, que empezar¨¢ a funcionar en enero de 2005, se ha interiorizado por parte de la gran industria espa?ola como una amenaza, ya que se ve obligada a comprar derechos de emisi¨®n a unos costes que considera catastr¨®ficos para sus cuentas de resultados (un 20% de su beneficio bruto).

El mercado de CO2 de momento es restrictivo y s¨®lo incluye a cinco sectores: cementero, papelero, industria del vidrio y cer¨¢mica, energ¨¦tico, y sider¨²rgico (acer¨ªas). Estos cinco sectores deber¨¢n adquirir derechos de emisi¨®n equivalentes a 20 toneladas de CO2, que a 50 euros por tonelada significan un coste de 1.000 millones de euros anuales, seg¨²n los datos que manejan agrupaciones sectoriales como Oficement, Confemetal y la Asociaci¨®n Espa?ola de Grandes consumidores de Energ¨ªa (AEGE), que agrupa a las compa?¨ªas m¨¢s intensivas en energ¨ªa.

Sectores "discriminados"

Algunos de los principales grupos industriales afectados, entre los cuales Solvay, Repsol, Ercros, Celsa, Torras, Valenciana de Cementos o Cementos Molins, son exportadores y operan en mercados abiertos, lo que significa que no pueden repercutir los costes por emisiones en sus precios.

Estas empresas se sienten doblemente discriminadas. Por una parte, respecto de los sectores que no quedan incluidos en la directiva, como son los transportes y el equipamiento de edificios. Y por la otra, frente a otros sectores, como el el¨¦ctrico, s¨ª incluido y principal foco de contaminaci¨®n, pero que podr¨¢ repercutir sus costes por emisiones de CO2 en sus precios finales. Es decir, en la tarifa del mercado regulado.

"Bruselas traslada el coste de las emisiones al consumidor energ¨¦tico", afirman medios de Oficement. Esta asociaci¨®n sectorial destaca que la directiva y su calendario de aplicaci¨®n en Espa?a "suponen un riesgo de discriminaci¨®n. No obliga a todos los emisores de gases de efecto invernadero. S¨®lo a cinco sectores".

Seg¨²n el informe Cambio clim¨¢tico y electricidad, de Price Waterhouse Coopers-Enerpress, el sector el¨¦ctrico espa?ol supera de largo la media europea en emisiones de CO2: en 2000, sus emisiones alcanzaron la cifra de 476 kg de CO2 por megavatio-hora, frente a 353 kg de la media UE y a 69 kg de Francia.

El vecino franc¨¦s produce gran parte de su electricidad a base de energ¨ªa nuclear, un tipo de energ¨ªa que resulta limpia desde el punto de vista de los gases responsables del efecto invernadero, mientras Espa?a todav¨ªa utiliza una gran cantidad de t¨¦rmicas convencionales, a base de carb¨®n y fuel, altamente contaminantes.

En el mundo empresarial son muchas las voces que exigen ahora al Gobierno que modifique los criterios de reparto del total de CO2 disponible, ampliando el n¨²mero de sectores afectados y disminuyendo as¨ª el impacto negativo que puede tener la aplicaci¨®n de Kioto para unos cuantos. "Kioto ha puesto sobre la mesa la ausencia de enfoques ya consensuados entre la Administraci¨®n y los sectores afectados", resume Ricardo Fern¨¢ndez, representante de la patronal CEOE en la negociaci¨®n abierta entre las organizaciones empresariales y el Gobierno.

Para el conjunto de Espa?a, el mercado del CO2 puede llegar a alcanzar un coste dif¨ªcil de soportar de 5.000 millones de euros al a?o, pero algunos analistas consideran que esta cifra todav¨ªa es conservadora, y prev¨¦n un coste del cumplimiento de Kioto del 1,5% del PIB anual. Adem¨¢s, las autoridades comunitarias preparan un sistema de sanciones para las empresas que incumplan, con multas que ser¨¢n de 40 euros por tonelada en exceso, en el periodo 2005-2007, y de 100 euros en el periodo 2008-2012.

La Oficina Espa?ola del Cambio Clim¨¢tico, creada hace dos a?os por Medio Ambiente, parte del supuesto de que en Espa?a se aplicar¨¢n importantes medidas de reducci¨®n de emisiones de CO2, hasta el punto de que antes de concluir la d¨¦cada actual la tendencia media de las emisiones puede reducirse a la mitad respecto de los noventa.

Sin embargo, y frente a las previsiones optimistas de la Administraci¨®n, la mayor¨ªa de expertos industriales cree que, de aqu¨ª a 2010, no pueden esperarse mejoras medioambientales respecto a los gases de efecto invernadero porque los cambios tecnol¨®gicos no tendr¨¢n una incidencia significativa en la emisi¨®n de di¨®xido de carbono durante la fabricaci¨®n o el uso de los bienes industriales o de consumo. Es decir, que aunque est¨¦n dispuestas a invertir grandes sumas para mejorar el impacto medioambiental, las empresas implicadas no conseguir¨¢n reducir sus emisiones.

A partir de este escenario de incapacidad tecnol¨®gica, los expertos s¨®lo cuentan, a medio plazo, con los ecosistemas vegetales como captadores complementarios de CO2.