Pol¨¦micos y r¨¢pidos

La desmedida intrumentalizaci¨®n pol¨ªtica por parte del Gobierno de la puesta en marcha de los juicios r¨¢pidos, con exageraciones sobre su alcance y manifiesto disimulo de que son fruto del Pacto sobre la Justicia, rubricado con el PSOE, no basta para descalificar una medida que pretende acabar con la exasperante lentitud de la justicia en aquellos delitos y faltas -al menos el 60% de los asuntos penales que llegan a los tribunales- que m¨¢s inciden en la seguridad de los ciudadanos. Siempre hay que dar la bienvenida a intentos como el actual, que cuando menos servir¨¢n para agitar a un sector de la justicia que vive anclado en pr¨¢cticas que ya eran obsoletas y anticuadas hace muchas d¨¦cadas.

La desgracia de este nuevo ensayo de justicia r¨¢pida es que se ha puesto en marcha en periodo electoral, ¨¦poca en la que no valen pactos ni es de uso el juego limpio. Para muestra, los mensajes oportunistas y enga?osos de los ministros Michavila y Acebes al presentar al alim¨®n los primeros resultados de la reforma. Los juicios r¨¢pidos afectan a las faltas y a los delitos castigados con penas de hasta cinco a?os de c¨¢rcel y no a los graves, que exigen una instrucci¨®n sumarial m¨¢s exhaustiva y a los que corresponden penas mayores. Por eso confunde a los ciudadanos decir que casos como la reciente puesta en libertad de cuatro narcotraficantes tras cumplir cuatro a?os de prisi¨®n preventiva sin haber sido juzgados no podr¨¢n repetirse en el futuro. O asegurar que con la reforma se evitar¨¢ que conflictos derivados de separaciones matrimoniales terminen en hechos tan terribles como el protagonizado recientemente por un padre contra su peque?a hija en la localidad madrile?a de Arroyomolinos.

La implantaci¨®n de la justicia r¨¢pida -juicios en 22 d¨ªas para los delitos y en 72 horas para las faltas- ha estado condicionada por la pol¨¦mica sobre los medios materiales para llevar a buen fin la reforma. Buena parte de la desconfianza que suscita esta pol¨¦mica tiene sus or¨ªgenes en la pol¨ªtica judicial de la primera legislatura del PP, que roza el cero absoluto. Los juicios r¨¢pidos deber¨¢n incidir en la mejora de la seguridad, sobre todo en la medida en que sirven para agilizar la justicia, pero no son en sentido estricto un ingrediente de la pol¨ªtica contra la delincuencia, tal como se propaga desde la demagogia.

No ha sido s¨®lo el fiscal jefe de Madrid quien ha llamado la atenci¨®n sobre el riesgo del fracaso de la reforma. Por eso es injusto e inquisitorial que el ministro Michavila personalice la pol¨¦mica en el fiscal jefe de Madrid con una acusaci¨®n que invita a su castigo. Esta pol¨¦mica y los iniciales fallos de la reforma no deber¨ªan desanimar a quienes la aplicar¨¢n. Se trata de una justa demanda social y de la exigencia constitucional a una justicia sin dilaciones.