El t¨ªmido plante de los auditores

Los auditores se han plantado ante la nueva tasa que grava sus informes. Unos d¨ªas antes de que acabara el plazo para ingresar el primer pago, las corporaciones que los agrupan anunciaron su intenci¨®n de recurrir la decisi¨®n del Gobierno. Sus asociados, sin embargo, seguir¨¢n pagando, puede que durante a?os, antes de que los tribunales decidan.

Los auditores deben pagar 80 euros por cada informe y 160 euros si han cobrado por el trabajo m¨¢s de 30.000 euros

El recurso ante el Tribunal Supremo tiene como objetivo que la tasa sea declarada anticonstitucional

El primer plazo acababa hoy. Cada firma de auditor¨ªa deb¨ªa hacer recuento de los informes de auditor¨ªa que hab¨ªa realizado durante los tres primeros meses del a?o; calcular cu¨¢ntos le hab¨ªan reportado unos ingresos inferiores a los 30.000 euros y cu¨¢ntos superiores; multiplicar los primeros por 80 euros y los segundos por 160 euros e ingresar la cantidad total en una cuenta a favor del Instituto de Contabilidad y Auditor¨ªa de Cuentas (ICAC), el organismo del Ministerio de Econom¨ªa que supervisa sus trabajos. Lo dec¨ªa la ley financiera, que aprob¨® a finales del a?o pasado la creaci¨®n de esta nueva tasa sobre los informes de auditor¨ªa, y un real decreto publicado en febrero les hab¨ªa explicado los pasos a seguir para su pago.

Los auditores han esperado hasta el ¨²ltimo momento para mostrar algo m¨¢s que su descontento ante esta nueva tasa. En el caso del Instituto de Censores Jurados de Cuentas (ICJC), la corporaci¨®n que agrupa a las cuatro grandes firmas -Deloitte & Touche, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG- y el 80% de la facturaci¨®n del sector, la estrategia ha sido doble: han recurrido ante el Tribunal Supremo y han recomendado a sus asociados -5.589 profesionales y 508 firmas- que inicien los tr¨¢mites para pedir su devoluci¨®n. Las otras dos corporaciones que agrupan a los auditores -economistas y titulados mercantiles- tambi¨¦n han mostrado su intenci¨®n de recurrir la tasa.

Ambos caminos son largos y complicados. Con el recurso ante la sala contencioso-administrativa del Supremo, los auditores persiguen que la tasa sea declarada inconstitucional. Para ello, cuentan con un informe que el ICJC encarg¨® a la Asociaci¨®n Espa?ola de Asesores Fiscales (Aedaf), que concluye que ¨¦sta no financia un servicio p¨²blico, sino que encubre un impuesto y, por tanto, es inconstitucional. Fuentes legales aseguran que pueden pasar a?os antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la cuesti¨®n.

La otra v¨ªa es por ahora s¨®lo administrativa y consiste en que cada auditor individual o cada firma de auditor¨ªa demuestre su disconformidad en el momento de liquidar. Esta solicitud de rectificaci¨®n tiene como objeto que los auditores no pierdan su derecho a la devoluci¨®n.

El rechazo es m¨¢s de principios que econ¨®mico, ya que se trata de cantidades rid¨ªculas sobre el precio total de una auditor¨ªa -la de una gran empresa puede llegar a tres millones de euros, seg¨²n fuentes del sector- que adem¨¢s los auditores podr¨ªan repercutir a sus clientes. Esto tampoco significa que los auditores se nieguen a pagar la tasa. Muchos ya lo han hecho. Ni el Ministerio de Econom¨ªa, ni el ICJC tienen a¨²n datos de la cantidad ingresada por las firmas durante este primer trimestre, uno de los de mayor actividad, ni de los auditores que han decidido mostrar su disconformidad con ella. La tasa tiene como objetivo financiar el control de calidad que el ICAC realiza sobre las firmas y para el cual este organismo tiene previsto ampliar su plantilla. En su d¨ªa, su presidente, Jos¨¦ Luis L¨®pez Combarros, estim¨® que la tasa supondr¨ªa entre 2,5 y 3 millones de euros anuales para el sector. Menos del 1% de su facturaci¨®n.