Venezuela detiene a un etarra y le mantiene arrestado hasta decidir si le extradita
El presunto etarra Luis Mar¨ªa Olalde se entreg¨® el pasado mi¨¦rcoles a la Direcci¨®n de Derechos Fundamentales de la Fiscal¨ªa General de Venezuela, despu¨¦s de que un tribunal de Caracas ordenase su detenci¨®n. Olalde es uno de los siete etarras cuya extradici¨®n ha solicitado el Gobierno espa?ol. El Tribunal Decimocuarto de Control del ?rea Metropolitana de Caracas decidi¨® el pasado jueves que Olalde permanecer¨¢ arrestado en la sede de la polic¨ªa de Estado y no en un centro penitenciario com¨²n, para garantizar m¨¢s su seguridad.
La orden de captura de Olalde fue acordada en mayo de 2002, a solicitud del fiscal primero nacional con competencia en Extranjer¨ªa, David Pal¨ªs. Una medida similar pesa sobre Miguel ?ngel Aldana, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, Jes¨²s Ricardo Urteaga Repulles, Mart¨ªn San Sebasti¨¢n Aguirre, Ram¨®n Sagarzazu Gaztelumendi y Jos¨¦ Lorenzo Ayester¨¢n, quienes no se han presentado ante las autoridades ni han sido localizados por ¨¦stas.
La causa con respecto a Olalde ser¨¢ remitida al Tribunal Supremo, que deber¨¢ convocar una audiencia oral. A ella deber¨¢n presentarse un fiscal del Ministerio P¨²blico, el detenido, su abogado y un representante del Gobierno espa?ol. El Supremo tendr¨¢ luego un plazo de 15 d¨ªas para decidir sobre la extradici¨®n.
Una vez notificada la detenci¨®n de Olalde, el alto Tribunal deber¨¢ enviar un oficio al Gobierno espa?ol para que presente la documentaci¨®n judicial necesaria que fundamente la petici¨®n de extradici¨®n.
Reproches a Ch¨¢vez
La presencia de etarras en suelo venezolano ha sido uno de los asuntos conflictivos de la relaci¨®n entre los gobiernos de Espa?a y Venezuela, especialmente a partir de 1999, cuando asumi¨® el poder el presidente Hugo Ch¨¢vez, a quien la oposici¨®n acusa de proteger a diversos grupos ilegales, entre ellos la guerrilla colombiana y ETA.
Portavoces del Gobierno venezolano han insistido en se?alar que los etarras reclamados por Espa?a se encuentran en el pa¨ªs desde finales de los a?os 80, cuando llegaron amparados por un convenio bilateral. Fuentes pr¨®ximas a estos presuntos terroristas indican que la mayor¨ªa de ellos han formado una familia y se han integrado en la democracia. No obstante, representantes del Gobierno espa?ol y de sectores adversos a ETA han explicado que en los ¨²ltimos a?os han mantenido contactos con militantes de la organizaci¨®n terrorista para reincorporarse a las actividades ilegales.
Recientemente, el presunto etarra Arturo Cubillas denunci¨® ante la Defensor¨ªa del Pueblo que grupos policiales venezolanos le somet¨ªan a seguimiento. Cubillas fue detenido hace tiempo y puesto en libertad poco despu¨¦s ya que no figuraba en la lista de busca y captura entregada por Espa?a.
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