?Candidaturas de ETA?

La Fiscal¨ªa y el Gobierno han presentado recurso contra la proclamaci¨®n por las juntas electorales correspondientes de las candidaturas que integran a cientos de candidatos que ya lo fueron por Batasuna. Esa presencia masiva es el principal indicio de continuidad entre esas candidaturas y la formaci¨®n ilegalizada; pero un indicio no hace prueba. Las juntas electorales pod¨ªan haber solicitado datos complementarios (actas de plenos municipales, programas) que a?adieran otros posibles indicios de vinculaci¨®n con el entramado de ETA. Pod¨ªan, pero no era realista esperar que las juntas fueran a asumir de oficio y sin denuncia de otros partidos tal responsabilidad.

Los recursos se han unificado en una impugnaci¨®n com¨²n para m¨¢s de 200 candidaturas locales y provinciales, lo que podr¨ªa plantear alg¨²n problema jur¨ªdico. La presunci¨®n de que se mantiene la vinculaci¨®n con ETA es m¨¢s f¨¢cilmente deducible para la plataforma por la Autodeterminaci¨®n, AuB, en cuya presentaci¨®n estuvieron presentes dirigentes conocidos de Batasuna que en todo momento han evitado cualquier declaraci¨®n o actitud de distanciamiento respecto a ETA. Pero no es seguro que esa presunci¨®n pueda trasladarse sin m¨¢s a las candidaturas locales, a no ser que se evidencie la existencia de un designio de ETA aplicable a todas ellas. Eso es lo que sostiene el auto del juez Garz¨®n sobre Udalbiltza (la asamblea de electos municipales de Batasuna), texto que ha sido incluido en el recurso de la Fiscal¨ªa. Pero mientras la acusaci¨®n no se sustancie en el correspondiente proceso, no puede considerarse probado.

La presencia de antiguos candidatos en las listas no demuestra necesariamente el mantenimiento de la vinculaci¨®n de cada una de ellas con ETA. La l¨®gica de la resoluci¨®n de ilegalizaci¨®n por el Supremo es que existe un sector con doble militancia ETA/Batasuna que dirige todo el conglomerado; eso permite la ilegalizaci¨®n de sus piezas, pero no da por supuesto que todos los miembros o candidatos de Batasuna son de ETA o est¨¢n vinculados a ETA, como simplifican cada vez que hablan los ministros de Interior y de Justicia. Su exceso de entusiasmo, y no digamos las exhortaciones de Aznar a que los jueces act¨²en "con contundencia", est¨¢n dando argumentos a la demagogia nacionalista, que presenta toda iniciativa de la Justicia contra la impunidad del entramado etarra como una operaci¨®n pol¨ªtica antinacionalista.

Esas torpezas gubernamentales no deben, sin embargo, oscurecer la legitimidad del intento de acabar con la anormalidad que supon¨ªa la existencia legal de un partido cuyas decisiones fundamentales ven¨ªan determinadas por una organizaci¨®n terrorista que considera leg¨ªtimo asesinar a los candidatos o electos de los dem¨¢s partidos. Es rid¨ªculo presentar tales iniciativas judiciales como un intento de "crispar a a la sociedad vasca" (Ibarretxe) o de asentar "la doctrina de que ser vasco, y s¨®lo vasco, es delito" (Egibar). Hay partidos independentistas que son legales; lo que no puede haber es un partido independentista que forme parte de una red dirigida por una banda terrorista.

Una vez dado el paso de la ilegalizaci¨®n, ser¨ªa un desastre total que bastase un cambio de nombre para burlar la suspensi¨®n y prolongar la impunidad. Es l¨®gico, por ello, que se apliquen con diligencia las medidas establecidas por la propia ley para evitar el fraude; pero tambi¨¦n ser¨ªa desastroso que un tratamiento expansivo de la prohibici¨®n diera pie a la acusaci¨®n -por ejemplo, ante el Tribunal de Estrasburgo- de que se est¨¢ inhabilitando pol¨ªticamente de por vida a los que un d¨ªa formaron parte de Batasuna. Ello implica, como m¨ªnimo, afinar en cada caso concreto y completar la motivaci¨®n de prohibici¨®n con otros elementos adem¨¢s de la presencia de nombres de ex candidatos.